Tomar y estrangular la educación pública



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Como un déjà vu, hoy se observa con preocupación cómo alrededor de veintinueve colegios porteños se encuentran nuevamente tomados por alumnos adolescentes.

En declaraciones radiales, el rector del Nacional Buenos Aires Gustavo Zorzoli relató con impotencia cómo ingresaban a su colegio en plena madrugada jóvenes de otras escuelas que “venían por la toma”.

Colegio que por otra parte fue absurdamente tomado, ya que en él no se tiene pensado implementar la reforma del secundario que desató la medida.

El proyecto de reforma busca que la secundaria “tenga un sentido” para los adolescentes, que esté vinculada con sus vidas cotidianas, que usen la tecnología y les dé herramientas para el desarrollo de la autonomía, así como más inserción en el mercado laboral. La idea es que comience a implementarse en el 2018 en el primer año de 17 escuelas.

El punto que despertó más polémica es que en el último año del nivel medio se establece un esquema de “prácticas profesionalizantes”, o pasantías, en empresas u otras organizaciones. Cuestión que es normal en colegios industriales desde hace años.

La protesta pide además que se implemente la ley de Educación Sexual Integral en todos los colegios y un protocolo para prevenir la violencia de género, que cese la intervención de la policía en los colegios y que se avance con las obras de infraestructura escolar. También, la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Los manifestantes criticaron finalmente que no fueron convocados ni padres, ni docentes para discutir la reforma. Cuestiones estas últimas comprensibles pero que pierden todo predicamento frente a la utilización de la fuerza con un marcado trasfondo político.

El apoderamiento de una institución por parte de los alumnos, a no dudarlo, es incompatible con las nociones más elementales de convivencia y educación.

Si bien es real que el momento para anunciar la medida ha sido inoportuno y que el llamado al diálogo de todos los sectores siempre es recomendable para que las reformas gocen de la legitimación necesaria, no menos cierto resulta que la toma de colegios es una reacción desproporcionada que desnuda la preocupante anomia con la que la educación pública convive.

Se produce así una encrucijada en que las autoridades –ni de éste, ni del anterior gobierno– no intervienen ni toman medidas por temor al costo político que podría conllevar. De tal suerte, se confía en que el tema tarde o temprano pase y la cuestión no repercuta negativamente en los medios... ni en los votos...

Sólo se arriesgan a bosquejar cómo se reintegrarán los días perdidos –casi siempre irrecuperables– y nadie siquiera atina a hablar de ningún tipo de sanción.

A la par surgen una serie de interrogantes: ¿dónde están los padres? ¿Quién vela por el alumno que cumple y quiere ir a la escuela a estudiar? Máxime cuando quienes concurren a las asambleas constituyen menos de la cuarta parte de los estudiantes de cada institución...

Está claro que el modelo actual educativo exige una revisión, ya que muchos estudiantes no completan el nivel medio y quienes lo consiguen tienen dificultades para interpretar textos y hacer pie en la universidad.

En tal orden, un estudio del CEA (Centro de Educación Argentina), publicado por “El País” el 21/2/17, revela que los egresados de la escuela pública equivalen al 31,9% de la cifra inicial de ingresantes; mientras que en los colegios privados dicho porcentaje se duplica (62%).

También resulta imprescindible un cambio desde la legalidad, ya que no existe ni un protocolo ni una norma operativa para que las autoridades apliquen en este tipo de circunstancias. Así los directivos se encuentran atados de pies y manos a la hora de intervenir frente a las tomas.

Por el contrario la jueza Elena Liberatori, en un penoso fallo, señala que cuando los alumnos toman las escuelas “están haciendo uso de sus derechos constitucionales”.

Cabe preguntarse: ¿qué sucede con el derecho a enseñar y aprender contemplado en el Art. 14 de la Constitución Nacional, cuando ni la mayoría de los alumnos, ni los profesores pueden gozar de los mismos, por la negativa de un grupo minúsculo de jóvenes?

Interrogantes que deberán responderse prontamente si se aspira a defender una escuela libre y gratuita, pero que además sea eficiente en su gestión.

La Argentina goza de uno de los accesos a la educación más generosos del planeta. Algo que admiran los extranjeros, pero descuidamos los propios. Una rara avis que sostenemos con nuestros impuestos, pero que no valoramos suficientemente porque nunca nos faltó.

Mientras este tipo de hechos se repita se terminará tomando y estrangulando a la educación pública, ya que muchos padres optarán, aun con sacrificio, por anotar a sus hijos en colegios privados donde no pierdan días de clase.

Lección de la que han aprendido la mayoría de los políticos argentinos, defendiendo en sus discursos la enseñanza pública y enviando a sus hijos a las mejores escuelas privadas...

*Abogado, profesor de Educación Física y docente universitario


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