Avanzan dos causas penales contra la CTA por la tensión en supermercados

El cierre de los procesos penales abiertos en la Justicia Federal no significa que hayan desaparecido todas las causas contra dirigentes de la CTA Autónoma de Río Negro.

En la Justicia Provincial quedan expedientes abiertos e incluso hay nuevas investigaciones en marcha, como las iniciadas después de la tensa protesta del viernes pasado en la principal sucursal de La Anónima en Roca.

Esa acción política fue protagonizada por la Organización de Desocupados en Lucha (Odel), que conduce Miguel Báez y que forma parte de la CTA.

Según se informó desde el Ministerio Público, dos causas se están sustanciando por ese episodio, que hizo temer la posibilidad de saqueos y que obligó a desplegar un fuerte operativo de vigilancia en todos los supermercados de la ciudad.

Ambos procesos se iniciaron de oficio y están a cargo de los fiscales Ricardo Romero y Julieta Villa. El primero investiga la tentativa de extorsión contra los responsables del supermercado, en tanto que el segundo expediente se abrió ante la eventual instigación a cometer delitos.

Ayer se continuaban analizando los datos y testimonios surgidos el fin de semana, paso previo para que los fiscales definan si formulan cargos contra una o varias de las personas que presionaron y prendieron fuego en las puertas del predio comercial de calle San Juan.

Antecedentes

Para entender la historia de la Organización de Desocupados en Lucha hay que recordar que se trata de un grupo que luego de varios años de accionar independiente y con reclamos centrados en Desarrollo Social de la Provincia, se unió a la estructura de la CTA Autónoma de Río Negro.

Báez, el máximo referente, fue uno de los 14 dirigentes que el martes accedió al beneficio de la suspensión del juicio a prueba en el ámbito federal por delitos ocurridos en más de 30 hechos.

Y es el mismo que en diciembre del 2016 irrumpió junto al titular de la central obrera, Rodolfo Aguiar, en el municipio de Roca, cuando vencieron la resistencia policial en el acceso para instalar una protesta en el hall central del edificio.

Aguiar y Báez también protagonizaron los graves incidentes de mayo del año pasado en la Legislatura, cuando policías resultaron heridos en el marco del tratamiento del Plan Castello.

Luego de ese episodio, ambos permanecieron prófugos varios días, hasta que se entregaron y se sometieron al proceso de la Justicia. Finalmente la causa se diluyó (hubo tres probation y sólo sigue activa para el secretario general), todo al ritmo de los nuevos tiempos de paz entre el gobierno provincial y ese sector sindical.

Esa armonía tambaleó en las últimas horas, porque la tensión provocada por Odel se dio en el mismo contexto de las negociaciones salariales en el Estado, que ATE todavía no tiene cerradas.

Aguiar admitió esta semana en una entrevista radial que lo ocurrido el viernes pasado en Roca fue un exceso y dijo que no pudo intervenir para evitarlo, porque estaba de viaje.