Una cuestión de orden

Conforme a la lógica piquetera, todas las presuntas víctimas de lo que toman por una manifestación de injusticia social tienen derecho a cortar rutas, bloquear el acceso a edificios u organizar escraches contra quienes, a su juicio, no representan la voluntad popular. Para el gobierno del presidente Macri, el que en los últimos años tales formas de protestar se hayan difundido en el país a tal punto que grupos de vecinos enojados por el enésimo apagón saldrán automáticamente a bloquear el tránsito para de tal modo desahogarse, es un problema muy grave. Los macristas saben que no sólo los trabajadores de empresas quebradas como la avícola Cresta Roja, que lograron obstaculizar el acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza y cortar la autopista Riccheri, sino también activistas de la extrema izquierda y militantes kirchneristas se preparan para librar una suerte de guerra callejera contra los esfuerzos del nuevo gobierno de reformar la economía impulsando los largamente postergados cambios estructurales que cree fundamentales. Se trata de una batalla cultural entre los partidarios del caos politizado y quienes quieren que se restaure cierto orden. Para los “luchadores sociales”, la protesta callejera es un fin en sí misma ya que, en el caso de los más sinceros por lo menos, les brinda la ilusión de estar desempeñando un papel protagónico en un drama sociopolítico de gran importancia ideológica. Sin embargo, aun cuando una protesta determinada sirva para que un grupo de necesitados obtenga algunos beneficios, por lo común los conseguirá a costa de otros que son igualmente pobres. Por ser la agitación constante incompatible con el progreso, quienes la promueven están contribuyendo a frenar el desarrollo del país, de tal manera asegurando que millones sigan en la miseria. Desde el punto de vista de los convencidos de que sería catastrófico que la Argentina se convirtiera en una dínamo capitalista próspera, ahorrarle tamaño desastre frustrando los intentos de desmantelar el “modelo” populista tendría cierto sentido, pero no existen motivos para suponer que la mayoría comparta su opinión, ya que lo que más quiere es vivir mejor en un “país normal”. El gobierno kirchnerista procuró aprovechar las protestas que se habían generalizado luego del derrumbe de la convertibilidad cooptando, subsidios mediante, a dirigentes notorios, personajes como Luis D’Elía, y transformándolos en activistas de su propia causa. Asimismo, siempre y cuando no fuera cuestión de protestas netamente izquierdistas o antikirchneristas, como las que estallaron periódicamente en el feudo presidencial de Santa Cruz, el oficialismo adoptó una actitud permisiva por entender que le convendría que “la burguesía” se sintiera amenazada. Al convertirse en un movimiento opositor, el kirchnerismo se ha puesto a reforzar los vínculos que ya tenía con las agrupaciones “sociales” más belicosas, como la liderada por la jujeña Milagro Sala, con el propósito de hacerles la vida imposible a los nuevos gobernantes. Macri, la mandataria bonaerense María Eugenia Vidal, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y otros entienden que se ven frente a un desafío nada sencillo. Tienen que restaurar el respeto por la autoridad sin brindar una impresión de autoritarismo. Cualquier muerte en los enfrentamientos entre la Gendarmería y los revoltosos les costaría muy caro, pero no les es dado permitir que piqueteros y ultraizquierdistas se apropien de la calle con el propósito de mostrarles que, como dicen con cinismo los diputados kirchneristas, “este modelo liberal ortodoxo del presidente Macri no cierra sin la represión de los trabajadores”. Por su parte, los macristas y sus aliados de Cambiemos esperan que la represión blanda, por llamarla así, termine persuadiendo a todos salvo los más extremistas de que es posible llamar la atención sobre sus propios problemas, que son reales, sin que tengan el derecho a tratar como rehenes a los demás ciudadanos. Lo que tienen en mente es un “protocolo” que sirva para reglamentar las protestas sociales y garantizar la libre circulación pero, huelga decirlo, para los habituados a actuar sin preocuparse en absoluto por los intereses ajenos una protesta reglamentada es una contradicción, ya que presupondría la voluntad de acatar leyes que según ellos son reaccionarias.