El Código cambia, los empleados no: un 75% no quiso pasar a las fiscalías

Apenas un cuarto de los administrativos, jefes y secretarios de los juzgados penales aceptó la incorporación al Ministerio Público desde agosto. Quedarán en “oficinas judiciales” para realizar tareas administrativas. Algunos tienen sueldos de 70.000 pesos.

Tres días hábiles –feria mediante– quedan para poner en marcha la Reforma Procesal Penal. El Ministerio Público –que tendrá un rol protagónico en la nueva etapa– recibirá sólo un cuarto del personal alcanzado por la reorganización de los tribunales rionegrinos. El 75% restante será reubicado en futuras “oficinas judiciales”, con funciones exclusivamente administrativas.

La Procuración recibirá a medio centenar de agentes, que aceptaron pasar a la estructura de los fiscales y de los defensores. Ese número representará un crecimiento de un 10% del plantel, hoy por debajo de los 600 estatales, entre empleados y funcionarios.

El traspaso parece –inicialmente– minúsculo, porque la matriz del cambio radica en que las principales labores de la investigación y del proceso penal estarán concentradas en los fiscales, cediendo los jueces sus tareas de instrucción.

La desproporción emerge cuando se advierte tres de cada cuatro agentes persistirán en las áreas reducidas a “oficinas judiciales”.

La actual dotación de los juzgados penales llega a 199 empleados, jefes y secretarios.

Un grupo de 53 pasarán al Ministerio Público y los otros 146 permanecerán en los tribunales. Por caso, la reestructuración comprende a unos 38 secretarios de juzgados, de los cuales sólo seis consintieron sus transferencias a las fiscalías o defensorías. El resto de esos funcionarios –con remuneraciones de unos 70.000 pesos– serán reubicados en las oficinas judiciales.

¿Qué funciones tendrán esas nuevas áreas en la Reforma? El nuevo Código establece –según su artículo 30– que los “Foros de Jueces serán asistidos por una Oficina Judicial”, con composición y funcionamiento establecido por la ley Orgánica del Poder. Precisa que su “director o jefe” organizará las “audiencias, dictará las resoluciones de mero trámite, ordenar comunicaciones y emplazamientos, dispondrá la custodia de objetos secuestrados, llevará los registros y estadísticas, dirigirá al personal auxiliar, informará a las partes y colaborará” con los jueces. Se les prohiben “tareas jurisdiccionales”.

El STJ concluyó con una reorganización optativa del personal, después de un intento diferente, que derivó el año pasado en fuertes críticas por parte del gremio judicial. Frente a su dimensión, la conducción del Poder Judicial buscó potenciar su existencia con el Manual de Funciones -según la Acordada 12/2017- y fijando una importante estructura, con jefaturas y “ocho unidades”, como “administración de casos”, “de Audiencias”, de “Estadísticas” y “Control de Gestión”.

Recientemente, el presidente del STJ, Ricardo Apcarian consideró que el número de personal en las Oficinas Judiciales “está justo para arrancar”. Por su parte, en relación a su estructura, la Procuradora, Silvia Baquero Lazcano, pidió esperar la puesta en marcha de la Reforma “para monitorear si la cantidad de los agentes es suficiente.

“Con el avance el proceso se irán evaluando las necesidades que se presenten en función de las previsiones presupuestarias”.

Silvia Baquero Lazcano, procuradora general del Poder Judicial.

Más personal

todavía no

Datos

“Con el avance el proceso se irán evaluando las necesidades que se presenten en función de las previsiones presupuestarias”.
La procuradora general Silvia Baquero afirmó que se irá “evaluando con el avance” de la Reforma “si es necesario incorporar nuevo personal”, transmitiendo la opinión de los jefes de fiscales, quienes consideran inicialmente que se está bien. No obstante, admitió que en Viedma faltan completar los nombramientos de seis fiscales: dos titulares y cuatro adjuntos.
Baquero aclaró que la reciente organización aprobada para el Ministerio Público es una “estructura ideal” y desestimó la posibilidad de que los cargos de “asesores letrados” sean ocupados durante este año. Aseguró que los mismos contendrán a los secretarios de juzgados, “puntualmente seis de la Segunda”, que aceptaron pasar a la órbita del Ministerio Público. Defendió que esos cargos no pertenecen a las facultades del Consejo de la Magistratura y que serán cubiertos oportunamente “por concursos”.
Ayer, jueces del STJ y la Procuradora recorrieron la nueva sede del Ministerio Público, un edificio alquilado en la calle Roca de Viedma.
“Con el avance el proceso
–insistió Baquero– se irán evaluando las necesidades que se presenten en función de las previsiones presupuestarias y siempre en acuerdo con el Superior Tribunal de Justicia”.

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