Senado: se levantó la sesión por los superpoderes

La Cámara de Senadores no debatió hoy el proyecto que contempla eliminar los superpoderes por la decisión del Frente para la Victoria abstenerse de concurrir al recinto en espera de que los opositores consiguieran el número de legisladores necesarios para iniciar la sesión.

La oposición, por su parte, logró sentar 31 senadores de las bancas del radicalismo, el justicialismo federal y otros partidos opositores que poseen monobloques o dos representantes. La reunión fue levantada a las 16 por el presidente provisional del Senado, José Pampuro, quien reemplazó al vicepresidente Julio Cobos que quedó a cargo del Poder Ejecutivo, luego de esperar una hora en las bancas que se reunieran los parlamentarios necesarios para iniciar las deliberaciones.

Ayer los presidentes de las bancadas acordaron una agenda de asuntos que incluía el debate sobre los superpoderes como un tema a definir sobre tabla, que requiere como mínimo el apoyo de los dos tercios de los legisladores presentes, una vez conformado la mayoría simple de 37 legisladores.

Los oficialistas definieron en una reunión de bloque que no se negaban a debatir el texto sancionado por la cámara de Diputados que reducía drásticamente los llamados superpoderes, pero aguardarían que la oposición llegar al quórum.

No fueron al recinto los 31 integrantes del Frente para la Victoria, y sus aliados tradicionales, el neuquino Horacio Lores y los fueguinos José Martínez y María Díaz, así como Roxana Latorre (Santa Fe), María Bongiorno (Río Negro), la radical Blanca Monllau (Catamarca), la liberal correntina Josefina Meabe y el renovador salteño Agustín Pérez Alsina.

El Senado tenía a consideración dos dictámenes sobre superpoderes: uno, respaldado por la oposición, ratificaba el texto sancionado en la Cámara de Diputados, y el restante, apoyado por el oficialismo, rechazaba la iniciativa y no planteaba ninguna alternativa.

El texto de Diputados proponía regresar al artículo 37 de la Ley de Administración Financiera que establecía que todas las reasignaciones presupuestarias deben ser aprobadas antes por ley del Congreso.

También recuperaba el artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fija que el Poder Ejecutivo y los gobiernos provinciales sólo podrán aprobar mayores gastos siempre que estuviera asegurado un financiamiento destinado a su atención; y prohíbe incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras.

El oficialismo se había creado un problema legal con su definición de rechazar a secar el pronunciamiento de Diputados, ya que el artículo 81 de la Constitución establece que una cámara que ya se definió en un tema, no puede simplemente rechazar el texto que aprobó la otra, sino que debe o aceptar los cambios introducidos o ratificar el pronunciamiento anterior.

Al kirchnerismo le quedaba la opción de insistir en la sanción del Senado del 20 de agosto de 2009 dio respaldo al proyecto del gobierno que fijaba un máximo del 5 por ciento a la reasignación de partidas presupuestarias a cargo del jefe de Gabinete.

La iniciativa de un solo articulo, presentado como una medida de “autolimitación”, autorizaba al jefe de Gabinete a establecer reestructuraciones de partidas siempre que no supere el 5 por ciento del total del presupuesto anual. La norma fue sancionada con el apoyo de 38 votos oficialistas, contra 24 de la oposición.

Agencia DyN