Acuerdo clave entre YPF y mapuches

Pasaron 11 meses y todos perdieron algo en el camino. Sin embargo aseguran que se alcanzó un acuerdo que podría cambiar el paradigma de las relaciones entre las comunidades mapuches y las compañías petroleras. YPF firmó con los Kaxipayiñ el inicio de un plan de perforación en el yacimiento Loma La Lata que incluye 21 pozos, dos equipos de perforación y una inversión de 80 millones de dólares.

Es la misma apuesta que la petrolera nacional decidió clausurar el año pasado ante lo que consideró un reclamo “injustificado”. La comunidad le solicitaba entonces alrededor de 50 millones de pesos para permitirle perforar 14 pozos, un valor que triplicaba al último acuerdo alcanzado. Ese pedido nunca fue reconocido por los representantes mapuches.

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Desde el gobierno aseguraron que debieron intervenir activamente para componer una mesa de negociación estable. No es una novedad en la industria petrolera que exista un trato diferencial con las comunidades originarias y que se le reconozcan pagos extraordinarios por fuera de la servidumbre e indisponibilidad, que son los ítems que contempla la legislación de superficiarios.

La novedad, según fuentes de la petrolera, fue que se alcanzó un acuerdo integral. Todos los pagos se realizarán unificados y pueden quedar suspendidos ante un bloqueo o una protesta unilateral que no pase por la autoridad de aplicación: la Provincia.

Esto incluye la cuestión ambiental, un punto clave en la relación, donde desde la comunidad Kaxipayiñ se comprometieron a aceptar el avance de todo plan de remediación que esté aprobado por el área de Ambiente del gobierno neuquino. Si bien parece una situación de rutina, en los hechos no siempre era así.

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Los cálculos para la indemnización económica, que a la comunidad le corresponde como superficiaria, se ajustaron a la normativa vigente para estos casos. Es decir que no hubo lugar a interpretaciones. De acuerdo a la estimación realizada por un allegado a ambas partes, YPF desembolsará un 30% de lo que hubiese pagado si el año pasado accedía al pedido de la comunidad.

La decisión política de la petrolera nacional de no ceder a presiones, algunas heredadas, tuvo costos que también salpicaron al resto de los actores. La propia empresa debió asumir las pérdidas de suspender un año el proyecto, pero la comunidad también resignó ingresos que si tuvo en 2016, mientras que el Estado provincial se vio imposibilitada de recaudar unos 50 millones de pesos en concepto de regalías gasíferas.

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