El municipio de Bariloche acordó pago millonario a una estación de servicio fallida y hay polémica

Una empresa que buscaba instalar una estación de servicios y había iniciado una demanda por daños y perjuicios contra el municipio luego de topar con sucesivas negativas a renovar su habilitación comercial, se benefició con un acuerdo extrajudicial que le asegura un pago de 900 mil dólares, según lo resuelto por la Comisión de Transacciones.

Lee También

El pase de esquí en Catedral: anuncios, entredichos y mucha confusión

Ese organismo tripartito está integrado por el intendente Walter Cortés y por los titulares del Concejo Municipal y del Tribunal de Contralor (Gerardo del Río y Estanislao Cazaux), quienes resolvieron por unanimidad validar el pago a la empresa Navtour SA, además de un honorario de 90 mil dólares en favor del abogado de parte Luciano Stella.

El dictamen generó fuerte revuelo en el Concejo Municipal, donde varios bloques de oposición decidieron plantear un recurso de “reconsideración” para frenar los pagos.

La concejal Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) tomó la iniciativa para pedir la revisión del acuerdo a por considerarlo “ilegal e ilegítimo”. A su entender, “el principio de oportunidad y conveniencia” invocado por Transacciones “está siendo claramente abusado”, ya que solo había una demanda en curso de la empresa Navtour y no existe sentencia firme en contra del municipio.

Wallace dijo que solo hay un fallo contencioso administrativo que le da la razón a la empresa en su impugnación a las disposiciones municipales, que desde 2018 en adelante le denegaron la habilitación comercial para emplazar la estación de servicio en el kilómetro 12 de la avenida Bustillo.

Pero con ese dato en su favor la firma debía iniciar una reclamo por daños y perjuicios, que hasta ahora no prosperó. Aun así, el municipio decidió anticiparse y acordó un pago de casi un millón de dólares, con el presunto argumento de que la posible sentencia en contra sería por un monto superior. La demanda de la empresa era por un monto total de 2.635.000 dólares.

Antecedente similar

Hace casi dos años el exintendente Gustavo Gennuso promovió un acuerdo de pago en términos parecidos por el cual el municipio se obligaba a desembolsar casi 8 millones de dólares en favor de la empresa OPS. Pero no consiguió pasar el filtro de la Comisión de Transacciones, donde se opuso la entonces presidente del Concejo (y socia politica de Gennuso), Natalia Almonacid.

Aquella vez también estuvo Cazaux en Transacciones, y votó en contra. Consultado sobre el tema el titular del Contralor dijo que los casos «son distintos», pero si es necesario reconsiderar la decisión «se va a reconsiderar».

A diferencia de OPS, esta vez la empresa demandante logró su objetivo. “Hay otros que tienen juicios ganados con el municipio y no consiguen este beneficio”, cuestionó el concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo). Opinó que lo ocurrido demuestra que “hay que dar con los gestores correctos”.

Con esto último hizo referencia al vínculo entre el abogado Stella con sus pares Martín Domínguez (apoderado de Cortés) y Daniel Vila (integrante del Tribunal de Contralor), quienes comparten estudio jurídico. Lo mismo fue subrayado por Wallace, quien anotó que los socios de Stella “fueron ofrecidos como testigos” en el litigio, es decir que “hay un grupo corporativo, que de manera paralela está de los dos lados del mostrador”.

Un trámite vidrioso

La concejal Samanta Echenique (Juntos por el Cambio) dijo que la empresa se benefició de la falta de una postura clara del municipio, más allá de las gestiones de gobierno. “Si hubiera existido una transición normal estas cosas no estarían sospechadas”, afirmó. La actual asesora letrada del municipio, Yanina Sánchez, no apeló el fallo contencioso que favoreció a Navtour SA.

Otra concejal, Roxana Ferreyra, también se pronunció por solicitar la revisión de lo decidido y “la suspensión inmediata del pago”, porque el acuerdo a su juicio fue “bochornoso”.

Según la resolución de Cortés, el municipio acordó abonarle a Navtour los 900 mil dólares en ocho pagos mensuales consecutivos. Mientras que los 90 mil dólares para el abogado actuante serían en un solo pago.

Wallace dijo que “probablemente esto último ya se abonó”. Dijo que si prospera la reconsideración, la suma “deberá ser devuelta”.

La concejal se quejó además de que la participación de Gerardo del Rio en Transacciones, en representación del Deliberante, no tuvo la transparencia esperable. Se quejó de que a pesar de reiterados pedidos, hasta hoy del Río no había aportado el acta de la reunión donde se resolvió el pago, ni los dictámentes de asesoría letrada que lo habrían dado soporte.

“En el Estado uno tiene que ser extremadamente prolijo” dijo Wallace en la reunión de la comisión Legislativa donde se desbrozó el tema. Subrayó que “no había urgencia con este tema, no había juicio iniciado”.

Luego, en diálogo con este medio, explicó que el caso Navtour no es un asunto cerrado y con el pedido de reconsideración le darán la oportunidad a Cortés de retroceder con un acuerdo que “no está todavía homologado judicialmente y no es ley obligatoria para las partes”.

Entendió que “de ningún modo fue un acuerdo razonable. Acá claramente hay algo que no está cerrando. El Ejecutivo dejó caer la causa sin apelar. Hubo negligencia de mínima, y de máxima intencionalidad”. Wallace también sostuvo que el Tribunal de Contralor podría haber hecho mucho más en el caso y “no está cumpliendo con sus funciones de control”.

Costa Brutten insistió en la revisión y advirtió que “el Ejecutivo decidirá qué hacer: o acrecentar las sospechas, o ponerse a disposición para investigar”.