Rovere se negó a declarar y quedó detenido

El general retirado Jorge Olivera Rovere, ex subcomandante del Primer Cuerpo de Ejército, se negó ayer a declarar ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y quedó preso por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar (1976-83).

Asistido por el abogado Juan Aberg Cobo, el general rehusó responder las preguntas del juez y la fiscalía. Olivera Rovere, de 79 años, fue detenido el sábado último luego de que Canicoba firmara una resolución en la que declaró la inconstitucionalidad de los indultos que amparaban a seis jefes castrenses.

El ministro de Defensa, José Pampuro, respaldó la acción de Canicoba. «Como ministro de Defensa apoyo la decisión porque veo a diario muchos hombres, que recibieron órdenes, que son citados por la justicia y quienes las impartieron se sienten beneficiados por los indultos», enunció desde Puerto Belgrano.

La decisión del juez se produjo a escasos días del aniversario del Golpe de Estado que, el 24 de marzo del '76 inauguró la represión ilegal durante la cual desaparecieron, según organismos de derechos humanos, 30.000 personas. En la mayoría de los casos, los cuerpos de las víctimas nunca fueron encontrados.

Olivera cumple ahora prisión preventiva en el regimiento de Infantería de Patricios, acusado por los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, del cual dependieron 19 centros clandestinos de detención.

Canicoba declaró nulo el indulto que el entonces presidente Carlos Menem concedió, el 6 de octubre de 1989, a los generales del Ejército Olivera Rovere, Juan Bautista Sasiaiñ, Adolfo Sigwald, José Montes y Andrés Ferrero. Tachó también, por inconstitucional, el decreto 2746 que amnistió, el 29 de diciembre del '90, al ex comandante Guillermo Suárez Mason.

«La facultad presidencial de indultar fue ejercida en una oportunidad donde no era constitucionalmente viable», escribió Canicoba, que resaltó que Menem otorgó una indulgencia a militares procesados por la Justicia pero aún no condenados.

Por su parte, Suárez Mason, detenido en el penal de Marcos Paz por el robo sistemático de hijos de desaparecidos, rehusó ser trasladado a los tribunales federales para notificarse de la resolución de Canicoba. «Con la inconstitucionalidad de los indultos, se reinician los juicios pendientes contra los responsables por pasadas violaciones de derechos humanos», explicó Canicoba, y agregó que familiares de desaparecidos y víctimas de la represión ilegal «verán ahora satisfecho su derecho» a la verdad. Mediante la resolución judicial, «se asume finalmente el deber de investigar seriamente las violaciones que se hayan cometido» y se «asegura a la víctima una adecuada reparación», abundó.

Sasiaiñ, que debe cumplir arresto domiciliario por el robo de bebés, tampoco fue notificado de la nulidad del indulto en su favor porque está internado en el Hospital Militar a causa de una afección estomacal, dijeron las fuentes. Montes, Sigwald y Ferrero fallecieron antes de que el juez decretara la inconstitucionalidad de los indultos, que exculparon a los tres militares hasta su muerte.

 

(DyN/Télam)

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