Walter Cortés defendió el polémico acuerdo que debe pagar el municipio y culpó a Gennuso

El intendente Walter Cortés respaldó las actuaciones de la asesora letrada del municipio de Bariloche, Yanina Sánchez, en el polémico acuerdo extrajudicial por el cual la comuna deberá pagar 900.000 dólares a una empresa por una estación de servicio de la avenida Bustillo a la altura del kilómetro 12 que no se habilitó en la gestión anterior y responsabilizó de la situación legal a la gestión de Gustavo Gennuso.

La asesora letrada exhibió a la prensa un fallo de la Cámara de Apelaciones de Bariloche fechado el 9 de noviembre de 2023 «diciendo que el estado municipal había actuado mal con la resolución, que no firma esta gestión, le había rechazado todos los recursos de la empresa que se habían presentado porque se le había negado la renovación de una habilitación sin causa», afirmó Sánchez al referirse a la demanda de la firma Navtour S.A iniciada en 2021 por daños y perjuicios (*).

Según explicó Sánchez, al ingresar a la gestión el 8 de diciembre de 2023, obtuvo una carpeta con documentación referida al estado de situación de todas las causas judiciales del municipio, que dejó firmada la exjefa de Gabinete, Marcela González Abdala, en la que se notificaba que ese caso tenía sentencia fechada en octubre. No se indicaba la posibilidad de apelación.

La abogada municipal detalló que cuando se presentaron en el expediente el 18 de diciembre se anoticiaron que “los plazos estaban vencidos” y la fecha de sentencia no era la informada sino que era del 9 de noviembre. «No es responsabilidad de esta gestión», insistió y explicó que si bien la gestión anterior apeló, no fundamentó a tiempo y consecuentemente la justicia dejó firme su sentencia.

Sánchez indicó que la empresa demandaba 2,5 millones de dólares y la Cámara de Apelaciones «ya le había dado la razón a la empresa» (aunque no indicaba el pago de lo exigido), por eso se evalúa el «menor perjuicio» para el municipio en la Comisión de Transacciones ante el riesgo de llegar a una sentencia desfavorable. La sentencia no resuelve expresamente el pago de ese monto sino que ordena continuar el procedimiento administrativo, según supo posteriormente a la conferencia este diario.

“Son grandes actores, el inicio del juicio lo hizo Gennuso”, enfatizó Cortés ante la prensa, en una conferencia sorpresiva convocada esta tarde, y manifestó su malestar por cuestionamientos públicos de González Abdala (actual legisladora de JSRN y exjefa de Gabinete municipal).

Ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, la abogada municipal puntualizó que obtuvo el informe de situación del expediente una vez que asumió a la gestión y ya con los plazos vencidos. “La justicia dijo que la municipalidad había actuado mal (al no renovar la habilitación) y todo se tramitó en la gestión anterior”, remarcó Sánchez.

Dijo que en una evaluación del caso y “para evitar un costo mayor al erario público municipal con un juicio” se decidió en la Comisión de Transacciones (que integra el intendente, junto al presidente del Concejo, Gerardo Del Río, y el vocal del Tribunal de Contralor, Estanislao Cazaux) avanzar con un acuerdo extrajudicial por menos de la mitad del monto demandado en la sentencia.

Indicó que los honorarios del abogado Luciano Stella, fijados en 90.000 dólares, tienen que ver con el porcentaje de ley que define la justicia por el valor del acuerdo alcanzado. Sánchez descartó la intervención en el caso del vocal del Contralor Damián Vila, quien es socio del abogado de parte.

Este acuerdo extrajudicial que trascendió la semana pasada fue motivo de debate en el Concejo Municipal donde ediles opositores plantearon la revisión de ese acuerdo y cuestionaron la decisión inconsulta de Del Río, como representante del cuerpo. Hasta el momento no se conocía la sentencia judicial firme de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche.

Cortés en la conferencia de prensa remarcó que los juicios que tiene el municipio son heredados e instruyó a la asesora letrada a elaborar un listado e informe de cada demanda para dar a conocer a la sociedad.

(*) NdR: Esta nota fue modificada a las 17:57. Inicialmente se indicaba que la sentencia de la Cámara de Apelaciones ordenaba el pago de 2,6 millones de dólares, sin embargo al obtener el fallo posterior a la publicación se advirtió un error. La sentencia señala: «Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, dejar sin efecto las Disposiciones 144-DIG-2018 y 192-DIG-2018, como así también la Resolución 2612-I-2019, y ordenar la continuación del procedimiento administrativo instrumentado en el expediente 20560/05 en el estado en que se encontraba antes de esos actos y sin que esto implique juicio alguno sobre su objeto«.