Protesta vandálica y justicia tras las rejas



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Con motivo de su disconformidad por la revocación de la prisión preventiva dictada contra los empleados policiales Rubio y Chumbita, imputados en una causa penal por la presunta violación de una menor en un destacamento rural cercano a esta ciudad, un pequeño grupo de personas allegadas a la parte denunciante vino días pasados a protestar frente a los tribunales. La cuestión ya había motivado hace un tiempo ruidosas manifestaciones de otro pequeño grupo de allegados a los detenidos pidiendo su liberación, y en aquel momento elevé una nota a la Superintendencia General sugiriendo que se adoptaran recaudos para intentar moderar las consecuencias nefastas de esa manera improcedente de reclamar en este ámbito forense. No se trata de impedir la libre expresión, sino de evitar los daños y perjuicios ilegítimos. Como protección se instaló una cortina de enrollar metálica que al bajarse cierra el acceso al edificio. Como los anteriores manifestantes, los de ahora protestaron en la vía pública y, además del barullo que irrumpe en las tareas de los organismos judiciales, en donde bregan por sus derechos otros ciudadanos (extendiendo seguramente las molestias a la actividad de la escuela y del hospital aledaños, entre otros vecinos), en esta ocasión produjeron notorios daños con pinturas de carteles en la fachada del nuevo edificio de tribunales (es muy difícil quitar el aerosol del ladrillo a la vista), hecho verdaderamente vandálico que no les reporta ninguna utilidad, ya que ningún juez que se precie va a cambiar su criterio por la presión de las pintadas, que afectan la estética de un bien que es patrimonio público (que quedaría a la miseria si todos los quejosos hicieran lo mismo), generando un gasto innecesario que deberá afrontar el Estado, o sea todos los contribuyentes rionegrinos. Tal vez fueron pocos los manifestantes en connivencia con tal daño, pero nadie lo impidió. Varios magistrados y funcionarios estuvimos de acuerdo con el dictado de esas prisiones preventivas que generaron las sucesivas protestas de una y otra parte, pero el Superior Tribunal de Justicia consideró nulo su dictado por entender que eran insuficientes los fundamentos; otros jueces dictaron una nueva resolución revocando por mayoría (uno votó en disidencia) la renovada prisión preventiva. Lo expuesto pone en resalto que dentro del Poder Judicial coexisten diferentes criterios, lo cual parece una verdad de Perogrullo, pero demuestra con evidencia que en este caso no estaba toda la Justicia comprendida en la razón (o sinrazón) de esta protesta. Sin embargo, ello no ha impedido que la irracionalidad llevara a pretender imponer los propios criterios o a demostrar el indignado desacuerdo por vías de hecho, dañando el edificio de los tribunales. Este daño innecesario producido por unos pocos se inscribe en una aparente tendencia de los últimos tiempos, en que diversos sectores de la ciudadanía han multiplicado los llamados “escraches”, como también los cortes de calles, rutas y puentes, etcétera, en busca de notoriedad para sus demandas o directamente con la finalidad de presionar para que se brinden soluciones a sus problemas. Es una modalidad de protesta que se ha instalado en la sociedad para reclamar contra casi cualquier cosa que afecte pretendidos derechos de grupos de personas, seguramente porque se piensa que es la mejor forma de hacerse oír; pero es frecuente escuchar la insatisfacción de terceros ajenos al conflicto en cuestión afectados por dichas protestas. El derecho a realizar manifestaciones de este tenor (e inclusive las tan comunes por festejos o lamentos de resultados deportivos) no puede albergar la intencionalidad dañosa y desconocer los derechos de otros ciudadanos; los cortes de las vías públicas, que perjudican indiscriminadamente a muchísimas personas que por lo general nada pueden hacer para revertir la causa que los motiva, los daños a bienes, que por añadidura, si son públicos, en definitiva deberán repararse o reponerse a costa del erario, lo que implica distraer recursos que podrían estar disponibles para atender otras necesidades más urgentes, u otro tipo de agresiones que empecen a la solución pacífica de los conflictos sepultan nociones básicas del ideal democrático y no condicen con la convivencia en una sociedad jurídicamente organizada. A tal extremo están llegado las cosas que, en mi opinión, demasiadas veces son ineficaces los remedios ordinarios para resguardar el orden público (exhortaciones, recomendaciones, denuncias, procesos judiciales, acciones disuasivas o represivas, etcétera), porque la burocracia es compleja y lenta, porque las responsabilidades son difusas, porque la opinión pública está dividida con relación a la legitimidad o ilegitimidad de tales protestas, cuya popularidad depende de la causa que las motive (entronizándose de hecho la idea de que el fin justifica los medios), porque los riesgos de que se originen daños mayores son muy elevados, etcétera. No será fácil revertir esta tendencia. Las autoridades públicas deberían coincidir con mensajes esclarecedores para que la ciudadanía avale un cambio de rumbo con convicción, sumando voces que intensifiquen el convencimiento de que todos los reclamos populares, vengan de donde vengan y por más legítimos que sean, deben ceñirse a los cursos de acción legales porque, si fuera notoria la mayoría de los que así piensan, la condena social de tales daños y perjuicios debería extenderse en todos los segmentos de la población y resultaría más efectiva que la represión o la respuesta penal. Mientras tanto tal vez necesitemos algún carro hidrante, la cortina metálica de enrollar que lastima la estética de la fachada del flamante edificio de tribunales seguirá justificándose y, cada tanto, la Justicia se administrará tras las rejas que se bajan para impedir el acceso a los tribunales de los justiciables belicosos, lo cual bien podría autorizar que, además, se le atribuya a esa reja algún significado simbólico. (*) Juez de la Cámara Segunda en lo Criminal de General Roca

CÉSAR B. LÓPEZ MEYER (*)


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