Una salida laboral política

Para el político del montón, ocupar un lugar –cualquier lugar– en uno de los distintos organismos costeados por los contribuyentes que sirven para asegurarles un ingreso y, tal vez, cierto poder y prestigio es lo único que realmente importa. Felizmente para algunos que de otro modo se verían depositados en el llano una vez finalizada la transición, además de escaños en una legislatura nacional, provincial o municipal, los jefes partidarios pueden repartir entre ellos candidaturas para una que es meramente virtual, el Parlamento del Mercosur o Parlasur, en el que esporádicamente podrían charlar con sus amigos y sus homólogos de otros países miembros sin que sus actividades incidan en la vida de sus compatriotas. Entre los así privilegiados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner están el ministro de Defensa Agustín Rossi y la ministra de Cultura Teresa Parodi, el excanciller Jorge Taiana, el exministro de Educación Daniel Filmus y el vicegobernador de Buenos Aires, Gabriel Mariotto. No es que Cristina crea en el futuro del Mercosur –en opinión de muchos dirigentes brasileños, uruguayos y paraguayos, la presidenta siempre lo ha tratado con desprecio indisimulable–, sino que, según parece, quiere ayudar a sus seguidores a encontrar una salida laboral digna. Antes del cierre de las listas muchos suponían que Cristina misma se postularía para el Parlasur con el presunto propósito de conseguir los fueros que, según las malas lenguas que lo descalificaban como “un aguantadero”, obtendrían los parlamentarios mercosureños pero, para sorpresa de los convencidos de que los necesitaría, decidió no candidatearse para nada. Tampoco podrá hacerlo el vicepresidente Amado Boudou, el miembro del gobierno que más necesita pertrecharse de fueros. Desafortunadamente para el roquero aficionado que, cuatro años atrás, se imaginaba el delfín de Cristina, tendrá que enfrentar las causas por las que está procesado sin ninguna protección institucional, lo que hace sospechar que su destino será el de servir como el emblemático más eminente de un gobierno que, dicen sus adversarios, ha resultado ser el más corrupto de la historia nacional. Las perspectivas ante Boudou serían menos deprimentes si contara con el apoyo popular, ya que en tal caso estaría en condiciones de aportar votos al Frente para la Victoria, pero sucede que a esta altura su reputación personal difícilmente podría ser peor. Otra víctima de la imagen poco atractiva que ha sabido generar es el canciller Héctor Timerman que, si bien parece merecer la confianza de Cristina, se ve resistido por la mayoría de los peronistas que lo creen un oportunista. De todos modos, aunque en última instancia el destino de quienes ocupan cargos electivos depende de los votantes, los líderes de las agrupaciones más poderosas se las han arreglado para que, con escasas excepciones, quienes viven de la política entiendan que les conviene mucho más congraciarse con sus jefes respectivos que con el resto de la ciudadanía. Siempre y cuando los cabezas de lista sean personas capaces de “traccionar” votos, las eventuales cualidades de quienes los siguen carecen de significado. Aunque hay algunos dirigentes que prefieren verse acompañados por individuos talentosos, a juzgar por la evolución de la clase política nacional la mayoría propende a privilegiar a los mediocres por suponer que serán menos ambiciosos y que por lo tanto les serán más leales. Tales dirigentes insisten en que los puestos electivos pertenecen a los partidos –es decir, a ellos–, no a quienes circunstancialmente los ocupan, lo que es una forma de obligar a sus subordinados a actuar como marionetas obedientes. Es a causa de la consolidación de la tendencia así supuesta que para muchos el Congreso nacional ha degenerado en “una escribanía” –lo que desde el punto de vista de quienes se desempeñan como escribanos es muy injusto–, lleno de personajes dispuestos a votar a favor de cualquier proyecto, por arbitrario que fuera, que les envíe el Poder Ejecutivo. Así las cosas, es una suerte que, por ahora al menos, quienes asistan a las sesiones del Parlasur se limitarán a intercambiar opiniones, ya que la asamblea no tiene facultades legislativas aunque es factible, si bien muy poco probable, que a mediados del 2017 adquiera atributos un poco más significantes.

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