Neuquén aprobó una ley clave para el abordaje integral del VIH, hepatitis virales e ITS

Neuquén decidió esta semana dar un giro en su política sanitaria: por unanimidad, la Legislatura aprobó una nueva ley que redefine cómo la provincia aborda el VIH, las hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual. La norma propone una respuesta integral que convoca a múltiples actores del Estado y de la sociedad.

La Legislatura provincial aprobó por unanimidad la Ley 17.850, por la cual la provincia adhiere a la Ley nacional 27.675 de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y tuberculosis (TBC).

La norma, que obtuvo despacho favorable en tres comisiones legislativas, Desarrollo Humano y Social, Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, y Hacienda y Presupuesto, marca un cambio. Ya no se trata solo de la respuesta sanitaria tradicional, sino de integrar áreas como Educación, Trabajo, Desarrollo Humano, Gobierno y organizaciones civiles para garantizar derechos, prevenir nuevos contagios y combatir el estigma.

Uno de los puntos centrales de la ley es la creación de la Comisión Multisectorial e Interministerial de Respuesta Integral al VIH, Sida, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis, que funcionará dentro del Ministerio de Salud. Estará integrada por representantes de distintos ministerios y por organizaciones de la sociedad civil, y todos sus miembros trabajarán ad honorem.

La comisión tendrá a su cargo la elaboración de planes de acción, la coordinación con organismos nacionales y locales, la producción de informes de impacto y la elevación anual de las partidas presupuestarias necesarias para los programas.

Luciana Moya, médica infectóloga y directora de Prevención de Factores de Riesgo de la subsecretaría de Salud, expresó: “Creo que es importante porque nos da un marco legal a nivel provincial para empezar a trabajar interinstitucionalmente. Hasta ahora el abordaje se hacía desde el Ministerio de Salud, pero hay un montón de otras instituciones que también tienen intervención. La idea es brindar un abordaje más integral, que es lo que plantea la ley, y tratar de resolver todas las situaciones inherentes a las personas que viven con VIH».

Moya expuso: “La fortaleza de la ley es justamente el marco legal para trabajar interinstitucionalmente y poder formar esta comisión que además va a tener la participación de las ONG. Está bueno que las personas que conviven con el virus participen en la toma de decisiones de políticas públicas”.

La ley nacional a la que Neuquén se adhiere ahora actualiza una normativa de principios de los 90 centrada casi exclusivamente en el seguimiento clínico. El nuevo marco incorpora dimensiones fundamentales: no discriminación, acceso a derechos, educación, acompañamiento laboral y articulación institucional.

Aún no hay fecha para la primera reunión de la nueva comisión. “La ley se aprobó el miércoles de la semana pasada. Ahora tenemos que sentarnos con el equipo de gestión para pensar cuándo convocar. La idea es arrancar cuando podamos garantizar que todos los sectores estén presentes”.

La convocatoria incluirá a todas las organizaciones interesadas: “Nosotras desde Salud vamos a convocar a todas las organizaciones que quieran participar. La ley incorpora algunas como obligatorias, pero la participación es abierta», destacó.

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1 de diciembre, día provincial del Sida

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La nueva ley también instituye el 1° de diciembre como Día Provincial del Sida, alineado con la jornada internacional promovida por la OMS y ONU Sida. En esa fecha, los organismos del Estado deberán impulsar acciones de prevención, sensibilización y reducción del estigma, en conjunto con municipios e instituciones educativas.

Luciana adelantó: “se viene el 1 de diciembre, así que estamos trabajando en una campaña de prevención en toda la provincia”.

Con esta ley, Neuquén se suma de manera formal a una política sanitaria que entiende que la salud no se resuelve de manera aislada. La creación de la comisión, la apertura a organizaciones civiles, la articulación con educación, trabajo y otros ministerios y organizaciones civiles representan un cambio de paradigma: uno que busca garantizar derechos, mejorar la calidad de vida y profundizar la prevención.