Río Negro: controversia en la cúpula judicial frena ascensos

LA REGIÓN

Las discrepancias entre el Superior Tribunal de Justicia y la procuradora general del Poder Judicial, Silvia Baquero Lazcano, afectaron esta vez a una importante cantidad de empleados judiciales en toda la provincia que vieron sorpresivamente suspendidos sus ascensos ganados por concurso.

Una impugnación presentada el 30 de julio por la jefa de los Ministerios Públicos obligó al STJ a suspender, el 31 por la tarde, los ascensos que iban a implementarse desde el día siguiente. La medida sumó confusión y malestar entre empleados y funcionarios judiciales, quienes ya venían afectados porque la inevitable rotación dejaría a algunos organismos con muy poco personal y a otros con un exceso de agentes. A tal punto llegó la situación que una jefa de despacho de Roca que debía ascender al cargo de jefa de división presentó un amparo por la situación.

El planteo de Baquero Lazcano, según confiaron altas fuentes del Poder Judicial, radicó en que la procuradora estaría dispuesta a recibir a todos los empleados de juzgados que por los ascensos pasaron al Ministerio Público pero no aceptaría “desprenderse” de los agentes propios que debían pasar a la órbita jurisdiccional. Esa postura, explicaron, impediría efectivizar numerosos traslados y bloquearía el mecanismo de “compensaciones” que había previsto el STJ, por el cual los organismos que resultaran con exceso de personal a raíz de los ascensos debían “ceder” agentes a los que sufrieran una grave reducción de su plantel.

El eje del posicionamiento de Baquero Lazcano sería que el STJ tomó las decisiones relativas a los traslados sin darle la participación que demanda como representante del Ministerio Público, en pos de la independencia plena del Poder Judicial que intenta darle a la Procuración General.

Aún antes del inesperado conflicto los ascensos habían comenzado a generar preocupación en los Tribunales. En Roca, por caso, un juzgado perdió a todo su plantel superior de empleados -desde oficiales hasta jefe de despacho- y a cambio sólo recibiría en lo inmediato a escribientes de otros organismos y, en el mediano plazo, a personal ingresante.

La Resolución Nº 380 que dictó el STJ el 3 de julio dispuso un sistema complejo de “pautas ordenatorias” para hacer menos traumática la rotación. La norma disponía algunos traslados “indefectibles” desde el 1 de agosto y permitía postergar otros hasta la efectiva cobertura de la vacante que esos empleados dejarían en su lugar de origen. También establecía el régimen de compensaciones de personal.

Esas medidas finalmente se implementaron, con ciertos inconvenientes menores, en los pases entre juzgados o entre dependencias del Ministerio Público, pero todo se frenó para los agentes que debían pasar de un ámbito a otro. De hecho, en la Resolución Nº 420 del 31 de julio, el STJ recalcó que “el planteo efectuado ahora por la Procuración General pone en crisis el proceso de efectivización de los ascensos” y dispuso “suspender hasta el dictado de un nuevo acto administrativo” los traslados “en los casos en que personal dependiente de organismos jurisdiccionales deba desplazarse, para toma de nuevo cargo, a organismos del Ministerio Público; y viceversa”.

La norma previó, sin embargo, que la paralización no afectará los salarios de los trabajadores, quienes perciben desde el 1 de agosto los haberes correspondientes a los cargos que ganaron por concurso. (Redacción central)