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Weretilneck renueva plan del Convenio Colectivo para cambios laborales en la administración pública

El gobernador de Río Negro designó al legislador Pica como coordinador de los equipos técnicos y paritarios. Se anunció una pronta convocatoria a ATE y UPCN.

El gobierno de Alberto Weretilneck relanzó su plan para discutir con los gremios estatales nuevas condiciones laborales en el Estado provincial.

Su inicial presentación se cumplió en el 2019, antes de la conclusión de su segundo mandato, y lo hizo con ATE.

En otro contexto nacional, el objetivo se renueva.

En la gestión de Arabela Carreras, en el 2021, la Legislatura aprobó el marco legal de «las negociaciones colectivas», a partir de un proyecto del legislador oficialista Lucas Pica.

Antes, el extitular de Trabajo, Jorge Stopiello conformó comisiones de trabajo con los gremios para iniciar el debate de las reformas y, posteriormente, se puso al frente del proceso porque la ley 5506 establece que Trabajo es la autoridad de aplicación.

Se sucedieron avances y retrocesos en las tratativas, incluso en junio del 2022 el gobierno de Río Negro se anunció que se presentaría un primer acuerdo con los gremios estatales, pero el acto se postergó y nunca se concretó. Las diferencias parten de UPCN que objeta puntos medulares de la ley: la exclusión de la cuestión salarial y la misma participación sindical .

Aún así, Weretilneck retoma el propósito y enmarca la discusión de sus proyectos de cambios de los regímenes laborales en ese ámbito de discusión con los gremios.

Este instrumento revivió con el reciente encuentro en Cipolletti de Weretilneck con el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, que siempre reclama por los Convenios Colectivos para los estatales y recuerda de que Río Negro es la única provincia de la Patagonía -entre otros distritos- que aún no tiene esa herramienta de negociación para los trabajadores públicos.

También se coincidió de que Pica debería ocuparse de la cuestión y de los acuerdos, confiando en su conocimiento, su experiencia y su inquietud.

Ayer, el gobierno confirmó su designación como «coordinador político de los equipos técnicos y paritarios del Gobierno». En concreto, su misión será la operatividad de las negociaciones y sus eventuales entendimientos.

En lo formal, la ley 5506 asigna la conducción del proceso en el área de Trabajo, que conduce hoy María Martha Avilez.

Según la gacetilla, el anuncio se consideró «un paso significativo hacia la construcción del futuro del Estado» que se busca «iniciar conversaciones con los gremios ATE y UPCN para revisar y discutir el convenio colectivo de trabajo». Agrega que las negociaciones pretenden «abordar diversos aspectos relacionados con las condiciones laborales, salarios, beneficios y cualquier otro elemento relevante» que afecte a los agentes públicos rionegrinos.

Todavía no se formalizó fecha de encuentros. Se prevé que existirá próximamente un acto de presentación.

Pica adelantó que «en los próximos días se realizará la convocatoria a ATE y UPCN» para «establecer un diálogo constructivo que permita transformaciones necesarias y urgentes para lograr un Estado más eficiente y ágil», explicó.

La clave -agregó- reside en encontrar juntos el nuevo rumbo del Estado. Comprometió «diálogo, colaboración y construcción colectiva».

Desde hace años, Pica tiene un vínculo inmejorable con ATE pero, consecuentemente, no lo es así con UPCN. Por caso, es el autor de la ley 5506 que tuvo y tiene fuerte resistencia de la organización que lidera Juan Carlos Scalesi.

En los próximos días se realizará la convocatoria a ATE y UPCN para establecer un diálogo constructivo».

Lucas Pica, legislador de Juntos Somos Río Negro.

Principales puntos de una ley que fue sancionada en junio de 2021


Esa norma, sancionada en junio del 2021, fija criterios para las «negociaciones colectivas que se celebren entre la Administración Pública Provincial y sus empleados».

Establece que «para cada negociación, general o sectorial, se integra una Comisión Paritaria, la cual se conforma con los representantes del Estado empleador» y representantes de los trabajadores, «a través de las asociaciones sindicales con personería gremial».

El artículo 8 fija que se «opta expresamente por el sistema de pluralidad y coexistencia sindical» y se fija un representante por ATE y por UPCN, aclarando que «no pudiendo aplicarse la proporcionalidad o cotejo del número de afiliado».

El siguiente prevé que los acuerdos se logran «por consenso entre todas las partes intervinientes y sólo en caso de no poder arribarse al mismo se aprobarán por simple mayoría sobre la totalidad de los paritarios presentes».

Un punto -que tuvo observaciones en la Legislatura- es que las «tratativas salariales o aquéllas referidas a las condiciones económicas de la prestación laboral continúan» en el Consejo de la Función Pública. Lo salarial no se debate en los ámbitos de los convenios.

Además, la «partes están obligadas a negociar de buena fe. Este principio importa los siguientes derechos y obligaciones: la concurrencia a las negociaciones»; «la realización de las reuniones que sean necesarias»; «la designación de negociadores con mandato, idoneidad y representatividad suficientes»; «el intercambio de la información necesaria»; «pudiendo asimismo solicitar la intervención de terceros con injerencia en las problemáticas planteadas» y «el compromiso de llevar adelante todos los esfuerzos conducentes a fin de lograr acuerdos consensuados entre todas las partes».


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