Provincias en aprietos

Las recientes medidas económicas del gobierno nacional para enfrentar el agravamiento de la crisis económica han generado una ola de protestas de los gobernadores, que entendieron que aspectos como la rebaja de impuestos como el IVA, la suba del mínimo no imponible de Ganancias y el congelamiento temporal del precio de combustibles afecta injustamente sus ingresos y los deja en una grave situación de desfinanciamiento.

El reclamo revela que, al contrario de lo manifestado en los discursos oficiales, la mayoría de las provincias estaba bastante lejos del equilibrio fiscal, producto de un constante aumento del gasto, principalmente por razones electorales.

En los últimos años, la discusión sobre el elevado déficit fiscal del país se había centrado en el rojo del gobierno nacional, señalando que la mayoría de las provincias, producto de los sucesivos pactos fiscales, había ordenado sus cuentas y cerraban sus balances en equilibrio o con superávit. Varios factores colaboraban con esta tendencia.

En primer lugar, en los últimos años aumentaron las transferencias de origen nacional, que pasaron de un 40% del total de los recursos durante el kirchnerismo al 50% en la administración de Cambiemos, diez puntos más en concepto de Coparticipación Federal. Además, los fallos de la Corte Suprema -reconociendo el reclamo por los recursos de la Anses que durante años había retenido Nación- y las mayores regalías por el aumento de la producción hidrocarburífera, entre otros factores, ayudaron a la tendencia.

¿Por qué entonces los efectos de las medidas anunciadas, que según los expertos no llegarían al 2% de los recursos totales por coparticipación, generaron semejante reacción?

Sucede que la transitoria bonanza que habían mostrado los ingresos provinciales ocultó los desequilibrios estructurales en el sistema. Éstos están fomentados por el sistema actual de coparticipación de impuestos que estimula una dinámica negativa, como señala el economista Roberto Cachanosky, donde hay “un serio problema de incentivos para el cobro de impuestos y de gastos, dado que el costo político de recaudar cae mayormente sobre el gobierno nacional mientras que el beneficio político de gastar queda en manos de los gobernadores”.

De hecho, actualmente en promedio los recursos propios de las provincias representan apenas un 25% sobre los ingresos impositivos en esos distritos. Neuquén y Río Negro no están muy lejos de esta tendencia general.

El costo político de recaudar cae mayormente sobre el gobierno nacional mientras que el beneficio político de gastar queda en manos de los gobernadores

Por otra parte, los periodos electorales incrementan la dinámica de crecimiento del gasto a un mayor ritmo que los ingresos, ya que la mayoría de los gobernadores, independientemente de su signo político, usan el empleo público (las provincias aumentaron un 70% su personal entre 2003 y 2017) y los subsidios como forma de mantener respaldo político y caudal de votos para su fuerza en cada comicio.

En Río Negro en el último año los recursos crecieron a un ritmo del 47%, mientras el gasto lo hizo a un 68%. En Neuquén la tendencia fue más moderada por las regalías, aunque igualmente negativa: los ingresos aumentaron un 55%, mientras los egresos crecieron 60%.

Un reciente estudio de la Fundación Libertad revela que, en promedio, las provincias destinaron casi la mitad de su presupuesto a los gastos en personal en el 2018. Los distritos patagónicos estuvieron por encima de la tendencia general, con un 57,5% en el caso de Río Negro y un 55,5% en el de Neuquén.

De este modo, los gobernadores que asumirán en diciembre lo harán en un contexto de fuertes restricciones y dificultades, lo que obligará a un ejercicio extra de prudencia y austeridad en el manejo de las cuentas públicas.

Además, el gobierno nacional que surja de los comicios de octubre debiera fijar como prioridad en su agenda la postergada discusión de un nuevo régimen de coparticipación federal, que establezca un consenso fiscal con las provincias con metas de mediano y largo plazo para equilibrar los presupuestos. Y permita unificar y simplificar los impuestos de los distintos niveles del Estado, que hoy ejercen una presión insostenible sobre el sector privado.


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