Viviendas en Río Negro: el Estado sigue cediendo las políticas habitacionales

El Estado provincial transfiere unos 50 millones de pesos mensuales a gremios estatales con el objetivo que ejecuten políticas habitacionales para sus afiliados.

La asignación pública no es nada menor. Representa un cuarto de las transferencias nacionales del Fonavi a Río Negro, que no llega a los 200 millones por mes, considerando sus envíos por 733 millones en el primer cuatrimestre.

Esta cesión de recursos públicos a las organizaciones sindicales y la tercerización de la respuesta estatal al déficit habitacional en Río Negro es la evidencia plena de la presente inexistencia del IPPV.

En concreto, la provincia de Río Negro conformó fondos específicos, con asignaciones del Estado, en favor de sectores de agentes públicos con el propósito de conformar «instrumentos y políticas necesarias para garantizarles el acceso a una vivienda».

El mecanismo y la utilización de los depósitos corresponden a consejos puntuales, con mayoría de miembros del sindicato y, también, participación de funcionarios. Pero, el Fondo es administrado por Río Negro Fiduciaria.

En la Provincia se establecen transferencias públicas a cuatro sectores de estatales.

El antecedente pertenece al Fondo para Viviendas del Personal Legislativo (APEL), creado en el 2010 por una resolución de la Legislatura (N° 788), durante la gestión de Bautista Mendioroz. En ese caso, el aporte estatal equivale al 2% de la masa salarial del sector y otorga la administración plena al gremio, que derivó en la defraudación conocida con condenas al exsecretario general, Alejandro Gatica, entre otros.

Estas transferencias se mantienen aunque, desde el 2014, el Fondo está intervenido y lo maneja la Secretaría Administrativa de la Legislatura. Esos dineros -actualmente- se atesoran en una cuenta intervenida, después que se concluyó con la titularización de los terrenos y la incumplida construcción de los servicios por parte de APEL.

Ahora, los legislativos construyen sus viviendas, según sus posibilidades.

Las partidas de la Tesorería General a las cuentas de la Legislatura por ese concepto se aproximan a los 10 millones. Fácilmente, en 13 años de continuidad, esa cesión de recursos públicos -a valores actuales- superan los 1.500 millones.

En el 2019, el Poder Ejecutivo instrumentó su propio diseño, incorporando las enseñanzas de los irregulares usos del Fondo para el personal legislativo.

En el marco de negociaciones gremiales y de la incapacidad del IPPV, el gobierno de Alberto Weretilneck concedió en abril a Unter su Fondo Docente (ley N° 5363) y, luego, en agosto, lo repitió con ATE (ley N° 5381). En septiembre, la Policía tuvo su norma (ley N° 5386) aunque, en su caso, nunca se concretó el Fondo por falta de reglamentación.

Las tres normas repiten el porcentaje y el destino. Los montos se originan en el 0,5% de las masas salariales de cada agrupación, con un recorte en relación al de la Legislatura, que es del 2%.

En el propósito también se reitera que irán a políticas habitacionales de sus agentes. En el caso de ATE, el texto es más específico. Precisa afiliados del sindicato como destinatarios y la partida salarial de los mismos para el cálculo de las transferencias.

Existieron otras solicitudes de Fondos similares –de UPCN y Sitrajur- pero no prosperaron.

Las tres asignaciones del Ejecutivo para viviendas se renovaron. Primero lo consiguió ATE, en diciembre, y aventajó a Unter, relegada en la consideración de la gobernadora Arabela Carreras por el conflicto docente de inicio de año. Este mes recién consiguió su ratificación.

Hasta ahora, desde la Tesorería, se enviaron al Fondo docente 638 millones mientras que al de ATE llegaron a 161 millones. Sumaron casi 800 millones. El equivalente policial aún no existe.

Así, con la continuidad de los aportes al legislativo, la Provincia distribuyó más de 2.300 millones para políticas habitacionales tercerizadas en los gremios.

Según las estimaciones, ATE recibe casi 6 millones mensuales, Unter superará los 33 millones y la Legislatura rondará los 11 millones. La previsión para policías estará en los 10 millones.

En un repaso de concreciones, el Fondo de APEL -con 13 años- permitió finalmente medio millar de lotes, con servicios.

Unter y ATE lograron las reglamentaciones y la conformación de sus Consejos, activando sus respectivos Fondo. Suman año y medio de existencia.

Este año, la organización docente puso en marcha un proceso de créditos y licitó obras de servicios para 200 terrenos en Viedma.

Unos 136 milones ya fueron asignados para préstamos (34 millones) y obras de infraestructura (102 millones).

En cambio, ATE no concretó ninguna medida, que -según dijo Fabio Polizzi- se orientará inicialmente a líneas de créditos, que serán similares a las operatorias de Unter, planificada para construcción o refacciones, con montos máximos, y actualización de las cuotas ligadas a los aumentos salariales.

Este gremio parte de una dificultad: no dispone de terrenos. La Unter empezó con 649 lotes propios.

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Un beneficio a policías que no tuvo ninguna concreción

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El Fondo para el sector policial se renovó en la última sesión legislativa, ratificando la política de aportes para respuestas habitacionales focalizadas en los estatales.

Esa prórroga se cumplió conjuntamente con el tratamiento de la misma asignación pública para Unter aunque en el caso de la Policía no se atesoró nada en los tres años de vigencia de la norma. Ocurre que Seguridad nunca avanzó en su instrumentación entonces Economía no transfirió ningún Fondo.

En septiembre del 2019, la Legislatura aprobó el programa Habitacional para el Personal Policial, que se constituiría en la ley 5.386.

La norma repetía el mecanismo fijado para ATE y Unter, es decir, la fijación de un aporte estatal equivalente al 0,5% de la masa salarial del sector con “el fin de planificar y desarrollar los instrumentos y políticas necesarias para garantizar el acceso a una vivienda digna para el personal policial activo y retirado”.

La ley establece que «la autoridad de aplicación es el ministerio de Seguridad y Justicia», quien se debía ocupar de su reglamentación.

Ese esquema no se cumplió en los tres años y, en consecuencia, ese previsto Fondo policial nunca se conformó.

En el marco de la renovación para Unter, el Ejecutivo retomó esa intención no concretada y renovó por tres años la vigencia de una ley que no tuvo ningún efecto.

La cuestión habitacional es un reclamo insistente y silencioso en la fuerza y, por eso, el año pasado, enmarcado en el diálogo con la Mesa de Diálogo con los centros de Jubilados, el gobierno provincial anunció que los policías inscriptos para ingresar al Programa Suelo Urbano tendrían un sorteo independiente y, además, se prometió el financiamiento por parte del IPPV para la compra de materiales para la construcción y se puede acceder a tres planos de obra de manera gratuita.

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El costoso antecedente en favor de los legislativos

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La Legislatura fue la innovadora con este diseño en favor de su sindicato, por cierto, esa experiencia se registra con un resultado negativo por las irregularidades en su administración por parte de la anterior conducción de APEL. Este proceso concluyó con varias condenas penales a dirigentes por desvíos.

A partir del 2010, ese Poder asignó -directamente- un 2% a un Fondo de Viviendas, bajo la administración del sindicato de los legislativos.

En los primeros cuatro años, los recursos tuvieron usos irregulares en la compra y adjudicación de unos 500 loteos, con promesas de servicios.

Así, la Legislatura interviene y administra ese Fondo, a partir del 2014.

Esa disponibilidad inicialmente fue destinada a cumplir con las obligaciones pendientes del gremio con un loteo pactado con los adjudicatarios.

Estos compromisos ya se cumplieron y, actualmente, las transferencias de la Tesorería General se cumplen, pero son recursos que se acumulan, sin destino aún.

APEL, conducido actualmente por Gustavo Morón, viene reclamando la restitución del Fondo para su manejo, pero las autoridades legislativas no responden y, según dijeron a RIO NEGRO, la intervención fue votada por el cuerpo entonces la nueva cesión pertenece a los legisladores.

En relación a la causa, el hoy extitular de APEL, Alejandro Gatica fue condenado a tres años y medio de prisión en suspenso y el pago al Estado de 15 millones. Ese desembolso fue sustituido por la cesión de 8 hectáreas en un loteo en Viedma. Existieron otras condenas menores.

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La UnTER asignó préstamos y licitó redes para un loteo

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Unter avanzó en la utilización de su fondo, con el otorgamiento de créditos y la adjudicación para la construcción de redes de servicios en un loteo en la Capital provincial.

En julio, la conducción de la organización, encabezada por Silvana Inostroza, presentó la puesta en marcha del proyecto de concretar la infraestructura para 200 lotes en Viedma.

Anteriormente, en una primera etapa, se otorgaron 173 créditos, a partir de 873 solicitantes.

El monto total por los prestamos rondó los 34 millones, con 26 operaciones para construcción por 18,5 millones, 74 contratos para ampliación por unos 12,5 millones; 61 firmas para la refacción por 6,5 millones y, finalmente, 12 créditos para “puesta de servicios” por unos 450 mil pesos.

En relación a los préstamos, el secretario de Desarrollo Social del sindicato, Martín Preciado indicó que la inscripción está cerrada pero se lanzará nuevamente, con montos actualizados.

Con los valores iniciales, los topes de otorgamiento por líneas son los siguientes: 1,5 millón para construcción, 425 mil pesos para refacción, 300 mil para ampliación y 150 mil para servicios.

Los plazos de devolución dependen de la cantidad y los salarios del beneficiario -considerando que la cuota no puede superar el 20% de los ingresos- aunque se ofrecen en 12, 24 y 36 meses. “La idea -resaltó Preciado- es que con la devolución retroalimente el Fondo y poder continuar con la línea de créditos”.

El 3 de julio, la Unter abrió las ofertas para construir los servicios en un predio en Viedma. Con cuatro ofertas, el sindicato adjudicó a Cementos del Valle ambas licitaciones: el cordón cuneta por 62,5 millones de pesos y las redes de agua por 39,7 millones, totalizando unos 102,2 millones de pesos.

Los servicios previstos -que se estiman se iniciarán en agosto y un plazo de seis meses- alcanzarán a 200 lotes, de los cuales, «100 ya tienen sus preadjudicatorios y faltan las definiciones en los restantes», recuerda el dirigente gremial.

En el acto de apertura de ofertas, Marcelo Nervi, histórico dirigente de Unter y hoy vocal gremial en el CPE, resaltó ese inicio en la concreción de un viejo anhelo de la organización en dar respuesta a las necesidades docentes por viviendas.

La dirigencia propone inicialmente las asignaciones crediticias y la infraestructura con el Fondo provincial mientras recuerda un compromiso de la Provincia para la ejecución de 40 viviendas en Viedma, enmarcado en el Programa nacional Casa Propia, aún el mismo no registra todavía ninguna ejecución en Río Negro por diferentes complicaciones.

Nervi recordó que las obras licitadas se ejecutarán en una chacra, de 10 hectáreas, adquirida hace 20 años.

Con ese terreno, la Unter registra 649 lotes para «acompañar el acceso al derecho a la vivienda de las familias docentes».

Además de los 200 en la Capital, el gremio presenta tierras para planes habitaciones en otros 16 municipios: Roca, Conesa, Comallo, Jacobacci, Maquinchao, San Antonio Oeste, Sierra Grande, Catriel, Sierra Colorada, Los Menucos, Ramos Mexia, Huergo, Choele Choel, Lamarque, Cinco Saltos y Río Colorado.