Ultimo aviso

En un intento de poner fin a la crisis de autoridad que está experimentando su gobierno, el presidente Fernando de la Rúa acaba de lanzar un paquete de medidas que, espera, servirá no sólo para complacer a los mercados sino también para convencer a la ciudadanía de que es un líder fuerte que es bien capaz de gobernar el país con la firmeza que tantos creen que necesita. De estos dos objetivos, el primero debería resultar el más fácil porque, si bien la debilidad del gobierno ha contribuido a hacer más complicados los problemas económicos, en el caso de que por fin consiga eliminar el temor a que el déficit fiscal sea inmanejable tanto los inversores como los consumidores dejarán de creer que la Argentina se encamina hacia lo que a juicio de De la Rúa sería una «verdadera catástrofe». Después de todo, siempre y cuando las cuentas fiscales estén en orden, la inflación no constituya una amenaza y se de el mínimo imprescindible de seguridad jurídica, una economía puede crecer vigorosamente a pesar de la «histeria adolescente» de los políticos. De concretarse las medidas anunciadas por el presidente, el panorama financiero parecerá menos sombrío que en la actualidad. Asimismo, el «blindaje» supuesto por la ayuda extraordinaria de 20 mil millones de dólares que acaban de acordar el FMI más un grupo de bancos locales y las AFJP, brindará al país un margen muy similar al propuesto por el ex presidente Raúl Alfonsín cuando soñaba en voz alta con lo bueno que sería no tener que pagar la deuda externa durante un par de años. Claro, se trata de un préstamo, no de un regalo, y un día tendremos que devolverles el dinero, pero, como sabemos, a todos los gobernantes del país les encanta poder aumentar sus deudas: lo que les parece insoportable es tener que honrarlas algunos años después.

Desgraciadamente para De la Rúa, es de prever que en el corto plazo por lo menos sus esfuerzos por atenuar las dificultades macroeconómicas del país tengan consecuencias políticas negativas. Es que desde el punto de vista de todos salvo los «neoliberales», las medidas que el presidente anunció el viernes pasado suponen una derrota contundente para el «ala política» de la Alianza, la cual, obvio es decirlo, no siente ningún entusiasmo por la abolición del régimen de reparto previsional, por la decisión de elevar de 60 a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres o por la «terceriarización y privatización» del control y recaudación de algunos impuestos, medidas que son mucho más «liberales» que cualquiera de las decretadas por Carlos Menem. Por positivas que resulten dichas reformas, significan que una vez más el Estado se ha visto forzado a retirarse de ámbitos que siempre ha considerado propios. Puesto que casi todos los integrantes de la Alianza son estatistas convencidos, sorprendería que no se sintieran desmoralizados por el hecho de que en términos ideológicos «su» gobierno ya se haya ubicado bien a la derecha de su antecesor menemista.

En la raíz de la crisis política actual está la conciencia generalizada de que en verdad lo que efectivamente ha hecho el gobierno aliancista ha tenido muy poco que ver con la voluntad de la mayoría de sus dirigentes, para no hablar de sus promesas electorales. Si bien De la Rúa mismo es un conservador y distintas figuras gubernamentales como el ministro de Defensa Ricardo López Murphy comparten sus actitudes, casi todos los demás aliancistas se creen de centroizquierda. Es por eso que los que insisten en que a De la Rúa le convendría marginar a quienes se oponen al «rumbo», reemplazándolos por personas más comprometidas con la política económica vigente – o sea, que el gobierno se «delarruizara» – han sido acusados de conspirar contra el presidente aunque muchos sólo quisieran fortalecerlo. Si bien el país se ha acostumbrado a la confusión supuesta por la necesidad de que un presidente económicamente «liberal» dependa de un movimiento político de características netamente antiliberales, a De la Rúa le ha resultado especialmente difícil manejar la situación resultante, acaso porque a diferencia de Menem no desprecia a sus correligionarios, los cuales, por su parte, han estado mucho menos dispuestos que los peronistas a dejar todo en manos del jefe con tal que les asegure una cantidad adecuada de votos.