Causa Techo Digno: avanza el control de acusación contra exintendentes de Sierra Grande

En los tribunales de la capital provincial se realizó una nueva audiencia de control de acusación en la causa que investiga posibles maniobras fraudulentas en el Programa Federal de Viviendas «Techo Digno» en Sierra Grande y que tiene como imputados a los exintendentes Renzo Tamburrini y Adrián Iribarren, además de otros funcionarios municipales.

La audiencia continuará el lunes 29 de este mes, ya se sabe que la Fiscalía aportará un listado con unos 25 testigos, un número similar será propuesto por las distintas defensas y una vez concluida esta etapa corre el plazo de 60 días para la fijación de la fecha del juicio oral y público que, se estima, podría iniciarse a mediados de 2026.

La jornada comenzó además con un nuevo pedido de los abogados defensores para que se declare la incompetencia en el fuero provincial y la causa se dirima en el ámbito de la justicia federal pero la jueza Daniela Zágari rechazó esos planteos y dispuso que comience la discusión entre las partes acerca de la prueba que se producirá en el debate oral.

El Ministerio Público Fiscal detalló la acusación en dos hechos que tiene como imputados a los dos exintendentes y varios colaboradores en sus respectivas gestiones, y presentó la calificación legal común de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con uso de documento público falso, asignada a todos los implicados en calidad de coautores.

Los hechos presentados por la Fiscalía

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En el primero se destacó que entre 2014 y 2015, en el marco del mencionado programa, el exintendente Tamburrini celebró con el Estado Nacional el convenio para construir 40 viviendas e infraestructura. El municipio recibió $16.689.525,64 (92 % del total), destinados exclusivamente a esa obra, asumiendo obligaciones estrictas de certificación, control, rendición de cuentas y restitución de fondos.

La acusación sostiene que durante 2015, Tamburrini, junto con el secretario de Gobierno y Hacienda Mauro Tamburrini, y el secretario de Obras Ernesto Héctor Noel, autorizó y certificó pagos a la empresa Construcciones Normalizadas Viedma S.A., por un total de $12.861.207,89. Para ello confeccionaron ocho certificados de obra que consignaban un avance falso del 71,03 %, cuando una auditoría posterior determinó que el avance real era solo del 42,21 %.

Cada certificado dio origen a resoluciones municipales firmadas por Renzo y Mauro Tamburrini, habilitando pagos basados en avances inexistentes. Como resultado de la maniobra, la empresa constructora cobró un 28 % más de lo que correspondía según el contrato y se produjo un perjuicio patrimonial al municipio estimado en $793.480.666,03 (a marzo de 2025) Con fondos del mismo programa, se efectuó además un pago adicional de $1.000.000 por un certificado igualmente falso —6,98 % de avance en movimiento de suelos— vinculado al convenio que solventaba infraestructura y nexos.

En el segundo de los hechos, el Ministerio Público imputó que el exintendente Iribarren «continuó la ejecución de dichos convenios nacionales» y señaló que «sin haberse recibido desembolsos nacionales correspondientes al convenio de infraestructura, Iribarren, junto con la secretaria de Gobierno Claudia Albariño, ordenó dos pagos a la empresa Construcciones Normalizadas Viedma SA».

Para justificar esos pagos, sostiene la acusación, se utilizaron certificados falsos emitidos por Miguel Ángel Mesa, secretario de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, que atribuían un avance inexistente en el ítem movimiento de suelos, por un total del 14,02 % de la adenda de infraestructura.

En abril de 2016, una inspección del IPPV y un posterior análisis técnico confirmaron que no existían movimientos de suelo ejecutados. La única obra comprobada era el zanjeo de 14 viviendas para redes de agua y cloacas, y el avance certificado no coincidía con el estado real ni con lo previsto para la infraestructura del programa.

En este segundo hecho, la acusación sostiene que se pagó indebidamente a la empresa aproximadamente dos millones de pesos entre febrero y marzo de 2016. El perjuicio actualizado asciende a $212.388.009,01.