Sigue sin solución el problema de las motos secuestradas en Neuquén

La Defensoría del Pueblo advirtió que el Municipio cobra cifras elevadas para recuperar los vehículos. Los tres depósitos de la ciudad siguen colapsados.

El Municipio intentó cobrar 152.000 pesos a un vecino que quería comprar una motocicleta que estaba secuestrada. El Ejecutivo justificó el monto por el tiempo que el vehículo estuvo en resguardo y la estadía en el depósito, durante dos años, pero la Defensoría del Pueblo intervino con un oficio y evitó que el comprador deba abonar la elevada suma.

En Neuquén existen tres depósitos, uno de la Policía, en la calle Río Colorado, otro de la comuna en San Luis e Intendente Carro, y uno compartido por ambos en el Parque Industrial. Los tres lugares están desbordados de motos, porque el costo de la contravención suele ser más alto que el valor del vehículo y los propietarios prefieren no abonarlo.

El caso que evidenció la defensoría fue el de un vecino del barrio Villa Ceferino quien compró una moto secuestrada por la Municipalidad, era una moto marca Guerrero sobre la que pesa una infracción, cuyo costo de mercado ronda los 20 000 pesos.

El vehículo estaba retenido desde el tres de agosto del 2017 por una contravención del propietario original. En abril de este año, el juzgado de Faltas N° 1 autorizó al vecino a verificar el cuadro y motor en dependencias de la dirección general de Seguridad Vial. Al mes siguiente, el juzgado levantó el secuestro y autorizó la entrega de la moto al comprador.

Cuando el hombre fue a retirar el bien en la dirección de Tránsito, se encontró con la deuda en concepto de “guarda y estadía de bienes secuestrados” por un monto de 152.860 pesos, más intereses resarcitorios. La explicación de la cifra se argumentaba por la “guarda” de la moto, durante los 637 días que estuvo en el depósito.

Números

$152.860
es lo que intentó cobrar el Municipio por el resguardo y la estadía. El valor de mercado de la moto era 20.000 pesos.
637
días estuvo alojado el rodado en el depósito de Tránsito. Estaba secuestrado desde 2017 por una infracción.

Por esta situación, el defensor del pueblo, Ricardo Riva, envió una providencia y nota a Tránsito de la Municipalidad y solicitó que se abstenga de la pretensión del cobro de la deuda. Señaló que el comprador fue diligente y averiguó las deudas en la oficina de patentes y en el propio juzgado de faltas, y no le informaron el cobro que luego le quisieron aplicar.

El defensor explicó que el Municipio pretendió otorgar a la deuda una naturaleza jurídica que no tiene, de “deuda propter rem o ambulatoria” -artículo 1937 del código civil-, de transmisión de obligaciones al sucesor.

Riva aseguró que la deuda del antecesor no es una obligación “inherente a la posesión de la cosa”, es decir, obligación real, sino una obligación personal que no se transmite al comprador del vehículo. Agregó que el comprador solo es responsable a partir del momento en que es dueño de la cosa, uno de los presupuestos para atribuir responsabilidad.

Finalmente la dirección de Asuntos Jurídicos de la municipalidad se pronunció en favor de la defensoría, e indicó que “deberá eximirse del cobro de tasa por guarda y estadía de bienes secuestrados” al vecino, correspondiendo emitir un certificado de deuda al anterior titular, es decir, el responsable de la contravención.

El 1 de octubre el vecino firmó el pase a archivo de la actuación y tomó posesión de la moto a un costo razonable.


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