San Luis: Fuerzan a los jueces a firmar sus renuncias anticipadas

BUENOS AIRES (ABA).- La fiscal de la provincia de San Luis, Gretel Diamante de Ponce, denunció ayer por «coacción calificada» a funcionarios de la primera plana del gobierno de Alberto Rodríguez Saá. Los acusó de ponerle como condición a los magistrados promovidos a un cargo superior el de firmar la «renuncia anticipada» al cargo.

Según la fiscal, la maniobra consistía en que una vez designados los magistrados se los hacía concurrir al Ministerio de la Legalidad donde el segundo de la cartera, Mario Zavala, les hacía suscribir una declaración con la dimisión anticipada, sin fecha cierta e invocando «motivos o razones personales».

En su escrito presentado ante el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, Diamante de Ponce menciona cuatro casos en los que se habría comprobado el modus operandi que lesiona de modo terminante la independencia de poderes. Se trata de los entonces magistrados provinciales: Mariana Zillioto, Viviana Oste, Gabriel Leonhardt y Martha Villica.

En el primero de los casos, de acuerdo a lo testimoniado por la misma Zillioto, le habrían exigido que denunciara a dos camaristas, y por no hacerlo fue llevada a su renuncia.

La demandante también citó el caso de tres dimisiones del 16 de marzo, una de cuyas juezas de apellido Alonso habría reconocido que tuvo que firmar en blanco previo a asumir su función.

A tal punto sería «descarado» el modo de actuar desde la administración Rodríguez Saá, que el 6 de abril se difundió la noticia de la renuncia de Victor Endeiza a la Defensoría, cuando el mismo aún no había asumido.

La fiscal señaló que la práctica en cuestión empezó a ser masiva desde que a mediados del año pasado se fueron creando cargos nuevos como Cámaras de Apelaciones, Juzgados de Instrucción, Defensorías de Cámara, juzgados civiles y de menores; y que desde diciembre le empezó a «llamar la atención» que los designados a esos puestos eran convocados al ministerio de la Legalidad, a cargo de Sergio Freixes.

Otra forma de actuar era amenazar con promover un jury de enjuiciamiento o denuncias en contra de quienes no accedieran a dar un paso al costado cuando se les requería.