Tentaciones autoritarias

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Todos los gobiernos del mundo, incluyendo los democráticos, privilegian su propio “relato” por entender que les es necesario hacerle creer a la ciudadanía que está participando de un proyecto atractivo, pero sólo los dictatoriales castigan a quienes señalan que a su juicio no refleja la realidad. Pues bien: cuando de la economía se trata, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene demasiado en común con aquellos regímenes autoritarios o totalitarios que no vacilan en amordazar a los disidentes, multándolos o, en muchos casos encarcelándolos. Al permitir que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, amenace con someter a fuertes multas a consultoras privadas por difundir los resultados de sus intentos de medir la evolución de los precios al consumidor, la presidenta ha cruzado la línea que separa a los mandatarios democráticos de quienes no lo son. Según el funcionario más prepotente, procaz y polémico del equipo gubernamental, dichas consultoras se han acostumbrado a falsear los datos con el propósito de incidir en la marcha de la economía, o sea, sabotear “el modelo” haciendo creer que la tasa de inflación anual es superior al 25% cuando, conforme con las cifras producidas por el Indec intervenido, alcanzaría apenas el 10%. Es un disparate, claro está, y lo mismo puede decirse del intento de aplicar leyes destinadas a frustrar los esfuerzos de comerciantes deshonestos por manipular “el precio de las mercaderías, fondos públicos o valores, por medio de noticias falsas” y otras maniobras similares –leyes que, entre otras cosas, prevén penas de prisión de seis meses a dos años” para los infractores–, pero así y todo las consultoras tienen motivos de sobra para temer a Moreno que, con el aval de su jefa, actúa como si fuera un auténtico zar económico con pleno derecho a hacer todo cuanto se le antoje. También tienen motivos para preocuparse algunos que suponen que las consultoras son usinas “neoliberales” al servicio de personas proclives a exagerar la gravedad de los riesgos planteados por la inflación y que por lo tanto se sienten indiferentes ante lo que está sucediendo. A un gobierno que se atribuye el derecho a silenciarlas, no le sería nada difícil inventar pretextos para hacer callar a otros por afirmar que hay cada vez más delitos o por echar dudas sobre la veracidad de los resultados de ciertas encuestas de opinión. Puesto que a esta altura los kirchneristas se habrán dado cuenta de que el empleo de métodos propios de un Estado policíaco para impedir la difusión de datos sobre la marcha de la economía no les ha supuesto costos políticos insoportables, no extrañaría que se sintieran tentados a tratar de la misma manera a quienes se resisten a hacer suyo el relato de Cristina y sus asesores ideológicos, acusándolos de falsear hechos oficialmente comprobados. La ofensiva de Moreno contra las consultoras, combinada con la campaña furibunda de la presidenta, distintos voceros gubernamentales y un ejército nutrido de simpatizantes contra la prensa independiente que según ellos obedece servilmente las órdenes del CEO del grupo Clarín, Héctor Magnetto, pone en peligro la libertad de expresión y por lo tanto la democracia, un sistema que no puede mantenerse a menos que los más poderosos respeten el derecho de sus adversarios, y de todos los demás, a opinar a base de datos que creen dignos de confianza. Ya hay señales de que, debido a la vehemencia de los oficialistas, y a la conciencia de que el gobierno maneja mucho poder económico que aprovecha para premiar a quienes lo apoyan y perjudicar a otros, la autocensura ha vuelto a ser un problema preocupante. En efecto, las consultoras más prestigiosas han insinuado que podrían dejar de difundir los índices inflacionarios que confeccionan hasta que la Justicia haya confirmado que sea lícito hacerlo. En vista de la importancia fundamental del tema que, por supuesto, tiene connotaciones que no se limitan al ámbito económico, convendría que la Corte Suprema se pronuncie cuanto antes, poniendo fin así a la situación aberrante creada por las pretensiones desmedidas de un funcionario que, por cierto, no hubiera desentonado en un régimen fascista o comunista explícitamente comprometido con una sola verdad oficial.