Villa Mascardi: 300 organizaciones piden explicaciones a Nación por el comando unificado

Piden una instancia de diálogo para buscar una solución al conflicto. Calificaron de desmedida las fuerzas de seguridad desplegada.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), junto a unas 300 organizaciones adherentes, entre las que se encuentran la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y otras, remitió una nota a varios integrantes del gabinete nacional para pedir explicaciones por el comando conjunto de fuerzas de seguridad instalado en Villa Mascardi, que califican de desmedido, y piden “soluciones dialogadas”.

La nota fue enviada a los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández y de Justicia, Martín Soria, al jefe de Gabinete, Juan Manzur, a la titular del Instituto Nacional Indígena, Analía Noriega, y al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Conti, entre otros.

La misiva expresan la “preocupación por el despliegue inusitado de fuerzas federales” en Villa Mascardi, tras el deslaojo ordenado por la jueza Silvina Domínguez el martes pasado, en la misma línea de lo planteado días atrás por el Parlamento Mapuche de Río Negro que cuestionó en duros términos el accionar del Gobierno nacional y denunció la gravedad asimilándolo a delitos de lesa humanidad.

Piden a los ministros que “expliquen las razones y objetivos del despliegue de fuerzas federales fuertemente armadas en la zona de Mascardi” y solicitaron que “se retome de manera urgente el camino del diálogo para buscar soluciones a este y otros reclamos del pueblo mapuche”.

Para las organizaciones firmantes, que hoy ofrecerán una conferencia de prensa en Buenos Aires, el comando de fuerzas de seguridad “excede las tareas típicas de prevención” y señalaron que constataron que “hay una cantidad exagerada de funcionarios policiales, que portan armas de fuego y hacen uso de drones y helicópteros”.

Respecto al comando unificado afirmaron que “en los hechos esa propuesta pareciera estar basada en estereotipos de identidad cultural y étnicos, ya que se dirige exclusivamente a controlar y perseguir a las comunidades mapuches”.

Plantearon que el Ministerio de Seguridad debe explicar en qué consisten esas tareas de prevención, “cuál es la hipótesis que justifica la presencia de tal cantidad de funcionarios fuertemente armados, a qué responden los controles vehiculares” y también si el organismo que conduce Aníbal Fernández ordenó tareas de rastrillaje y cuál es su objetivo.

Las organizaciones se hicieron eco además de cuestionamientos de referentes mapuches de Río Negro que denuncian la falta de diálogo con las autoridades nacionales y provinciales.

“Solicitamos se arbitren las condiciones necesarias para realizar un proceso de diálogo, que busque alternativas a la forma de intervención que se ha realizado hasta la fecha, en particular durante la semana del 3 de octubre hasta el día de la fecha”, indicaron en el texto en el que reclaman el “cese este modo de intervención militarizada”.

También pidieron que se convoque en el menor tiempo posible a una reunión con organismos de derechos humanos y con referentes de las comunidades mapuche de Río Negro.


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