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Preocupa el avance de la toma de tierras en la ladera sur del cerro Otto en Bariloche

La fiscalía formuló cargos por usurpación contra unas 25 personas, pero el juez aplazó la definición para el lunes. Los imputados relataron el drama que viven.





La posible toma de tierras por parte de cientos de familias en la ladera sur del cerro Otto encendió la alarma entre funcionarios del gobierno municipal, jefes policiales y fiscales de Bariloche. Este viernes hubo una reunión de urgencia en la que evaluaron medidas para evitar que se materialice una ocupación masiva en esa zona.

Fuentes judiciales informaron en ese encuentro se había acordado desplegar un grupo numeroso de policías, para custodiar el perímetro de esas tierras municipales y privadas para impedir el ingreso de más personas y de materiales de construcción. Participaron de esa reunión el jefe de Gabinete municipal, Marcos Barberis, funcionarios del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda, comisarios, responsables del Splif y de la delegación local de la dirección provincial de Bosques y los fiscales Martín Lozada, Betiana Cendón y Tomás Soto. La reunión se desarrolló en el edificio del Ministerio Público Fiscal.

El primer intento de toma masiva de tierras ocurrió entre el 11 y 15 de agosto pasado, cuando un centenar de personas aproximadamente trataron de instalarse en lotes del Municipio y de privados en la ladera sur del cerro Otto. Las intensas nevadas que cayeron a mediados del mes pasado obligaron a las personas a retirarse. Pero cuando mejoró el clima regresaron.

Hubo personas que intentaron quedarse en el predio ocupado, situado en la ladera sur del cerro Otto, en Bariloche, a pesar de las nevadas que cayeron en agosto pasado. (Foto gentileza)

Se trata de un sector de abundante vegetación autóctona y de difícil acceso. Por eso, los jefes de las delegaciones locales del Splif y de Bosques alertaron que algunos ocupantes encienden fogatas con el riesgo que representa en esa zona de la montaña. O talan árboles y sacan especies nativas.

Soto y el fiscal adjunto Gerardo Miranda formularon cargos este viernes por la tarde contra unas 25 personas por usurpación por despojo. El abogado Martín Domínguez, que representa a dos querellantes particulares, adhirió a la acusación fiscal.

El defensor oficial Marcos Miguel rechazó la formulación de cargos porque advirtió que no está delimitado qué tierras son las que usurparon supuestamente los imputados. Además, advirtió que hay cerca de 570 personas vinculadas de alguna manera con la ocupación que no fueron aún identificadas, según el relato que dieron ayer algunos acusados.

El juez de garantías Juan Pablo Laurence resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes para resolver. Durante la audiencia varios imputados e imputadas relataron el drama que viven por la falta de trabajo y la imposibilidad de poder pagar sus alquileres y de acceder a un lote en Bariloche.

Los hechos

A la audiencia de formulación de cargos habían sido citadas 35 personas, pero comparecieron alrededor de 25 a Tribunales de la calle John O´Connor. Miranda relató que a cuatro imputados se les atribuían dos hechos de usurpación. El primero ocurrió entre el 1 y 15 de agosto último. Dijo que habían usurpado tres lotes en la ladera sur del cerro Otto: uno que pertenece a la Municipalidad de Bariloche, y dos privados.

Dijo que en esa oportunidad actuaron junto a otras 80 personas, que no fueron acusadas porque hubo un compromiso del fiscal Lozada que si los ocupantes se retiraban en forma voluntaria no promoverían la acusación contra ellos. “Pero después estas cuatro personas que se habían ido, volvieron a ingresar a los lotes”, sostuvo Miranda.

Dijo que de esa forma despojaron al Municipio de un lote de 26,6 hectáreas en la zona del barrio El Frutillar y otros dos lotes que pertenecen a privados que acreditaron su titularidad con la documentación correspondiente.

Afirmó que estas cuatro personas volvieron a ingresar el 17 de agosto pasado, con más de 80 personas, que delimitaron lotes con alambres y cables a modo de una improvisada subdivisión. Miranda explicó que hasta el momento habían identificado 35 personas que fueron citadas a la audiencia de formulación de cargos por la usurpación.

El fiscal adjunto solicitó al juez que autorice la investigación durante 4 meses “para ver si se puede encontrar una solución alternativa que claramente es que se retiren de los terrenos”. “Si ello no fuera posible, avanzaremos al juicio porque estamos convencidos de que los delitos se cometieron”, afirmó.

Domínguez adhirió a la acusación fiscal. Advirtió el “alto grado de intangibilidad que tiene esa zona por el alto riesgo de incendio que tiene”. Recordó que es un bosque muy denso y es una zona muy difícil de transitar.

Dijo que los privados que representa hicieron justamente caminos para que puedan circular vehículos del Splif, que fueron usados por las personas para tomar esas tierras. Enfatizó que son terrenos que no se pueden ocupar porque están categorizados como “bosques intangibles”. Por eso, explicó que los dueños no lo pueden poner en venta.

Domínguez planteó que la gravedad del caso no es solo por la usurpación, también porque los ocupantes hacen fogatas y cortan leña de especies nativas. Enfatizó el peligro por lo que está sucediendo en ese sector del cerro donde hay “quemas descontroladas”.

Seis de las personas que fueron citadas a la audiencia, negaron ante el juez haber tomado tierras. Afirmaron que fueron interceptados en la calle por policías que les pidieron los datos y ellos no tuvieron problemas en pasarlos porque no estaban cometiendo ningún delito. Expresaron, sorprendidos, que terminaron en un listado de imputados. Un jubilado aseguró que tiene su propiedad y no tiene necesidad de usurpar. Sus hijos también rechazaron la acusación de la fiscalía y la querella.

El drama de cientos

Claudia relató, conmovida, el drama que vive con sus dos hijas. Dijo que alquila en el barrio Nuestras Malvinas. Paga 17.000 pesos mensuales, pero es una fortuna reunir ese dinero para ella porque es vendedora ambulante.

Dijo que se había enterado por los medios de la toma. Que su hija adolescente le dijo que fueran. La chica compareció´ este viernes a la audiencia, pero es menor de edad y la fiscalía desistió de acusarla. Claudia dijo que acompañó a su hija. Admitió que sabe que es un delito, pero explicó afligida que está desesperada.

Ella provee el sustento para su hogar y una hija mayor que es empleada. “Tenemos que juntar 17 mil pesos en la mano todos los meses, pero en la heladera no hay nada, ¿sabe lo que es eso?”, le planteó al juez la mujer.

“Yo voy a esperarla a mi hija a la escuela (por el secundario) con un tupper y salimos a vender a la calle”, aseguró. Explicó que decidió acompañar a su hija a la toma “´porque necesitaba un lotecito, y creí que alguien nos iba a escuchar”.

Claudia dijo que se anotó en 2004 en el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para acceder a un lote o alguna vivienda. Nunca hubo respuesta. “Hay mucha necesidad”, sostuvo. Relató que iba todos los días a la toma y hacen un fuego para calentar la pava con té que llevan para el frío. Estimó que había unas 400 familias y todas con las mismas necesidades.

Hubo otros imputados e imputadas que contaron sus historias y la falta de oportunidades porque no tienen empleo y los lotes se cotizan en miles de dólares en Bariloche.

Un centenar de personas aproximadamente intentó en agosto usurpar tierras públicas y privadas en el cerro Otto de Bariloche. (foto de archivo Alfredo Leiva)

La «cooperativa Gonzalito»

También algunas personas mencionaron a César González como uno de los referentes que ubica a las personas en lotes de la toma. Y hasta lo identificaron como la “cooperativa Gonzalito”. Contaron que González les había dicho que estaba haciendo las gestiones ante la Municipalidad para formalizar la cooperativa.

“Nunca se debe criminalizar una demanda social”, sostuvo el defensor oficial. “Acá hay víctimas de la necesidad”, planteó el defensor. “La acción de estas familias no es delito, sino una denuncia a gritos de lo que no ha hecho el Estado”, afirmó ante el juez. “Entendemos que estos actos son el grito de los excluidos, de la necesidad”, enfatizó.

Dijo que la fiscalía pretende acusar a 30 personas, pero tendría que imputar a 570 familias que es el número que relevaron algunos imputados en la audiencia que había en la toma de tierras.

Propuso un cuarto intermedio y convocar a un agrimensor para que delimite bien qué terrenos son del Municipio y cuáles privados. “Mis asistidos no quieren vulnerar derechos de los privados”, aseveró. Y propuso recorrer el lugar. Y solicitó desvincular a las 6 personas que habían sido interceptadas en la calle.

Soto rechazó la propuesta de la defensa. Sostuvo que todas esas medidas se pueden hacer durante el plazo de investigación. Señaló que varias de las personas reconocieron la ocupación y que permanecen en el lugar. El abogado por los querellantes adhirió.

Los fiscales aclararon que “no estamos condenando a nadie, solo pedimos investigar”. “Es necesario dar cuenta de lo que está sucediendo en el cerro Otto, quiénes son, quiénes los llevaron a ocupar y por qué”, plantearon fiscales y el querellante.

Laurence dispuso un cuarto intermedio y el lunes a las 13 se reanudará la audiencia para resolver si admite los cargos formulados por la fiscalía y la querella o hace lugar a la petición de la defensa.

A todo esto, Lozada informó a RÍO NEGRO que recorrió el jueves las tierras en disputa y encontró varios espacios subdivididos, con carteles del apellido de familias, pero que solo encontró a 4 personas en el lugar.


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