Precios rebeldes
Desde el punto de vista de un empresario, vale la pena aprovechar cualquier pretexto, como el suministrado por la eliminación del cepo cambiario, para aumentar los precios; desde aquel del empresariado en su conjunto, en cambio, sería mucho mejor que todos ayudaran a combatir la inflación resistiéndose a hacerlo. Se trata de otra paradoja económica. La más célebre es que, para una persona o una familia, tiene sentido ahorrar más y consumir menos, pero si todos lo hacen el resultado será una gran depresión. Asimismo, si bien es perfectamente lógico que los comerciantes procuren ganar más, si demasiados lo intentan, como ha sido el caso en las semanas últimas, los beneficios que consiguen en el corto plazo no tardarán en verse reemplazados por pérdidas sustanciales. Es por este motivo que, en muchas partes del mundo, los esfuerzos por liberalizar economías estatizadas han tenido consecuencias traumáticas. Aun cuando se haya formado un consenso a favor de la libertad económica, puede ser tan negativo el impacto inicial de los cambios ensayados que obligue al gobierno responsable a dar marcha atrás. Así, pues, aunque los miembros de los equipos económicos del gobierno del presidente Mauricio Macri quisieran que los empresarios colaboraran con sus esfuerzos por frenar la inflación, preferirían que lo hicieran voluntariamente, anteponiendo el bien común a sus intereses personales inmediatos, pero ya entenderán que las exhortaciones en tal sentido resultarán inútiles. La situación sería distinta si el empresariado constituyera una corporación disciplinada con la cual fuera fácil negociar, pero sucede que en principio quienes lo integran deberían competir los unos contra los otros. Es lo que hacen en los países desarrollados en que, merced a la competencia, la tasa de inflación se aproxima a cero, pero en la Argentina, donde es “normal” que los precios suban a un ritmo muy alto, las actitudes suelen ser diferentes. Son tantos los dispuestos a aprovechar la incertidumbre imperante que, incluso si el gobierno lograra convencer a las cámaras comerciales correspondientes de que sería de su interés hacer retroceder los aumentos recientes, algunos empresarios se mofarían de los acuerdos alcanzados. Lo ideal sería dejar todo en manos del mercado que, a juzgar por la experiencia ajena, en este ámbito suele ser mucho más eficaz que los burócratas gubernamentales o sus interlocutores sectoriales, pero por ser tan corporativista la cultura económica nacional, por mucho tiempo seguirá siendo cuestión de un objetivo teórico. Además de los controles, como los del programa nacional Precios Cuidados improvisado por los kirchneristas, el gobierno macrista cuenta con otra arma antiinflacionaria contundente: la importación. En los países ricos, como Estados Unidos, los integrantes de la Unión Europea y el Japón, el costo de vida se ha mantenido estable en los años últimos a pesar de los gigantescos estímulos financieros que han visto inyectados, a fin de activar economías que sin ellos estarían comatosas, gracias en buena medida a la disponibilidad de bienes de consumo relativamente baratos procedentes de China y otros países asiáticos recién industrializados. Pero, como todos saben muy bien, en nuestro país las aperturas comerciales suelen ser costosas por ser tan escasamente competitivas las empresas nacionales. Acostumbradas como están a prosperar detrás de barreras proteccionistas, en su mayoría no están en condiciones de sobrevivir por mucho tiempo si las desmantelaran de golpe. Conscientes de dicha realidad, el gobierno de Macri tendrá que obrar con mucha cautela. Sus miembros parecen entender muy bien que es necesario permitir que el mercado presione más a los empresarios para que mejoren su desempeño, pero no quieren correr el riesgo de que se hundan fábricas y negocios comerciales, llevando consigo fuentes de trabajo y dejando a decenas de miles de empleados a la intemperie. Como ya es tradicional, los perjudicados por una apertura, por limitada que fuera, acusarían al gobierno de estar resuelto a destruir la industria nacional por razones inconfesables, con la esperanza de que andando el tiempo decida cerrar el país nuevamente, resignándose así a que la Argentina siga aislada de las corrientes comerciales que tantos beneficios han producido en otras latitudes.
Desde el punto de vista de un empresario, vale la pena aprovechar cualquier pretexto, como el suministrado por la eliminación del cepo cambiario, para aumentar los precios; desde aquel del empresariado en su conjunto, en cambio, sería mucho mejor que todos ayudaran a combatir la inflación resistiéndose a hacerlo. Se trata de otra paradoja económica. La más célebre es que, para una persona o una familia, tiene sentido ahorrar más y consumir menos, pero si todos lo hacen el resultado será una gran depresión. Asimismo, si bien es perfectamente lógico que los comerciantes procuren ganar más, si demasiados lo intentan, como ha sido el caso en las semanas últimas, los beneficios que consiguen en el corto plazo no tardarán en verse reemplazados por pérdidas sustanciales. Es por este motivo que, en muchas partes del mundo, los esfuerzos por liberalizar economías estatizadas han tenido consecuencias traumáticas. Aun cuando se haya formado un consenso a favor de la libertad económica, puede ser tan negativo el impacto inicial de los cambios ensayados que obligue al gobierno responsable a dar marcha atrás. Así, pues, aunque los miembros de los equipos económicos del gobierno del presidente Mauricio Macri quisieran que los empresarios colaboraran con sus esfuerzos por frenar la inflación, preferirían que lo hicieran voluntariamente, anteponiendo el bien común a sus intereses personales inmediatos, pero ya entenderán que las exhortaciones en tal sentido resultarán inútiles. La situación sería distinta si el empresariado constituyera una corporación disciplinada con la cual fuera fácil negociar, pero sucede que en principio quienes lo integran deberían competir los unos contra los otros. Es lo que hacen en los países desarrollados en que, merced a la competencia, la tasa de inflación se aproxima a cero, pero en la Argentina, donde es “normal” que los precios suban a un ritmo muy alto, las actitudes suelen ser diferentes. Son tantos los dispuestos a aprovechar la incertidumbre imperante que, incluso si el gobierno lograra convencer a las cámaras comerciales correspondientes de que sería de su interés hacer retroceder los aumentos recientes, algunos empresarios se mofarían de los acuerdos alcanzados. Lo ideal sería dejar todo en manos del mercado que, a juzgar por la experiencia ajena, en este ámbito suele ser mucho más eficaz que los burócratas gubernamentales o sus interlocutores sectoriales, pero por ser tan corporativista la cultura económica nacional, por mucho tiempo seguirá siendo cuestión de un objetivo teórico. Además de los controles, como los del programa nacional Precios Cuidados improvisado por los kirchneristas, el gobierno macrista cuenta con otra arma antiinflacionaria contundente: la importación. En los países ricos, como Estados Unidos, los integrantes de la Unión Europea y el Japón, el costo de vida se ha mantenido estable en los años últimos a pesar de los gigantescos estímulos financieros que han visto inyectados, a fin de activar economías que sin ellos estarían comatosas, gracias en buena medida a la disponibilidad de bienes de consumo relativamente baratos procedentes de China y otros países asiáticos recién industrializados. Pero, como todos saben muy bien, en nuestro país las aperturas comerciales suelen ser costosas por ser tan escasamente competitivas las empresas nacionales. Acostumbradas como están a prosperar detrás de barreras proteccionistas, en su mayoría no están en condiciones de sobrevivir por mucho tiempo si las desmantelaran de golpe. Conscientes de dicha realidad, el gobierno de Macri tendrá que obrar con mucha cautela. Sus miembros parecen entender muy bien que es necesario permitir que el mercado presione más a los empresarios para que mejoren su desempeño, pero no quieren correr el riesgo de que se hundan fábricas y negocios comerciales, llevando consigo fuentes de trabajo y dejando a decenas de miles de empleados a la intemperie. Como ya es tradicional, los perjudicados por una apertura, por limitada que fuera, acusarían al gobierno de estar resuelto a destruir la industria nacional por razones inconfesables, con la esperanza de que andando el tiempo decida cerrar el país nuevamente, resignándose así a que la Argentina siga aislada de las corrientes comerciales que tantos beneficios han producido en otras latitudes.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar