Sinceridad

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

Para buena parte de los rionegrinos, la entrevista que hace pocos días brindó Alberto Weretilneck a este diario fue una de las primeras ocasiones para conocer el pensamiento de quien gobierna desde hace dos años. Fue novedoso por la gran cantidad de información que brindó sobre sus planes y proyectos. Además y por primera vez, el gobernador admitió que Río Negro se encamina a transitar un año muy difícil en lo que a finanzas públicas se refiere. La provincia se verá obligada a emitir bonos en dólares en el segundo semestre para solventar el desfinanciamiento estatal, y también a soportar severas medidas de recorte del gasto público que ocasionarán carencias en escuelas y hospitales, admitió. La franqueza de un mandatario es una señal positiva. Siempre lo es, por más dolorosas que sean las noticias que tenga para transmitir a la ciudadanía. No por nada Winston Churchill pasó a la historia por su sincero mensaje a los británicos, cuando al asumir como primer ministro en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, les dijo: “No tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”. Hay distancias: Churchill acababa de hacerse cargo de un gobierno maltrecho por las derrotas militares y con una larga guerra como perspectiva. Weretilneck, en cambio, gobierna hace dos años y ha contribuido con sus medidas a que la grave situación económica en la que encontró a la provincia empeorara hasta llegar a un punto en que no ofrece más alternativas que un ajuste severo. ¿Cuáles fueron tales decisiones? • A poco de asumir, se negó a revisar el pase a planta de unos 4.000 cargos de designación política que no tenían derecho a la estabilidad en el Estado, concretado por los radicales antes de dejar el poder. • Aumentó el número de funcionarios y les mantuvo el alto sueldo que había fijado Carlos Soria –quien, como contrapartida, había prometido una planta política reducida y eficiente–. • Siguió incrementando la planta de personal sumando 4.500 en un año. Si bien era necesario incorporar policías, guardiacárceles y docentes, pudo haber promovido la capacitación y reubicación de personal del Estado en lugar de sumar más obligaciones. • Garantizó a los policías un incremento salarial que, enseguida se demostró, supera la previsión presupuestaria para el sector y genera una expectativa en el resto de la administración pública que amenaza con absorber la inmensa mayoría de los recursos disponibles. Fue buena la sinceridad de Weretilneck, porque conocer la situación de las finanzas públicas a través de la ley de Presupuesto resulta imposible. Ese texto es un dibujo que no se corresponde con la realidad, sobre todo en lo que respecta a la masa salarial. El Presupuesto 2014 prevé para la administración pública gastos en Personal por $ 7.300 millones sin aumentos, sobre un total de $ 13.800 millones de gastos totales. Aun si el aumento salarial a otorgar no llegara al porcentaje dado a los policías sino que se ubicara en un más módico 20%, el gasto en salarios trepará a no menos de $ 8.700 millones. De ellos, unos $ 480 millones irán a pagar el incremento prometido a los policías. En suma, de cada 100 pesos que gaste el Estado durante este año, 63 irán a pagar sueldos. Los restantes 27 pesos tendrán que destinarse a pagar los servicios públicos de todas las oficinas del Estado, el combustible de los patrulleros y ambulancias, los insumos y derivaciones hospitalarias, el sostenimiento de hogares para menores y ancianos, la atención de la Salud Mental, la comida de los presos en todas las unidades penales, los subsidios y ayudas a la producción… En fin, todo lo que implica brindar servicios esenciales y aquellos que no lo son tanto. Para decepción del gobernador Weretilneck, el gasto operativo en un Estado es muy poco flexible. ¿Cómo definir cuáles serán las “carencias” a las que aludió en relación con hospitales, escuelas y comisarías, en las que ya nada sobra? Aun considerando las partidas de obras públicas, la mayoría de ellas se financian con recursos nacionales de asignación específica. Tal es el caso de las diez escuelas que acaban de ser licitadas, que solventará el Ministerio de Educación de la Nación. Varias obras están en ejecución en cárceles provinciales, pero son tan imprescindibles que resultaría oprobioso paralizarlas. Además, insumen montos relativamente bajos, que no solucionarían las necesidades de atención de la engrosada masa salarial. Detener la inversión en bienes de capital, por otro lado, implicaría comprometer la viabilidad del propio desenvolvimiento del Estado. En Derecho, la teoría de los actos propios impide a una persona alegar en su favor un principio, si previamente su comportamiento fue contrario a esa premisa. La doctrina hace honor a la coherencia y a la responsabilidad esperables. Además, se funda en el respeto al prójimo y a las expectativas que las personas con las que interactuamos se forman al ver nuestro modo de comportarnos. Si siempre hemos hecho las cosas de un modo, ¿cómo podríamos invocar argumentos en el sentido contrario? La afectación a los terceros es indudable. Si el Estado puede pagar altos sueldos y contratar funcionarios y empleados, ¿cómo podría ahora decirles a quienes hace muchos años se desempeñan en él que no tiene dinero para solventar sus salarios? ¿Cómo advertir que “habrá carencias” en escuelas y hospitales, cuando nada se ha hecho para prevenirlas? Como suele suceder, serán aquellos sectores más vulnerables de la población los más perjudicados: los que asisten a hospitales y a escuelas públicas, los que no pueden pagar un servicio privado de seguridad y dependen de la Policía para la tarea de prevención, los justiciables, los presos en las cárceles de la provincia, los pequeños productores que requieren de la asistencia provincial… Durante años, las advertencias sobre el desmanejo del déficit fiscal fueron desatendidas por los gobiernos radicales, y Weretilneck no se ha comportado de modo diferente. Ahora apuesta a sortear la situación echando mano a un impreciso “ajuste”, a una igualmente vaga “señal de austeridad” en los ingresos de los funcionarios, y a dos instrumentos: la emisión de bonos en dólares y el uso del dinero que la provincia reciba por la renegociación de los contratos petroleros. En el primer caso, con un dólar oficial que busca crecer hasta reducir la brecha con el blue, los costos financieros podrían ser incluso superiores a un interés bancario. En cuanto a la renegociación de los contratos petroleros, el dinero a recibir corresponderá a un aporte de capital, que –por lógica– debería ser utilizado para invertir en la infraestructura necesaria para generar en la provincia una economía sustitutiva a la derivada del petróleo. Usar esos fondos para pagar salarios, aun cuando sea bajo la fachada de cambiar la asignación de partidas de obras para disimular, resultaría equiparable a malversar el futuro de los rionegrinos.

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