¿Y si Vaca Muerta funciona?
Se acaban de cumplir dos años de la renacionalización de YPF y el saldo ha sido positivo en materia legal y económica. El Congreso argentino sancionó por ley el acuerdo con la española Repsol y la inversión en el sector creció un 130% entre el 2011 y el 2013. Cuando el gobierno nacional decretó la renacionalización de la petrolera YPF se planteó un doble objetivo: parar la hemorragia de divisas que implicaba la creciente importación de hidrocarburos y recuperar el autoabastecimiento energético. Hoy, con los desafíos legales resueltos y las primeras inversiones ya concretadas, este escenario se ha vuelto plausible. El gobierno estima que, de conseguir las inversiones necesarias, dentro de ocho a diez años se podría recuperar la autonomía energética perdida y pasar a ser un jugador de peso en el mundo de los hidrocarburos. Ahora bien, aun en el caso de que se torne realidad el mejor de los escenarios, existen desafíos fundamentales que se encuentran marginalmente abordados en el debate público o son prácticamente inexistentes. El yacimiento Vaca Muerta es la gran apuesta energética de Argentina y por ello nos debemos un debate profundo y plural sobre las consecuencias deseadas y, sobre todo, las no deseadas. Desigualdad territorial Un desafío importante es la desigualdad territorial en Argentina. La ley de Federalización de Hidrocarburos de 1992 estipula que las empresas abonan las regalías de explotación (el 12% de la producción) directamente a las provincias donde los recursos yacen. En el 2013 a Neuquén ingresaron 1.160 millones de dólares en ese concepto, a Chubut unos 560 millones, a Santa Cruz 450 millones y a Tierra del Fuego 164 millones. Esto significa entre el 30 y el 50% del presupuesto de cada una de esas provincias. Asimismo, el nuevo esquema de YPF incluye que un 25% de la misma ahora es propiedad de las provincias productoras; es decir, si la petrolera tuviera utilidades por 20.000 millones de dólares (en el 2011 fueron 5.400 millones), 5.000 millones adicionales irían a las provincias. YPF estima que sólo Neuquén podría percibir con esta participación unos 11.000 millones de dólares en las próximas tres décadas. Como es sabido, este país ya es profundamente desigual, el más desigual de todos los países federales del mundo. El petróleo se encuentra en las provincias de más altos ingresos, entonces la percepción de estas divisas va a profundizar este esquema desigual. El ingreso per cápita de las provincias más ricas es actualmente entre siete y nueve veces más alto que el de Formosa o Santiago del Estero. Si tenemos en cuenta que el 80% de la producción de hidrocarburos se concentra en cuatro provincias y que todas son de altos ingresos, en un escenario de “éxito” esta desigualdad podría crecer exponencialmente. Hay que entender que esta desigualdad territorial, además de tocar un nervio histórico en Argentina, en países como Nigeria, Papúa Nueva Guinea, Chad y muchos otros ha desencadenado sangrientas guerras civiles y millones de víctimas. Mientras en Brasil el debate tomó lugar cuando descubrieron los yacimientos Presal en su plataforma marítima, en Argentina todavía se encuentra ausente. Medioambiente Un aspecto no suficientemente debatido y que tiene diferentes dimensiones es el del medioambiente. Si bien toda actividad extractiva invade la naturaleza, casi ninguna lo hace con el alcance del fracking. Esta técnica inyecta importantes cantidades de agua dulce y poderosos químicos para poder liberar el gas y el petróleo encapsulado en el esquisto a 2.000-3.000 metros bajo tierra. Al inyectar esta mezcla en la tierra hay graves riesgos de contaminar napas de agua dulce. El impacto es de tal dimensión que es muy difícil de controlar. Las fuentes científicas más importantes que defienden el fracking provienen de la Universidad de Texas, la cual es paradójicamente generosamente financiada por las mismas empresas petroleras. En el caso de Argentina, fuentes oficiales sostienen que en la profundidad donde se opera no hay agua dulce y que la zona de explotación es un desierto donde casi no vive nadie. Otro potencial impacto ambiental del fracking es que genera quiebres en las grandes rocas que potencialmente podrían causar sismos. Justamente las provincias linderas a los Andes son conocidas por su actividad sísmica. Esto no está probado –sólo dos sismos menores han sido atribuidos en Estados Unidos a esta intervención–, pero también es algo completamente desconocido por la ciudadanía. Tampoco ayuda el hecho de que la principal aliada de YPF para esta aventura sea la americana Chevron, condenada a pagar una indemnización de 19.000 millones de dólares (pena luego rebajada a la mitad) a Ecuador por décadas de contaminación descuidada en territorios amazónicos. Es sabido que países como Francia y Bélgica han prohibido el fracking, pero aun tomando una postura más permisiva sobre el tema todavía quedan preguntas irresueltas: ¿existen fuentes científicas independientes que analicen el impacto medioambiental en la Patagonia? ¿Qué proporción ganancia/costo ambiental está dispuesta a tolerar la ciudadanía? ¿Se ha consultado a las poblaciones mapuches que habitan la zona, como lo exige el convenio 169 de la OIT? Finalmente, tampoco se discute sobre la posibilidad de diversificar la matriz energética y explotar las potencialidades de energías más limpias y renovables. Argentina hoy depende en un 80% de hidrocarburos y todo indica que esa dependencia se profundizará si Vaca Muerta tiene éxito. La potencialidad del país a largo plazo en energía hidroeléctrica, eólica y nuclear es una cuestión que ha quedado relegada. Enfermedad holandesa Otro debate es pensar qué se va a hacer con los recursos que ingresen por esa actividad. Por ser valiosos y no renovables y engordar las arcas del Estado, los recursos como el petróleo y el gas ejercen importantes presiones sobre las economías de los países. Al ingresar muchas divisas extranjeras, el tipo de cambio tiende a sobrevaluarse y por ende genera incentivos para gastos superfluos a la vez que desincentiva actividades productivas como la agricultura o la industria. Dependiendo de la escala se verá si este impacto será nacional o sólo regional, pero el fenómeno –anteriormente experimentado en Comodoro Rivadavia– también se ve actualmente en Neuquén, donde se observa la marea de camionetas 4×4, la construcción de shoppings y grandes tiendas y el precio exorbitante de alquileres, servicios y propiedades. Estos efectos nocivos son explicados por los economistas como la “enfermedad holandesa”. Por suerte, para esta enfermedad existe cura y hay países que usan esos remedios: Noruega ahorra en un fondo soberano para futuras generaciones, Malasia utilizó el dinero para invertir en desarrollo tecnológico y en ayudar a la empobrecida población bumiputra, Chile implementó una reforma fiscal para evitar el aumento de los gastos corrientes del gobierno y también los utiliza para enviar a estudiantes a capacitarse en el extranjero, Brasil decidió invertir en la mejora de la salud y la educación y Bolivia implementó un sistema jubilatorio para las personas que no tenían aportes previsionales. ¿Qué se ha previsto en el caso de Argentina? Sólo Mendoza tiene un Fondo de Transformación y Crecimiento que se alimenta con dinero del petróleo, pero es escasamente utilizado. Frente al boom de la oleaginosa se creó el Fondo de la Soja en el 2009, respuesta tardía y reactiva frente a la gran movilización desatada. Hará falta más previsión en el caso de Vaca Muerta. Desafío institucional Ragnar Torvik decía hace unos años que el principal problema de los países petroleros no era económico sino político. Los gobernantes, al tener mucho dinero disponible (por regalías y creciente actividad económica) que a su vez es obtenido fácilmente (si se compara con lo difícil y lento que es un desarrollo basado en la producción tecnológica), son fortalecidos enormemente frente a otros actores sociales, políticos y empresariales. Por ello controlar el Estado se vuelve un juego de suma cero en el que para ocuparlo y mantenerlo vale todo: corrupción, clientelismo, patrimonialismo, sorprendentes obras públicas cuyo valor político es más alto que el productivo, etcétera. Recordemos que en Argentina ya existe una preocupación sobre la calidad institucional, especialmente a nivel de las provincias. La principal productora de hidrocarburos es Neuquén, gobernada por Jorge Sapag, proveniente de una familia que controla la política provincial desde la década del 50. Allí vemos edificios públicos muy modernos en un contexto de precarización de la salud y la educación pública. Por estos motivos se requiere una gran calidad institucional que resista a la centralización del poder, que permita controlar autónomamente el uso de los recursos y que sea transparente frente a la sociedad. ¿Qué se está haciendo en este sentido? Aquí el desafío es más complejo, porque no sólo implica un lindo diseño institucional. Chad creó en los 90 un fondo como el de Noruega, pero fue deshuesado. Lo que se requiere es un compromiso amplio de los sectores políticos y la inclusión de actores sociales en la discusión. (*) Doctor en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos de París y director de Asuntos del Sur. @matiasfbianchi
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MATÍAS BIANCHI (*)
