Torre de Periodistas: confirman el robo de los departamentos en Neuquén como delito de lesa humanidad

La Cámara Federal de Apelaciones de Roca confirmó ayer el procesamiento de dos oficiales de inteligencia del Ejército en la causa en la que se investiga la apropiación de bienes durante la dictadura cívico-militar en la región. El tribunal de alzada respaldó todos los conceptos vertidos por el juez Gustavo Villanueva durante el procesamiento, por lo que la apropiación de los departamentos en la Torre de Periodistas quedó sustanciada como imprescriptible, como los crímenes de lesa humanidad.

El fallo fue de los camaristas Richar Gallego y Mariano Lozano quienes consideraron que «no resulta necesario consignar criterios no considerados por el juez que previno», por lo que se remitieron a confirmar en un todo los fundamentos del juez Gustavo Villanueva cuando procesó a Héctor Di Pasquale y Sergio San Martín.

Ambos militares, especializados en inteligencia, estuvieron el martes -vía remoto- en juicio que se lleva a cabo en Neuquén capital, acusados del homicidio de dos mujeres y dos hombres que siguen desaparecidos después del secuestro en Cipolletti en 1976, además de privaciones ilegales de la libertad y tormentos de más de una docena de personas.

Villanueva los procesó como partícipes necesarios de allanamiento ilegal, robo y defraudación por administración frauduenta.

Les endilgó haber participado de las maniobras que en 1.976 les permitieron quedarse con los departamentos que pertenecían a la cooperativa de Periodistas, muchos de los cuales se habían exiliado tras ser amenazados por la Triple A, o eran perseguidos políticos durante el Terrorismo de Estado en Neuquén.

Actualmente más de 20 departamentos del primer edificio de altura que tuvo Neuquén capital, siguen inscriptos como viviendas institucionales del Ejército, Policía Federal y otras fuerzas que en 1977 desadjudicaron a sus propietarios para llevar a cabo la maniobra de apropiación, al igual que la modificación del reglamento de copropiedad y de los planos, a fin de usar con otros fines lo que en la planta baja había sido destinado a Centro Cultural y a oficinas de los gremios gráficos y de periodistas.

Villanueva sostuvo que los delitos fueron cometidos “en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil” por lo que, a casi 50 años del golpe militar, declaró vigente el hecho criminal, por imprescriptibilidad.

Los fundadores de la cooperativa piden la restitución

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Tras la confirmación de Cámara de los procesamientos de Di Pasquale y San Martín, el ex diputado provincial, Mariano Mansilla (UNE), patrocinante de los herederos y de los miembros fundadores de la cooperativa, comunicó la presentación de un recurso administrativo ante el gobierno provincial para exigir la devolución de los bienes robados, con base en la responsabilidad de la provincia (con un gobernador de facto) en la maniobra.

En una conferencia de prensa que fue citada para la semana próxima, se dará a conocer la demanda civil en busca de lograr la restitución de los departamentos que siguen bajo la órbita del ministerio de Defensa desde 1977.