Rompecabezas impositivo

En otros países, los más contrarios a los impuestos sobre los ingresos suelen ser liberales que sueñan con achicar el Estado. Creen que es mejor dejar que cada persona decida cómo gastar su propio dinero sin verse obligada a entregar mucho a políticos ineptos o corruptos. En la Argentina, lideran la campaña contra Ganancias sindicalistas y dirigentes opositores que, lejos de estar a favor de un esfuerzo por reducir las dimensiones del sector público, con frecuencia se quejan de su “ausencia”, dando a entender así que quisieran agrandarlo. Coinciden en que Ganancias es un impuesto muy injusto que perjudica enormemente a los trabajadores y que, gracias a la inflación, afecta a una proporción cada vez mayor de los asalariados, pero son reacios a decirnos qué harían para reemplazarlo, acaso porque saben que todas las alternativas serían igualmente antipáticas. Por lo demás, otros impuestos, sobre todo el IVA, son aún más regresivos que Ganancias, ya que privan a todos, incluyendo a los indigentes, de una parte sustancial de su poder de compra. Sin embargo, el IVA, lo mismo que el llamado impuesto inflacionario, es un gravamen casi invisible, razón por la que no motiva tantas protestas. Todos los esquemas impositivos, sin excluir los de países avanzados como los escandinavos, acarrean desventajas. Los considerados más progresistas castigan a quienes están en condiciones de aportar más a la economía en su conjunto. A menudo, los más ambiciosos optan por trasladarse a otros países con regímenes impositivos que desde su punto de vista son menos onerosos; se cuentan por centenares de miles los profesionales y empresarios franceses que, para alarma del gobierno socialista del presidente François Hollande, han emigrado a lugares que a su juicio serán mucho más hospitalarios. Asimismo, en nuestro país han tenido consecuencias decididamente negativas las retenciones, es decir los impuestos a las exportaciones de productos agrícolas; además de provocar la rebelión de los hombres del campo, han provocado una caída notable de las ventas de granos, de tal manera contribuyendo a reducir drásticamente el ya precario superávit comercial. Según la cifras oficiales, en el primer trimestre del año las exportaciones de granos cayeron el 47% en comparación con el mismo período del 2013. Por razones comprensibles, las entidades agrarias más representativas quieren forzar al gobierno a eliminarlas. Parecería que la mayoría está a favor de más estatismo por un lado y, por el otro, de una menor presión impositiva, pero en el fondo lo que pide es que la Argentina sea un país de ingresos mayores en que todos puedan disfrutar de un buen pasar. Quienes protestan contra Ganancias insinúan que, si no fuera por dicho impuesto, millones de personas verían subir sus ingresos sin que resultara necesario reducir el gasto público, lo que significaría que muchos estatales perdieran sus empleos y los beneficiados por los distintos “planes” asistenciales, los subsidios que perciben. Para lograr la cuadratura del círculo así supuesta, el gobierno tendría que reformar radicalmente el Estado para que fuera mucho más eficaz y costara mucho menos, pero sería imposible hacerlo sin desatar la resistencia furibunda de los resueltos a defender el statu quo. Huelga decir que ningún político opositor se animaría a reclamar un cambio tan radical. En última instancia, los ingresos netos de los asalariados dependen de la productividad global de la economía nacional. En la actualidad, es sumamente reducida y es muy poco probable que mejore mucho en los años próximos. Por lo demás, como acaba de recordarnos el escándalo que ha motivado la demora oficial en difundir las estadísticas relacionadas con la cantidad de pobres e indigentes, conforme a las pautas imperantes, todos aquellos que pagan Ganancias se encuentran entre los “privilegiados”. Se trata de una realidad que sindicalistas y políticos progresistas prefieren pasar por alto. Están tan acostumbrados a hablar como si la Argentina fuera un país más rico de lo que efectivamente es que les cuesta entender que, de atenuarse la presión impositiva, el Estado se vería constreñido a limitar sus actividades, lo que para muchos que apenas consiguen sobrevivir tendría un impacto muy negativo que, desde luego, motivaría la indignación de los críticos más vehementes de Ganancias.

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