Vigilar y castigar

JAVIER GARCÍA GUERRERO (*)

El Estado rionegrino con la mayor cantidad de empleados públicos/habitante y el mayor porcentaje de presupuesto destinado al pago de sueldos de la Argentina, incorporó durante el 2013 un promedio de 20 personas/día. Según la OMS, la amenaza de quedar sin trabajo mantenida a lo largo del tiempo genera tensiones equivalentes a las del desempleo. En Río Negro, el lanzamiento de la “lucha contra el ausentismo estatal y las suplencias” a pocos meses de las elecciones provinciales, en un marco de conflictividad sindical, incremento de la desocupación, precarización laboral y caídas del ingreso, parece responder a la intención de generar una herramienta disciplinadora de un número electoralmente significativo de trabajadores públicos. La contratación de personal temporario adicional por parte de la Secretaría de la Función Pública con el fin de controlar las inasistencias y bajas laborales por enfermedad, como medio de reducir el ausentismo y aumentar la productividad laboral, aparece como inoportuna e inconveniente. Es la misma Secretaría que pretendió instrumentar una ley de prescindibilidad que mantuvo en vilo a 20.000 empleados públicos durante meses, que avaló el desborde presupuestario vigente, promoviendo la creación de nuevos ministerios, reparticiones y designaciones, sin aportar un organigrama global planificado y articulado de sustento, ni cuando postuló la reducción de la administración provincial a 147 funcionarios, ni cuando dos años después se anunció el despido del 50% de los más de 500 que había incorporado. La sorpresa, la discrecionalidad y el secretismo son las reglas que tornan superfluas la realización y utilización de estadísticas que permitan discriminar los porcentajes de rotación, bajas o licencias, accidentes laborales, etc. discriminados por unidad administrativa. Esta forma de funcionamiento amorfo que imposibilita ponderar la pertinencia de las contrataciones directas en relación con un modelo de funcionamiento estatal transparente es muy negativa. Las incorporaciones sin concursos ni la debida acreditación de idoneidad, desprovistas del encuadre que les brindaría una carrera administrativa estatal formalizada, son censurables. Las altas y bajas de los empleos públicos parecen seguir el desorganizado compás de las internas políticas, familiares y afectivas de los funcionarios, que se reprochan mutua y periódicamente haberlas efectuado. La reiteración de irregularidades de todo tipo en la administración pública, que han tenido amplia repercusión periodística, muestra la inconveniencia de la pretensión de sumarle nuevas responsabilidades a la Secretaría de la Función Pública. Cuestionada y deslegitimada, pretende reclamarles a los trabajadores pauperizados por sueldos por debajo del costo de la canasta familiar, con alta participación de sumas no remunerativas, que no se enfermen. Esos trabajadores que aportan diariamente su esfuerzo bajo condiciones insalubres, carentes de seguridad, insumos y equipamiento e incluso de calefacción con temperaturas bajo cero, sufren intentos de estigmatización como presuntos simuladores y saboteadores de la acción estatal pese a que los porcentajes de ausentismo rionegrino resultan similares a los de otras provincias argentinas. Plantillas de personal que sin capacitación para afrontar y reducir sus riesgos laborales o enfermedades profesionales conviven con “empleados fantasmas”, “ñoquis”, “ministros procesados” o en rebeldía de la Justicia, con nuevos puestos creados “a medida” de parientes y amigos, exfuncionarios políticos que se mimetizan como asesores, marqueses cómplices del saqueo que “visitan” las sedes de las direcciones o ministerios a su cargo un par de días por semana, siendo de dominio público que viven en otras ciudades o que suman a sus megasueldos, dobles o triples percepciones del Estado de forma ilegal, contrariando la ley de Ética Pública. En este marco caótico se verifican las constantes amenazas de despido, las humillaciones, presiones, insinuaciones, intimidaciones o rumores intencionados que caracterizan el maltrato, el acoso sexual y laboral generalizado y la confección de “listas negras” para habilitar espacios a los “paracaidistas”. En ese contexto se ha dispuesto concentrar el poder médico hegemónico con una visión sanitarista de la gestión del recurso humano que pone en riesgo la salud mental poblacional, mediante la introducción de un “certificado médico único” (CMU) contrario a la legislación vigente. Descontar salarios o forzar reincorporaciones, desconociendo dictámenes profesionales no subordinados a las preferencias del gobierno, no sólo es injusto e infructuoso, sino que aumentará la gravedad de las dolencias, aumentando el gasto, la conflictividad laboral, facilitará la diseminación de enfermedades, incrementará la tasa de suicidios y generará juicios contra el erario público, difíciles de rebatir. Una provincia que atraviesa una profunda “emergencia sanitaria” con todo tipo de deficiencias y postergaciones de la atención hospitalaria, con caminos frecuentemente intransitables cuando llueve o nieva, con récord de feriados y puentes, sin tratamientos sistemáticos de las adicciones, en un país que ostenta el segundo lugar en consumo por habitante de alcohol en América Latina y un crecimiento exponencial en el consumo indebido de sustancias. Las experiencias internacionales que han permitido reducir en hasta un 30% los niveles de ausentismo están vinculadas con esquemas flexibles de conciliación de la vida familiar y laboral, el teletrabajo, la formación permanente, la conformación y motivación de equipos meritocráticos, la reducción de la jornada laboral, las mejoras en el ingreso disponible, etc. Contrariamente no se han observado mejoras sustentables de la productividad laboral mediante los métodos coercitivos que se procura aplicar. Las juntas médicas debieran evolucionar hacia la conformación de juntas de salud laboral de obligatorio corte interdisciplinario con incumbencias y medios para obtener la mejora integral de la prevención, promoción y educación para la salud pública, que permitan el control de oposición y para los casos que merezcan observaciones un sistema de auditoría que incluya la elevación a los colegios profesionales respectivos de pedidos de sanción por medio de los tribunales de ética, para someter adicionalmente al juicio de sus pares los casos en que se verifiquen complicidades en el otorgamiento de licencias. Resulta igualmente impostergable mejorar las condiciones laborales, que son la principal causa del ausentismo y los estilos de gerenciamiento y delegación supervisada; trabajar seriamente en el prevención, control y atención de los riesgos laborales y la salud pública, mejorar el clima de trabajo, el ambiente de control, la capacitación con horizontes de promoción, la motivación basada en liderazgos legítimos y efectivos, el reconocimiento de las contribuciones efectuadas, la promoción de los más comprometidos e idóneos, etc. Las mejoras serán apreciables de inmediato si se efectúan los cambios organizativos encaminados a restaurar el amor propio de quienes actualmente se saben irremediablemente superfluos en sociedades acostumbradas a medir el valor de cada uno, según criterios arbitrarios del poder de turno. Porque como decía el general Perón: “El trabajo es la suprema dignidad del hombre. En la comunidad argentina no existe más que una sola clase de hombres: la de los que trabajan”. (*) Exprofesor titular de Economía de la Salud del Posgrado de Administración de Sistemas de Salud de la Fundación René G. Favaloro.

Ausentismo estatal en Río Negro