Sin energía
Todos los “modelos” populistas se caracterizan por el despilfarro de recursos acumulados antes de su puesta en marcha. El kirchnerista no es una excepción. Pudo funcionar por varios años gracias a lo hecho por gobiernos anteriores, entre ellos los encabezados por el presidente Carlos Menem en la década de los noventa, combinado con una coyuntura internacional insólitamente favorable que nos ha permitido disfrutar de una larga serie de superávits comerciales, pero ya es evidente que tiene los días contados. Además de ser inflacionario y depender de la transferencia de cantidades cada vez mayores de dinero del sector privado a “la caja” gubernamental, para entonces ir a los bolsillos de operadores políticos clientelistas, empresarios cortesanos, funcionarios a cargo de esquemas “sociales” como el supuesto por “fútbol para todos” y otros especialistas en aprovechar las necesidades del Poder Ejecutivo, es forzosamente cortoplacista. Basado como está en el consumo de lo ya existente, el “modelo” kirchnerista termina consumiéndose a sí mismo. Es la política de la descapitalización. Así, pues, no es del todo sorprendente que el país haya dejado de autoabastecerse de energía. Se estima que en el transcurso de este año electoral tendremos que gastar aproximadamente 3.000 millones de dólares para importar lo que necesitamos para seguir funcionando desde Bolivia, Venezuela y otros países que, desde luego, cobran los precios fijados por el mercado internacional. ¿Y el año que viene? Nadie quiere arriesgar una cifra, pero con toda seguridad será más elevada. Mientras que durante la gestión de Néstor Kirchner disfrutamos de un superávit superior a los 5.000 millones, en la de su esposa lo hemos visto achicarse con rapidez hasta desaparecer por completo. Al asumir la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner heredó las consecuencias previsibles de una política energética insensata que, según parece, se basó en la noción de que el sector fuera tan rentable que privar a las empresas de incentivos no tendría ningún efecto en la oferta. Quienes advirtieron que el resultado inevitable de dicha “estrategia” sería una merma peligrosa de la producción fueron denigrados como “neoliberales”. En un intento de minimizar el significado de lo que ha sucedido, los voceros oficiales lo atribuyen al crecimiento macroeconómico a “tasas chinas”. Están en lo cierto, pero no es necesario ser un economista profesional para entender que sin energía suficiente será imposible prolongar la racha por mucho tiempo más. La situación en que se encuentran los responsables de la política económica nacional se asemeja a la de quien gasta todo su dinero adquiriendo un auto carísimo y no puede aprovecharlo porque le falta lo necesario para comprar nafta. Por lo demás, el que en adelante nos veamos obligados a importar energía a un costo abultado significa el fin del superávit comercial al que nos hemos acostumbrado. Últimamente se ha anunciado el descubrimiento de grandes reservas de petróleo y gas, pero para explotarlas debidamente se requerirán inversiones enormes que el Estado no está en condiciones de emprender. En cuanto a las empresas privadas, tienen motivos de sobra para resistirse a comprometerse en un país gobernado por populistas que no ocultan el desprecio que sienten por trivialidades como la seguridad jurídica que a su entender sólo interesan a “neoliberales”. Para que la gente no comience a preocuparse demasiado por los problemas del sector energético, el gobierno ha creado un sistema absurdamente complicado de subsidios en beneficio principalmente de la clase media urbana que, como es notorio, es proclive a oponerse esporádicamente a las pretensiones hegemónicas del kirchnerismo, pero los costos supuestos –según los analistas, este año se acercarán a 10.000 millones de dólares– hacen temer que el esquema se agote en los meses próximos. Con todo, aunque a esta altura hasta los populistas más decididos se habrán dado cuenta de lo urgente que es cambiar radicalmente la política energética del país, es poco probable que el gobierno se anime a modificarla antes de las elecciones fijadas para octubre aun cuando entienda que, cuanto más se demore la toma de las medidas necesarias, más traumático será el impacto en el costo de vida de buena parte de la población.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 860.988 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Martes 14 de junio de 2011
Todos los “modelos” populistas se caracterizan por el despilfarro de recursos acumulados antes de su puesta en marcha. El kirchnerista no es una excepción. Pudo funcionar por varios años gracias a lo hecho por gobiernos anteriores, entre ellos los encabezados por el presidente Carlos Menem en la década de los noventa, combinado con una coyuntura internacional insólitamente favorable que nos ha permitido disfrutar de una larga serie de superávits comerciales, pero ya es evidente que tiene los días contados. Además de ser inflacionario y depender de la transferencia de cantidades cada vez mayores de dinero del sector privado a “la caja” gubernamental, para entonces ir a los bolsillos de operadores políticos clientelistas, empresarios cortesanos, funcionarios a cargo de esquemas “sociales” como el supuesto por “fútbol para todos” y otros especialistas en aprovechar las necesidades del Poder Ejecutivo, es forzosamente cortoplacista. Basado como está en el consumo de lo ya existente, el “modelo” kirchnerista termina consumiéndose a sí mismo. Es la política de la descapitalización. Así, pues, no es del todo sorprendente que el país haya dejado de autoabastecerse de energía. Se estima que en el transcurso de este año electoral tendremos que gastar aproximadamente 3.000 millones de dólares para importar lo que necesitamos para seguir funcionando desde Bolivia, Venezuela y otros países que, desde luego, cobran los precios fijados por el mercado internacional. ¿Y el año que viene? Nadie quiere arriesgar una cifra, pero con toda seguridad será más elevada. Mientras que durante la gestión de Néstor Kirchner disfrutamos de un superávit superior a los 5.000 millones, en la de su esposa lo hemos visto achicarse con rapidez hasta desaparecer por completo. Al asumir la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner heredó las consecuencias previsibles de una política energética insensata que, según parece, se basó en la noción de que el sector fuera tan rentable que privar a las empresas de incentivos no tendría ningún efecto en la oferta. Quienes advirtieron que el resultado inevitable de dicha “estrategia” sería una merma peligrosa de la producción fueron denigrados como “neoliberales”. En un intento de minimizar el significado de lo que ha sucedido, los voceros oficiales lo atribuyen al crecimiento macroeconómico a “tasas chinas”. Están en lo cierto, pero no es necesario ser un economista profesional para entender que sin energía suficiente será imposible prolongar la racha por mucho tiempo más. La situación en que se encuentran los responsables de la política económica nacional se asemeja a la de quien gasta todo su dinero adquiriendo un auto carísimo y no puede aprovecharlo porque le falta lo necesario para comprar nafta. Por lo demás, el que en adelante nos veamos obligados a importar energía a un costo abultado significa el fin del superávit comercial al que nos hemos acostumbrado. Últimamente se ha anunciado el descubrimiento de grandes reservas de petróleo y gas, pero para explotarlas debidamente se requerirán inversiones enormes que el Estado no está en condiciones de emprender. En cuanto a las empresas privadas, tienen motivos de sobra para resistirse a comprometerse en un país gobernado por populistas que no ocultan el desprecio que sienten por trivialidades como la seguridad jurídica que a su entender sólo interesan a “neoliberales”. Para que la gente no comience a preocuparse demasiado por los problemas del sector energético, el gobierno ha creado un sistema absurdamente complicado de subsidios en beneficio principalmente de la clase media urbana que, como es notorio, es proclive a oponerse esporádicamente a las pretensiones hegemónicas del kirchnerismo, pero los costos supuestos –según los analistas, este año se acercarán a 10.000 millones de dólares– hacen temer que el esquema se agote en los meses próximos. Con todo, aunque a esta altura hasta los populistas más decididos se habrán dado cuenta de lo urgente que es cambiar radicalmente la política energética del país, es poco probable que el gobierno se anime a modificarla antes de las elecciones fijadas para octubre aun cuando entienda que, cuanto más se demore la toma de las medidas necesarias, más traumático será el impacto en el costo de vida de buena parte de la población.
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