Desde Neuquén, le contestan a Cúneo Libarona: “Lo que intentan hacer es un festival de impunidad”
El Gobierno anunció que revisarán las indemnizaciones para víctimas del terrorismo de Estado. La decisión fue anunciada por el ministro de Justicia de la Nación. Desde organismos de Derechos Humanos aseguran que ni la denuncia ni la irregularidad es nueva.
Madres de Plaza de Mayo Filial Neuquén y Alto Valle encabezaron el acto de cierre del 24 de marzo de 2024 en Neuquén. Foto: Diario RIO NEGRO.-
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación anunció que suspenderá el pago de reparación patrimonial a víctimas de la última dictadura militar. El propio ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona lo anunció vía X (exTwitter). Compartió un comunicado en el que explica que se realizará una auditoría a partir de irregularidades que encontró desde que asumió. Pero, ni la denuncia ni la irregularidad es nueva.
Desde @jusgobar dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado. pic.twitter.com/pvHKVx1kdV
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) April 22, 2024
La medida fue festejada por sectores que niegan los crímenes cometidos en la última dictadura militar. La vicepresidenta, Victoria Villarruel aplaudió también en redes sociales. Publicó: “hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DDHH. Auditar el curro de los DDHH que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones”.
Lo dije en campaña, hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DDHH. Auditar el curro de los DDHH que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones. Celebro la decisión del ministro Cuneo Libarona… https://t.co/z442A9sfCQ
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 23, 2024
Lejos del festejo, la denuncia no es nueva. En diálogo con LN+ Mariano Cúneo Libarona justificó el comunicado y la decisión. “Descubrimos distintos juicios con autos de procesamiento confirmados por la cámara de asociación ilícita de gente que inventaba con documentos falsos, testigos falsos, reclamaban y percibieron más de 150.000 dólares”, dijo. Pero, el exministro Horacio Pietragalla Corti lo contradijo:
Ministro @m_cuneolibarona estaría bueno que aclare que la denuncia a estos delincuentes la realice yo, es decir nosotros los descubrimos. Claramente es una estrategia para no dar respuestas a los expedientes actuales, dilatar las obligaciones del estado, no reconocer a las… https://t.co/tbipilN2Fj
— Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora) April 23, 2024
La denuncia a la que se refiere Mariano Cúneo Libarona fue impulsada por víctimas del terrorismo de Estado y por la Secretaría de Derechos Humanos durante la gestión de Horacio Pietragalla Corti.
El caso que menciona el actual ministro y con el que argumenta la auditoría es el de Adrián Martínez Moreira. Un hombre, procesado en junio de 2023, que fue acusado de ser el organizador de una asociación ilícita en la que falsificaba pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y expedientes de reclamos por leyes reparatorias.
Desde Neuquén, le contestan a Cúneo Libarona
En Neuquén se está desarrollando en VIII tramo del juicio por lesa humanidad de “La Escuelita”. En esta ocasión se juzga la responsabilidad civil durante la última dictadura militar. Puntualmente se investiga el accionar del exjuez federal Pedro Duarte y del exfiscal federal Víctor Ortiz. Están acusados de la omisión de promover la persecución penal de los delitos padecidos por 23 víctimas y como partícipes de sus privaciones ilegales de la libertad. A Duarte también se lo acusa de prevaricato.
Natalia Hormazabal es integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y forma parte de una de las querellas de los juicios por lesa humanidad que se desarrollan en Neuquén y dejó clara su postura: “me parece que es canallesco porque este Estado es el mismo que cometió el genocidio, quien continuó intentando generar un manto de sospecha sobre los sobrevivientes, quien a casi 50 años continúa perpetrando esos mismos crímenes al no abrir los archivos de la represión, ocultando qué hicieron con los desaparecidos y desaparecidas y con las personas con identidad apropiada, cuando hay un solo puñado de represores condenados en todo el país y después de 20 años de juicios de lesa humanidad”. Y suma: “más que un festival de pago – en referencia a los dichos de Cúneo Libarona -, creo que lo que este gobierno intenta es un festival de impunidad”.
Natalia Hormazabal, junto al CeProDH, representa a Inés Rigo y Oscar Ragni y explica que ellos nunca han querido aceptar ninguna reparación económica del Estado, “han considerado siempre que lo único que exigen al Estado es saber qué hicieron con su hijo y con sus compañeros”, explica Hormazabal.
Para Hormazabal hay “una cruzada muy concreta” desde el gobierno nacional hacia las ideas que defienden desde hace más de 50 años, Madres de Plaza de Mayo, organismos de derechos humanos. «Contra peleamos contra la impunidad y porque se reconozca lo que ocurrió en Argentina a partir del golpe de Estado del 76. Este gobierno intenta terminar con la lucha y organización que nació, primero durante la dictadura, luego para anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y luego para llevar adelante estos juicios contra los delitos de lesa humanidad que hace más de 20 años se llevan adelante en todo el país”.
Para Hormazabal estas declaraciones forman parte de la estrategia que tiene el gobierno nacional de “generar todo el tiempo noticias que atacan al mismo tiempo y que adoctrinan a todos aquellos que se sienten representados por ellos. Estos anuncios tienen que ver con generar un poco de ruido, más que lo que concretamente el gobierno pueda hacer”.
Antes de cerrar Hormazabal es enfática: “quieren generar un manto de sospechas, que tiene que ver con su negacionismo. Con ensuciar a todo aquello que se ha levantado durante casi 50 años peleando contra la impunidad, pero también contra el olvido”.
Leyes reparatorias
Las leyes reparatorias fueron aprobadas por indicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Estas normativas apuntaron en un primer momento a presos y presas políticas y quienes estuvieron detenidos ilegalmente durante la dictadura (ley 24.043). Después se ampliaron a familiares de personas desaparecidas o asesinadas (ley 24.411) luego a quienes nacieron en cautiverio o estuvieron secuestradas con sus padres (ley 25.914) y a quienes debieron sufrir el exilio por la persecución (la ley 25.564 amplía el universo).
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