Psicólogos vs. gobierno: ética al diván

Un fuerte conflicto se desató en los últimos meses entre el Colegio de Psicólogos del Alto Valle Este y el gobierno provincial. Los profesionales están alertando que el Ministerio de Salud pretende obligarlos a entregar los protocolos con todos los test realizados a personas que buscan obtener el certificado de aptitud previo al ingreso a planta permanente del Estado. Eso sería –aseguran– violatorio de pautas éticas en la relación con sus pacientes y además dejaría expuestos a esos trabajadores al riesgo de que sus perfiles psicológicos queden en manos de terceros desconocidos.

La crisis tiene importancia porque precisamente el gobierno se apresta a incorporar a más de 5.000 contratados a planta permanente, y muchos de ellos requerirán de los certificados que los profesionales se resisten a entregar.

Desde la Junta Médica provincial indicaron a “Río Negro” que los temores de los psicólogos son infundados y redujeron el enfrentamiento a la postura de “un grupito”, explicando que hay varios profesionales de la región que están cumpliendo con las pautas sin inconvenientes. (Ver aparte)

Según indicaron desde el colegio, “desde el año 2014 hasta la actualidad varios colegas acercaron su preocupación a nuestra institución frente a la sostenida demanda de parte de Junta Médica Provincial de presentación de los protocolos de las técnicas empleadas en la evaluación psicológica de postulantes para ingresar a un cargo público en el estado provincial”.

“Entendiendo la gravedad de este requerimiento desde en 2014 el Colegio de Psicólogos se realizó una primera presentación a dicha entidad, sin obtener resultado alguno. Este año se presentó una carta documento con la intención de detener este atropello, pero la medida legal tampoco tuvo eco. Ante el impacto inocuo de esa presentación y frente a la sostenida demanda de la Junta Médica que sigue afectando a los colegiados, que continúan acercado su preocupación, decidimos dar un nuevo impulso a nuestro reclamo”, indicó Ana Galeano, presidenta de la institución.

El colegio nuclea a 50 profesionales de la zona comprendida entre Allen y Chichinales y desde el Alto Valle a Los Menucos.

En la carta documento enviada al gobierno provincial se advirtió que “solicitar los protocolos de las baterías de test administrados supone extender el objeto del informe a límites superiores a los acordados con el paciente, ya que de dichos protocolos pueden extraerse diversos datos, y no aquellos relativos única y exclusivamente a la aptitud psicológica para un determinado puesto laboral”.

“El proporcionar los protocolos viola el secreto profesional siendo un documento privado, y requiere un muy delicado uso y manejo por parte del profesional, debiendo velar por los derechos del evaluado en relación al secreto profesional, la confidencialidad y el uso negligente de esa documentación”, agrega la queja formal.

Por otra parte, pusieron sobre relieve que la Junta Médica no tiene entre sus integrantes a ningún psicólogo, por lo tanto desconocen quién será el encargado de interpretar esos protocolos por parte del gobierno, “forzando al profesional a incurrir en otra falta ética grave”.

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“Todo queda a resguardo”

La coordinadora de la Junta Médica Provincial en el Alto Valle Este, Virginia Bustos, negó que los aspirantes a un puesto en el Estado corran riesgos por la exigencia a los psicólogos de entregar los protocolos con todos los detalles de los test realizados en el marco de los exámenes preocupacionales.

“No pedimos originales, pueden ser fotocopias, tienen que venir en sobre cerrado, es un trato de profesional a profesional y toda la documentación queda a resguardo”, sostuvo la responsable del área dependiente del Ministerio de Salud.

Bustos explicó que los protocolos se piden “para certificar que el examen psicológico se hizo”, deslizando la crítica por eventuales avales de psicólogos firmados son realizar los test correspondientes.

La médica descartó que se trate de una crisis masiva con los psicólogos de la región, hablando sólo de “un grupito”. En este sentido, destacó que hay profesionales de la zona que están entregando los protocolos tal como los pide Junta Médica, sin objeciones.

En otra parte de la entrevista con “Río Negro”, mencionó que ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo con el colegio, se está evaluando la posibilidad de incorporar un psicólogo a la Junta Médica, para que los certificados de aptitud los extienda el propio Estado, evitando a los trabajadores que tengan que pagar en el sistema privado.

La norma vigente para el preocupacional

Dentro de la resolución 442/13, en la que el Poder Ejecutivo dispuso modificaciones concernientes a las funciones de juntas médicas, se aprobó el Anexo II, que fija los requisitos del examen médico preocupacional para el ingreso de agentes públicos al Estado provincial, incluyendo un informe psicológico.

“No obstante, desde la promulgación de dicha resolución hasta la actualidad, las consultas de colegas se reiteran, multiplican y agravan debido a la exigencia cada vez mayor de parte de junta médica de anexar, al informe concluyente, los protocolos de la batería de test utilizada”, se quejan desde el Colegio.