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Violencia de género en la Policía de Neuquén: piden al gobierno que intervenga
Firme pronunciamiento de un organismo latinoamericano para que modifiquen la ley orgánica de la Policía, con el objetivo de cambiar el paradigma institucional. "No hace falta justificar el peligro al que son expuestas las mujeres a partir de la conjunción de la violencia de género y la violencia policial", señala.
La Policía es una institución donde no ha ingresado la perspectiva de género. (Gentileza)
La Asociación Pensamiento Penal manifestó su preocupación «social e institucional» ante «los reclamos de justicia expresados por el colectivo de mujeres policías frente a los hechos de violencia de género e institucional cometidos dentro de la Policía de Neuquén, muchos de ellos delitos contra la integridad sexual». Anunció además la presentación de pedidos de informes al Poder Ejecutivo.
«El colectivo ha denunciado hechos delictivos que detentan un patrón sistemático no solo ante la actividad delictual del agresor sexual, sino especialmente, frente a las diversas formas de violencia de género e institucional dentro de la fuerza policial de las que son víctimas invisibilizadas por los poderes del Estado; redundando en una continua revictimización de las denunciantes», añadió la organización.
La violencia de género, el acoso sexual y laboral dentro de la Policía es un tema mayormente invisibilizado, pero cada vez más se realizan denuncias ante el Poder Judicial y en las redes sociales que ayudan a instalar el tema.
La Asociación Pensamiento Penal es una ONG con presencia latinoamericana, con una filial Comahue, y se define como «un espacio para pensar, discutir y proponer acciones concretas sobre la cuestión penal y los derechos humanos».
Violencia de género y violencia policial
En un comunicado que firman Pablo Lumerman y María Dolores Finochietti remarca que «no hace falta justificar el peligro al que son expuestas las mujeres a partir de la conjunción de la violencia de género y la violencia policial».
«Ciertamente los hechos denunciados también nos convocan como sociedad a debatir sobre la criminalidad y el supuesto rol protector que las fuerzas de seguridad desempeñan».
La APP insiste en que «el Estado Provincial neuquino debe investigar-enjuiciar y sancionar las denuncias realizadas a través del Poder Judicial, modificar la ley orgánica y el estatuto policial a través del Poder Legislativo, y apartar a los agentes que hayan ejercido o permitido los actos de violencia denunciados desde el Poder Ejecutivo; todo ello a los efectos de erradicar las estructuras que perpetúan la violencia y la impunidad».
Pedidos de informes
Señala a continuación que «hemos presentado los correspondientes pedidos de informes a la secretaría de Seguridad, a la Jefatura de Policía y División de Asuntos Internos; a la Ministra de Género y de la Diversidad; y al Ministerio Publico Fiscal».
Además «hemos presentado un proyecto de resolución a los fines que los diputados y diputadas soliciten la información sobre el abordaje e investigación interna dentro de la estructura policial, como también observen la necesidad imperante de modificar la Ley Orgánica para la Policía Provincial N° 2081 y la Ley del Personal Policial N° 715″.
La organización recuerda que «nuestro país, y nuestra provincia en particular, se encuentran obligadas por la normativa específica en la materia, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer o Convención Belem do Para de la OEA; además en el ámbito nacional la ley 26485, y en la provincia la ley 2786 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales».
«La ratificación y sanción de dichas convenciones y leyes le impone al Estado el deber de crear e implementar políticas públicas dirigidas a eliminar toda manifestación de discriminación y violencia hacia la mujer; y al más estricto cumplimiento de la obligación reforzada de investigar – enjuiciar, sancionar y reparar integralmente todo hecho de violencia basado en el género».
Para el caso, «no solo el Estado provincial se encuentra obligado a investigar todo hecho que la ciudadanía denuncie, sino que además en los casos de delitos que configuren violencia contra la mujer, existe un ‘reforzamiento’ de tales obligaciones; debiendo destacarse que se observa en los casos expuestos elementos constitutivos de violencia de género y violencia institucional», señala la APP.
Cambio de paradigma institucional
Los hechos denunciados «deben extraerse del confinamiento de la vida privada interna policial y comenzar a comprenderlo como una consecuencia política y social que debe ser abordada como tal desde un cambio de paradigma institucional, y la debida investigación de los hechos denunciados tanto de los autores como quienes permitieron desde la estructura policial que tales hechos continuaran sucediendo».
«Una primera conclusión implica reconocer que el Estado debe asumir la responsabilidad y actuar en consecuencia tanto en materia de violencia de género como en la violencia policial e institucional», concluye.
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