Un caso que salpica a muchos
Los macristas no son los únicos que ven en la fuga cinematográfica de tres delincuentes célebres de una cárcel de máxima seguridad un “mensaje mafioso” enviado por narcotraficantes y sus cómplices a un gobierno nuevo que se afirma resuelto a destruirlos. También lo creen muchos otros. Según quienes piensan así, se trata de una advertencia. Puede que lo fuera, pero sucede que han sido tantas las ramificaciones políticas del triple crimen de General Rodríguez de agosto del 2008, por el que los tres escapados, los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci fueron condenados a pasar el resto de sus días entre rejas, que los eventuales destinatarios del mensaje no se limitarán a miembros del gobierno nacional del presidente Mauricio Macri o del bonaerense de la gobernadora María Eugenia Vidal. También podrían incluir al exjefe de Gabinete del gobierno kirchnerista, Aníbal Fernández, cuya campaña electoral en la provincia de Buenos Aires se vio arruinada por Martín Lanatta que, en un programa televisivo, lo acusó de ser un narco que sus socios y enemigos llamaban “La Morsa” y por lo tanto el autor intelectual del triple crimen, funcionarios del gobierno provincial de Daniel Scioli presuntamente vinculados con la corrupción que es endémica en el sistema penitenciario bonaerense y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, puesto que uno de los asesinados en General Rodríguez había aportado dinero a su campaña electoral. De más está decir que todos los salpicados, directa o indirectamente, por lo que ha ocurrido están esforzándose por descifrar el “mensaje” de la manera que más les conviene, tratándolo ya como evidencia de la incapacidad de los macristas para combatir el narcotráfico o, lo que sería peor aún, como una “devolución de favores” por parte de los beneficiados, comenzando con la gobernadora Vidal, por las declaraciones de Lanatta acerca de la relación de su rival electoral, Aníbal Fernández, con el tráfico de efedrina, mientras que desde el lado oficialista, algunos atribuyen la fuga a la presunta complicidad de ciertos kirchneristas o sciolistas con los capos del crimen organizado. Aunque todo parece posible en el viciado mundillo político nacional, no cabe duda de que, hasta ahora, los más perjudicados por este episodio alarmante han sido Vidal, la ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich y los miembros de sus equipos respectivos. Si bien sería poco razonable suponer que tales funcionarios ayudaron a los delincuentes a escapar del penal de General Alvear, como quisieran hacer pensar algunos “resistentes” kirchneristas para los cuales el gobierno de Macri carece de legitimidad, el que tres sujetos tan notorios hayan logrado hacerlo con facilidad apenas concebible ha servido para llamar la atención a la magnitud del desafío que enfrentan los decididos a eliminar los cárteles de la droga. Por cierto, no podrán luchar con éxito contra los narcotraficantes sin la colaboración plena de la Policía bonaerense y el Servicio Penitenciario, pero si bien es de suponer que la mayoría de los efectivos quiere cumplir con su deber, nadie ignora que en sus filas hay algunos, tal vez muchos, que están más que dispuestos a privilegiar su relación con delincuentes a cambio de dinero. Asimismo, en vista de que Vidal ya había enviado a la Legislatura provincial un proyecto de ley para declarar en emergencia por un año el sistema penitenciario bonaerense, es lógico que estén bajo sospecha integrantes de la cúpula desplazada, entre ellos la exjefa Florencia Piermarini que, de todos modos, había renunciado días antes pero que, según el gobierno provincial, había aceptado quedarse hasta el 31 del mes para “no dejar el servicio acéfalo”. Sea como fuere, es de suponer que la incertidumbre imperante contribuyó a brindar a los delincuentes la oportunidad que esperaban para escaparse, a menos que haya sido cuestión, como algunos han sugerido, de un “secuestro”, lo que en teoría tendría sentido por ser cuestión de sujetos familiarizados con los vínculos entre el narcotráfico y el poder político. De ser así, no sorprendería en absoluto que, como se apuró a insinuar Aníbal Fernández, los tres aparecieran muertos, ya que, desde el punto de vista de muchos personajes inescrupulosos, saben demasiado y, de ser recapturados, no vacilarían en hablar.
Los macristas no son los únicos que ven en la fuga cinematográfica de tres delincuentes célebres de una cárcel de máxima seguridad un “mensaje mafioso” enviado por narcotraficantes y sus cómplices a un gobierno nuevo que se afirma resuelto a destruirlos. También lo creen muchos otros. Según quienes piensan así, se trata de una advertencia. Puede que lo fuera, pero sucede que han sido tantas las ramificaciones políticas del triple crimen de General Rodríguez de agosto del 2008, por el que los tres escapados, los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci fueron condenados a pasar el resto de sus días entre rejas, que los eventuales destinatarios del mensaje no se limitarán a miembros del gobierno nacional del presidente Mauricio Macri o del bonaerense de la gobernadora María Eugenia Vidal. También podrían incluir al exjefe de Gabinete del gobierno kirchnerista, Aníbal Fernández, cuya campaña electoral en la provincia de Buenos Aires se vio arruinada por Martín Lanatta que, en un programa televisivo, lo acusó de ser un narco que sus socios y enemigos llamaban “La Morsa” y por lo tanto el autor intelectual del triple crimen, funcionarios del gobierno provincial de Daniel Scioli presuntamente vinculados con la corrupción que es endémica en el sistema penitenciario bonaerense y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, puesto que uno de los asesinados en General Rodríguez había aportado dinero a su campaña electoral. De más está decir que todos los salpicados, directa o indirectamente, por lo que ha ocurrido están esforzándose por descifrar el “mensaje” de la manera que más les conviene, tratándolo ya como evidencia de la incapacidad de los macristas para combatir el narcotráfico o, lo que sería peor aún, como una “devolución de favores” por parte de los beneficiados, comenzando con la gobernadora Vidal, por las declaraciones de Lanatta acerca de la relación de su rival electoral, Aníbal Fernández, con el tráfico de efedrina, mientras que desde el lado oficialista, algunos atribuyen la fuga a la presunta complicidad de ciertos kirchneristas o sciolistas con los capos del crimen organizado. Aunque todo parece posible en el viciado mundillo político nacional, no cabe duda de que, hasta ahora, los más perjudicados por este episodio alarmante han sido Vidal, la ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich y los miembros de sus equipos respectivos. Si bien sería poco razonable suponer que tales funcionarios ayudaron a los delincuentes a escapar del penal de General Alvear, como quisieran hacer pensar algunos “resistentes” kirchneristas para los cuales el gobierno de Macri carece de legitimidad, el que tres sujetos tan notorios hayan logrado hacerlo con facilidad apenas concebible ha servido para llamar la atención a la magnitud del desafío que enfrentan los decididos a eliminar los cárteles de la droga. Por cierto, no podrán luchar con éxito contra los narcotraficantes sin la colaboración plena de la Policía bonaerense y el Servicio Penitenciario, pero si bien es de suponer que la mayoría de los efectivos quiere cumplir con su deber, nadie ignora que en sus filas hay algunos, tal vez muchos, que están más que dispuestos a privilegiar su relación con delincuentes a cambio de dinero. Asimismo, en vista de que Vidal ya había enviado a la Legislatura provincial un proyecto de ley para declarar en emergencia por un año el sistema penitenciario bonaerense, es lógico que estén bajo sospecha integrantes de la cúpula desplazada, entre ellos la exjefa Florencia Piermarini que, de todos modos, había renunciado días antes pero que, según el gobierno provincial, había aceptado quedarse hasta el 31 del mes para “no dejar el servicio acéfalo”. Sea como fuere, es de suponer que la incertidumbre imperante contribuyó a brindar a los delincuentes la oportunidad que esperaban para escaparse, a menos que haya sido cuestión, como algunos han sugerido, de un “secuestro”, lo que en teoría tendría sentido por ser cuestión de sujetos familiarizados con los vínculos entre el narcotráfico y el poder político. De ser así, no sorprendería en absoluto que, como se apuró a insinuar Aníbal Fernández, los tres aparecieran muertos, ya que, desde el punto de vista de muchos personajes inescrupulosos, saben demasiado y, de ser recapturados, no vacilarían en hablar.
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