Un conflicto docente más

Por ADRIAN PECOLLO

pecollowa@yahoo.com.ar

Un plan de lucha docente irrumpe en el escenario político-electoral de Río Negro.

«Hay que acordar ahora y evitar los conflictos con Unter en las proximidades de las elecciones», decía en marzo un hombre del gobierno de Saiz. Hoy se sabe equivocado en su apreciación.

Muchos factores confluyen en la actualización del conflicto. Varios tienen su origen en los anárquicos meses en que no se sabía de dirección ni de mando en Educación.

Gran parte de los males edilicios corresponde a problemas estructurales y a la desinversión estatal de años, provocada cuando los recursos eran orientados hacia otros fines. Otra porción quedó en las erráticas acciones planteadas desde la provincia, que favoreció una política de refacciones relacionada más con un instrumento de favores políticos y económicos que con una herramienta de respuesta pública. La administración de Saiz no adoptó otro camino y no está liberada, entonces, de las culpas que respecto de Educación acumulan los 22 años de gobierno radical.

Educación ejecuta 400 millones por año. El monto expresa su magnitud. No hay soluciones simples en esa complejidad. Con tres ministros en 20 meses, esa cartera siguió a los tumbos y mantuvo una histórica sucesión de iniciativas, muchas sólo enunciadas.

No es sencillo detectar pautas de continuidad. Se archivan ejecuciones mientras se desempolvan proyectos. Antes del 2000, Educación inició la implementación -con financiamiento externo- del legajo único de los alumnos y de los docentes y la sistematización del mapeo edilicio de las escuelas. A cinco años, esas iniciativas -con distintos grados de ejecución- se relativizan entre otras prioridades. Por caso, el legajo único, que permitiría el seguimiento de cada alumno, se paralizó cuando las computadoras destinadas a escuelas para ese propósito fueron a otros proyectos. Ahora se compran más PC, aunque todavía hay disparidad sobre su destino final.

Muestras palpables de un rumbo serpenteante. Mal podría avanzar Educación en reformas profundas sobre cuestiones pendientes (movilidad, ubicación y, entre otras, designación de cargos). La Unter se equivoca en ocasiones. Sólo expone la obviedad ante el debate de la movilidad: falta control gubernamental. Su rol institucional requiere también cuestionar los errores de los propios.

Objetivos cotidianos hacen inalcanzable la meta de reformas curriculares y contenidos educativos. «Los funcionarios no quieren paros, los docentes quieren cobrar y más y los padres quieren a sus hijos en las escuelas». Un sistema de complicidad que delineó Daniel Agostino al asumir la vocalía gubernamental del CPE.

Agostino ejemplificó metas particulares institucionalizadas y planteó el desafío de la gestión Barbeito de alcanzar objetivos superiores. Una visión que no parece generalizada si -por lo menos- se registra un reciente hecho: el viernes en Bariloche el licenciado Juan Carlos Tedesco abrió un área del debate pedagógico y el ministro no concurrió. Un gesto a contramano de los anuncios.

Otro enfoque de la coyuntura. La Unter convocó a dos paros de 48 horas para las dos semanas venideras. El ciclo perdió 12 días en el inicio del año y otros se acumularon por fallas edilicias en decenas de escuelas. No habrá curso con menos de 20 jornadas frustradas y ya nadie habla de los 180 días garantizados.

No hay frustraciones sin expectativas creadas. La gestión de Saiz com

prometió la quita de tickets y nuevas asignaciones familiares en el segundo semestre. Esas promesas constituían una real encrucijada para el gobierno.

«No fui yo, fuiste vos quien firmó ese compromiso», fue un planteo contundente de Barbeito al ministro Pablo Verani. Era cierto.

La Unter no aprovechó ese cuadro y, en cambio, consolidó una estrategia común ajena. Ofreció argumentos a Hacienda que alentaban la falta de razonabilidad gremial. Lo hizo cuando reclamó un haber base de 1.602 pesos («indexación salarial», en paritaria) y cuando en su plan de asignaciones quiso extender ese pago a desocupados. Un anhelo solidario pero alejado de la realidad actual.

Verani reiteró ante Barbeito la imposibilidad de mayores erogaciones por este año. «Nada -agregó- detendrá un plan de lucha gremial». Su par de Educación aceptó las razones y acordaron una posición pública: todo se trata de una «decisión política de Unter». Ese distanciamiento se detectó en la paritaria. También se sabe que Barbeito sigue monopolizando poder y aparta del centro de las decisiones al Consejo, una actitud que aleja más a Educación del gremio.

Aquellos objetivos salariales de Unter bien se pueden explicar frente a ideales igual de falaces que se generan en ámbitos institucionales, como el enganche salarial con la Justicia Federal planteado por el Superior Tribunal de Justicia para recomponer sus remuneraciones y la de los suyos. Esa determinación prevé que un juez del STJ cobrará igual que su par de la Corte, un monto que rondará los 18.000 pesos. Queda la respuesta presupuestaria que darán los otros dos poderes. Hay elementos jurídicos que se introducirán en la discusión. Un grupo técnico trabaja en esa oposición. La primera ley de Emergencia Económica -2.331 de 1989- en su artículo 16 excluye la aplicación de «toda fórmula para la determinación» salarial que «tenga como referencia retribuciones de carácter extraprovincial». El artículo siguiente alcanza a la Justicia y la Legislatura. Esta suspensión era por 180 días, pero la ley sigue vigente por las sucesivas prórrogas anuales. Un hilo suelto que requerirá de mayores argumentos.

Este presupuesto judicial profundiza la alerta financiera. El origen es más general: el alza constante de gastos frente a un futuro limitado en cuanto a ingresos.

Ese panorama fiscal atemoriza al ministro Verani. Con sus pares provinciales, el rionegrino escuchó el jueves a Roberto Lavagna, que expuso tres pilares del presupuesto nacional: no hay inclusión de subas salariales para el 2006 (sólo se contempla la progresión de los aumentos del 2005); la coparticipación crecerá cerca de un 10 por ciento y las erogaciones tendrán un techo en el 12 por ciento. Lavagna reclamó iguales limitaciones en las provincias, a la vez que reiteró la imposibilidad de asumir endeudamientos.

Los provinciales quedaron frente al vacío del desfinanciamiento. La evolución de las masas salariales no permite opciones. Los ministros dieron su opinión: la suba de impuestos propios será la única salida para obtener más recursos.

Verani tiene razón en preocuparse. La partida de personal del año pasado fue de 488 millones y la ejecución para el 2005 superará ese monto en 200 millones, mientras que en el 2006 rondará los 720 millones sólo con la evolución de la actual planta.

Pero la mayor debilidad que advierte Hacienda es la carencia de convicción y de actitud para controlar los gastos. El último ejemplo: el ministro Verani se enteró por los diarios de la suba salarial otorgada en la Contaduría. Verani llamó y discutió con el contador Daniel Bossero. Su reacción se explica en la pésima señal que se genera, al margen del impacto financiero.

Una medida individual que prevalece, siempre en ausencia de una gestión clara en proyectos y prioridades comunes. Entonces sería más certero indagar las razones en el estilo de conducción gubernamental.