Una Justicia en cuarentena

Más allá de su necesidad como medida sanitaria, la cuarentena ha tenido consecuencias negativas sobre diversos aspectos de la vida social que merecen observarse y, si es posible, remediarse.

Una de estas consecuencias es la dificultad -cuando no imposibilidad- de acceso a la Justicia.

Cierto es que la celeridad de la respuesta requerida impidió valorar debidamente las consecuencias del período de aislamiento preventivo. Pero también es cierto que con el correr de los días se fueron revisando las medidas y servicios que no eran considerados esenciales; fueron recategorizados para permitir su funcionamiento.

Este debería ser el caso de la Justicia, mucho más cuando no es un servicio sino una función indelegable del Estado y un derecho humano básico, tanto como la salud.

Al día de hoy, el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia continúa sin dar respuestas a esta carencia, privando de este derecho a toda la sociedad rionegrina.

No quiero entrar en las cuestiones particulares que pueden surgir del intercambio epistolar entre el Colegio de Abogados y la titular del STJ. Pero es notorio que la respuesta del Superior Tribunal se limita a cuestionar el tono del reclamo y la legitimidad del firmante, dejando pendiente la respuesta a una pregunta que no sólo se hacen los letrados sino, más que nadie, sus representados.

El STJ tiene el deber de encontrar soluciones, de brindar acceso a la Justicia. Más aún cuando los plazos legales de las causas abiertas siguen su curso.

Como representante del pueblo rionegrino tengo el deber de reclamar ese derecho. Pero también el de proponer soluciones, como podrían ser los turnos online y limitados, de la misma manera que se implementaron en los bancos; o la provisión de elementos de protección personal a los funcionarios que presten tareas.

En los últimos tiempos el STJ creó una serie de cargos y estructuras destinados, según su propia justificación, a mejorar el acceso a la Justicia. Un organigrama que insume buenas partidas presupuestarias pero que, ante el desafío de la crisis, permanece inmóvil.

Sería una buena oportunidad de dar el ejemplo, más que nada en tiempos en los que el Poder Judicial es objeto de críticas desde diversos frentes, ya sea por sus escalas salariales, las excepciones impositivas de las que gozan sus miembros, los extensos plazos con los que se mueve y la estabilidad cuasi absoluta de sus miembros. Todo esto puede ser discutible. Lo que no, es el mero hecho de acceder a la Justicia.

* Legislador de Juntos por el Cambio