El municipio de Bariloche contrató con OPS cuando ya estaba en proceso de quiebra
El Tribunal de Contralor avanza en el análisis del expediente más conflictivo que dejó la gestión del exintendente Gennuso.
El alquiler por contratación directa de máquinas de OPS. podría derivar en un juicio de responsabilidad contra funcionarios del municipio en el período 2019/2023. (archivo)
La auditoría que lleva adelante el Tribunal de Contralor sobre la contratación directa por alquiler de máquinas que mantuvo el municipio con OPS durante la gestión de Gustavo Gennuso todavía está en trámite, pero ya surgieron algunas evidencias que confirmarían la irregularidad del vínculo.
Deuda de Bariloche con OPS: irregularidades, sumas indefinidas y búsqueda de responsables
Las primeras máquinas viales de la firma con asiento en Cipolletti llegaron a Bariloche en febrero de 2019, cuando ya tenía abierto un proceso de quiebra en un tribunal porteño, cuando hay legislación local que prohíbe en forma expresa que las firmas en esa condición contraten con la administración pública.
El Tribunal espera todavía el informe técnico de sus auditores y deberá resolver si ese vicio de origen justifica por sí mismo el inicio de un juicio de responsabilidad y la imposición de sanciones a Gennuso y otros funcionarios.
La controvertida relación del municipio con OPS se extendió por más de cuatro años y acumuló una cuantiosa deuda, que el propio exintendente estimó en 7,92 millones de dólares y que quiso dejar consolidada en un acuerdo de pago antes de dejar el cargo, pero el Contralor no lo habilitó.
El municipio llegó a tener 19 vehículos pesados de esa firma (entre motoniveladoras, retroexcavadoras, topadoras y camionetas), afectadas a la prestación de servicios en Bariloche, siempre bajo contratación directa y con pagos periódicos parciales, a la espera de llegar a un acuerdo con los síndicos o que se levantara la quiebra.
La deuda de Bariloche con OPS, lejos de pagarse
El pasivo resultante creció con los años y se transformó en el lastre económico más pesado que hoy recae sobre las cuentas del municipio.
Durante esos casi cinco años Gennuso y sus colaboradores no ocultaron que trataban con una empresa en proceso de quiebra. De hecho -en otra decisión polémica- el municipio contrató a un abogado con el fin específico de seguir ese expediente. Pero hasta ahora no había quedado en evidencia que OPS ya era una empresa «fallida» y estaba intervenida por un juez de quiebra cuando estableció el primer contacto con la municipalidad barilochense.
Según la documentación que evalúa el Contralor, en enero de 2019 OPS efectuó la primera “cotización de servicios”. El 11 de febrero de ese año está fechado el dictamen de asesoría letrada que habilita la contración directa, suscripta finalmente por las partes suscribieron el 25 de febrero. Abarcaba la locación de cinco motoniveladoras por 1.000 horas de trabajo y 2 retroexcavadoras por un total de 400 horas.
Con el correr de los meses ese parque vial se amplió una y otra vez con contratos parciales que muchas veces se consolidaban por resolución en fecha posterior a la llegada de las máquinas. Un dictamen ya emitido el año pasado por el Contralor a pedido de Gennuso (cuando queria dejar documentada la deuda con OPS) señaló que el monto en dólares reclamado “no cuenta con antecedentes administrativos que permitan sustentar válidamente el pago”.
Una quiebra que condicionó todo
Pero antes de analizar esa progresión de contrataciones, los contralores pondrán la lupa en el origen del vínculo entre las partes y allí podría pesar el hecho de que (luego de estar concursada) la firma que en aquel momento era presidida por Mario Cifuentes fue declarada en quiebra en diciembre de 2018, según consta en el expediente judicial 17.126/2016 que tramita en la Cámara Nacional de Apelaciones.
Ese dato entra en colisión con lo establecido en la ordenanza 257/89, cuyo artículo 8 fija las condiciones para cotratar con la administración pública. El inciso C señala puntualmente como impedimento el “haber sido declarado en quiebra o estar en concurso de acreedores o en procedimiento de apremio como deudor de la Hacienda Pública”.
Otro tema que hace ruido en el Contralor es el concepto de “urgencia y necesidad” invocado por Gennuso para eludir las licitaciones y apelar una y otra vez a las contrataciones directas con OPS. La falta de maquinaria propia y la llegada del invierno, con la necesidad esperable de aumentar el despliegue de mantenimiento de calles, son considerados a priori como factores que se pueden prever y que a priori no justificarían el salteo de una a licitación.
La ordenanza de contrataciones señala que se podrá recurrir a la contratación directa “cuando existan razones de verdadera urgencia o casos fortuitos no previsibles y se demuestre que su realización, por cualquiera de los procedimientos licitatorios resienta al servicio o perjudique el erario”.
El dictamen técnico sobre OPS que solicitó el actual intendente Walter Cortés estará listo en 15 días, según calculan los profesionales. Desde ese momento los tres vocales del contralor (uno por el PUL, otro de JSRN y el tercero de Juntos para el Cambio) deberán evaluar y resolver si hubo irregularidades que ameriten un juicio de responsabilidad o una denuncia a la Justicia.
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