Un enemigo muy escurridizo

La organización no gubernamental Poder Ciudadano acaba de presentar un nuevo informe sobre la corrupción en el que advierte que, a menos que la sociedad civil reaccione a tiempo, al país le aguardará un futuro muy sombrío. No es la primera advertencia en tal sentido, ya que pocas semanas transcurren sin que alguien autorizado diga algo parecido, y con toda seguridad no será la última. Desde hace años los preocupados por el tema coinciden en que la corrupción abre las puertas para los narcotraficantes mexicanos y colombianos, además de otros delincuentes que saben muy bien cómo aprovechar las oportunidades que les brindan funcionarios venales. Con todo, aunque parecería que el grueso de la población del país es consciente de que una sociedad debilitada por la corrupción endémica no estará en condiciones de defenderse contra criminales despiadados que a menudo manejan recursos financieros casi inagotables, razón por la que las autoridades deberían tomar medidas urgentes para combatir el mal, el país se ha acostumbrado tanto a oír denuncias contundentes sin que nadie sea sancionado en base a ellas que casi todos se han resignado a que los acusados más poderosos queden impunes. Es como si hubiera dos realidades: una, la virtual, en la cual las acusaciones más graves deberían imputarse a maniobras políticas imaginativas, y otra, la auténtica, en la que se entiende que por lo común aluden a lo que efectivamente ha sucedido. Puesto que para todos es mucho más cómodo fingir creer que el país que se ve reflejado en la crónica negra de quienes se sienten preocupados por la corrupción es en buena medida ficticio, hasta las revelaciones más comprometedoras suelen tener un impacto reducido. El obstáculo principal que tendrían que superar los decididos a tomar en serio la lucha contra la corrupción es la voluntad de tantas personas de subordinar todo a sus preferencias políticas. No es nada frecuente que un dirigente o funcionario elija testimoniar en contra de un militante del mismo movimiento; si uno lo hace, en seguida se verá tratado de “buchón” o “traidor”. Tampoco lo es que el líder de un partido pida a un acusado de cometer un delito grave ponerse a disposición de la Justicia. Antes bien, con escasas excepciones, los politizados atribuyen las acusaciones, por verosímiles que sean, que podrían ocasionarles problemas a “campañas sucias” supuestamente emprendidas por sus adversarios. Huelga decir que el relativismo resultante ayuda a que los corruptos, confiados en que sus propios partidarios siempre les darán el beneficio de toda duda concebible, puedan continuar enriqueciéndose a costa de los demás, lo que en algunos casos notorios les ha permitido acumular patrimonios muy grandes. La situación en que se encuentra el país sería distinta si el electorado se habituara a premiar a los honestos y a castigar a quienes no lo son, como suele ocurrir en países como Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia, que encabezan las listas de los menos corruptos confeccionadas anualmente por Transparencia Internacional –la organización con sede en Berlín de la que Poder Ciudadano es la representante local–, pero hasta ahora los costos políticos de la corrupción han sido llevaderos. Mal que nos pese, el temor a perder votos no parece haber incidido en la conducta de los líderes de ninguna agrupación significante. Con la esperanza de persuadir a la mayoría de que le convendría cambiar de actitud, los preocupados por la corrupción señalan que no sólo es cuestión de la apropiación ilícita de bienes públicos por parte de políticos y funcionarios sino también de hechos decididamente peores, ya que, según Poder Ciudadano, la muerte de 51 personas, con más de 700 heridas, que provocó el accidente ferroviario de Once en febrero del 2012 se debió a la corrupción que carcome el Estado. Aun más costoso ha sido el desembarco de los narcotraficantes, que se vio facilitado por la cultura de la corrupción que siempre ha estado presente en el país pero que, en los años últimos, parece haberse fortalecido hasta tal punto que quienes se enriquecen por medios claramente ilegítimos ni siquiera se sienten constreñidos a contestar a quienes les piden explicaciones. Puede que andando el tiempo la sociedad civil se dé cuenta de la gravedad del peligro que enfrenta, pero es de temer que, cuando ello ocurra, ya será demasiado tarde.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Editor responsable: Guillermo Berto Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA Lunes 31 de agosto de 2015