Investigan millonarios contratos para pintar edificios

Un sobre anónimo deslizado debajo de la puerta del estudio jurídico que presentó la primera denuncia en contra del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) abrió una nueva línea de investigación en la que ahora la justicia neuquina analiza si hubo algún tipo de fraude en los millonarios contratos que las empresas de la familia de un dirigente social obtuvieron para pintar edificios de monoblocks.

“Si bien la información llegó a los denunciantes de forma anónima tenemos la obligación de investigar cuando tomamos conocimiento de un delito y por eso se está investigando si hubo algún delito en los contratos para pintar edificios”, reconoció el fiscal que tiene a cargo la megacausa por los contratos del IPVU-ADUS, Andrés Azar.

Según una planilla aparentemente interna del IPVU entre 2012 y 2013 se destinaron casi 15 millones de pesos a contratos del programa “Pintemos nuestro barrio”. En total fueron once los convenios para el mejoramiento de cuatro planes de vivienda, que fueron adjudicados a solo tres empresas: Cooperativa Buen Ayre, Nordaro SRL y Montecinos Norma.

Estas dos últimas firmas son de propiedad de la familia del dirigente social y titular del MTD Heriberto Chureo, un hombre que estrechó vínculos con el MPN a partir del gobierno de Jorge Sapag. En el primer caso, la sociedad estaba formada por sus dos hijos Darío y Romina y su esposa Norma Mendoza Montecinos, la titular de la segunda empresa. En tanto que la tercera firma es una cooperativa de trabajo afincada en el barrio La Sirena, el mismo en donde junto al dirigente Jorge Salas, Chureo impulsó el desarrollo de la ahora extensa Cooperativa 127 Hectáreas.

La investigación parte de la sospecha de que desde el IPVU se habrían fraccionado los contratos de obra en varias etapas para, al dividir los montos, permitir que sean adjudicados por contrataciones directas o concursos de precios, evitando las licitaciones que deben hacerse cuando el monto supera los 2 millones de pesos. Precisamente la pintura del plan 329 Viviendas del barrio Melipal de Neuquén demandó 7 millones de pesos pero fue adjudicada en cinco etapas, y todas a las empresas Nordaro o Montecinos.

Si bien el fiscal de Delitos Especiales Azar indicó que muchos datos no pueden ser revelados para proteger la investigación, reconoció que “según esta información anónima la firma Nordaro ganó su primera contratación cuando estaba todavía en trámite la creación”. La información anónima que consta en la causa indica que Nordaro SRL obtuvo en 2012 su primer contrato de obra con el IPVU, siendo que en noviembre de ese mismo año se publicó el edicto de creación de la empresa, en el que se daba cuenta que los tres socios (Norma, Darío y Romina) realizarían sus aportes de capital por un total de cien cuotas de mil pesos. En total entre 2012 y 2013 habrían facturado un poco más de 12 millones de pesos al IPVU.

“Estamos con varias medidas en la causa y una parte son estos contratos”, señaló el fiscal que recordó que ésta no es la primera información anónima que llega a las manos de la justicia. Es que tras el allanamiento realizado en la sede del organismo en mayo se recibieron varios documentos internos que señalaban a empresas que ganaron contratos a los pocos días de haber sido creadas.

Mientras Chureo no dudó en reconocer la titularidad de las empresas que, indicó , “las armamos para dar trabajo a los chicos que estaban desocupados”, contó que el plan “Pintemos nuestro barrio” fue mucho más allá de esos once contratos por 15 millones de pesos, abarcó incluso a planes de viviendas de otras localidades como Plottier, y actualmente sigue en marcha con obras planificadas como los monoblocks de Leloir y avenida Argentina, también en manos de firmas vinculadas con Chureo.

Lo que marca la ley

Para los vecinalistas como Julia Castro, de Ciudad Industrial, “el programa le cambió la cara al barrio, se ve mucho más lindo y todos están muy contentos”.

negocios con el estado neuquino

La denuncia inicial fue radicada en su contra como presidente del organismo. En diciembre de 2015 dejó el cargo y la función pública.

Rodolfo Káiser, complicado

Marcelo Sampablo era el vicepresidente del IPVU en el período investigado. Hoy es el presidente y hasta ahora no está involucrado.

El sucesor