“Los jueces deben decidir si alguien es culpable o inocente”

El ministro de Justicia Germán Garavano recibió a “Río Negro” en la Casa Rosada tras la presentación de las Metas de la Política Nacional de Pueblos Originarios en reunión con miembros de los gobiernos de Chubut, Río Negro y Neuquén. El compromiso: terminar el relevamiento territorial y garantizar derechos básicos. En medio de las excarcelaciones de detenidos K con prisión preventiva, el ministro asegura que el gobierno pide a la Justicia que lo casos lleguen rápido a juicio oral y haya condena.

P- ¿Qué se definió en la reunión?

R- Se hizo un balance de cómo los relevamientos de tierras habían sido insuficientes durante el gobierno anterior y cómo agilizarlos. Se trabajó con otros derechos como el acceso a la justicia, la educación, la salud, la documentación. Se está haciendo todo un abordaje de reconocimiento de derechos a pueblos originarios y de algún modo tratar de empezar a saldar la deuda la deuda que tiene el Estado, tanto nacional como provinciales.

P- La ley suspende el desalojo de tierras hasta el relevamiento. ¿Pero que viene después eso?

R- Eso fue un poco lo que hablamos. La tierra es uno de los derechos básicos y uno de las llaves para tratar de que los pueblos originarios a partir de eso pueda construir su propio desarrollo. Es básico como la educación, salud y justicia. A partir de ahí se empieza a trabajar con otros temas como el desarrollo de lo cultural, u otros proyectos, pero eso hoy parece marginal al lado de lo que son las necesidades de tierras y demás derechos básicos.

P- ¿Cómo se incluye a grupos omo la RAM en esta discusión?

R- Lo señalé en la reunión y todos coincidieron en que es un punto crucial. Tradicionalmente los pueblos originarios en la Argentina fueron discriminados, son casi dos millones de personas se estima en situación de vulnerabilidad extrema, en todo el país, más incluso en el NEA y NOA que en el sur, y sin embargo los conflictos han quedado muy focalizados en grupos minúsculos que no representan a los pueblos originarios. Nosotros creemos que esa es una cuestión artificial, generada políticamente, y que hoy queda encapsulada en la Justicia y en las fuerzas de seguridad. La posición del gobierno es separar eso de lo que tiene que ver con los pueblos originarios, que por supuesto el Estado tiene una deuda con ellos, una deuda que va a intentar saldar. Pero eso no es una cuestión de pueblos originarios, son personas que cometen delitos.

P- ¿Qué pasa con la causa de Rafael Nahuel?

R- Está el juez federal y la fiscalía competente investigando los hechos y son ellos los que tienen que esclarecer la situación. Esos son hechos policiales y judiciales, que deben ser analizados bajo ese tamiz.

P- La justicia federal sigue siendo lenta…

R- Por eso la reforma que encaramos es integral y abarca no sólo el código penal sino el código procesal. Mientras mantengamos este sistema, los jueces pueden hacer muchos esfuerzos, algunos bien intencionados, algunos no, pero se trabaja en un sistema con altos niveles de discrecionalidad. El sistema procesal aún con todos sus defectos lo que establece es que los casos tienen que llegar a una instancia de juicio oral y en ese juicio es donde se va a resolver si alguien es culpable o inocente.

P- Hay muchos detenidos con prisión preventiva, y algunos empiezan a salir, sin sentencia.

R- La prisión preventiva es una medida cautelar para determinadas situaciones. El gobierno le pide a la Justicia, que es lo que pide la sociedad, que lo casos lleguen rápidamente a juicio oral, que los juicios se hagan rápidamente y que los jueces definan si una persona es culpable o inocente. Si es culpable, que se la sanciones, que se les dicte la pena de prisión, que se le decomisen los bienes y que los bienes vuelvan al Estado.

P- ¿Comparte la idea de la necesidad de “depurar” la Justicia?

R- No, no creo en las depuraciones, creo eso marca como primacías morales o situaciones que nunca funcionan, porque además implicaría cambiar muchísimos jueces. Lo que sí el gobierno ha hecho que el Consejo de la Magistratura vuelva funcionar. Y por primera vez se ha generado, por un lado una gran cantidad de designaciones de jueces que era una de las grandes deudas, y por otro lado que aquellos jueces, al menos aquellos más sospechados, sea suspendidos y removidos. Y eso es que funcionan las instituciones.

“Si alguien es culpable, que se lo sancione, se le dicte la pena de prisión, se decomisen los bienes, y que éstos vuelvan al Estado”.

Germán Garavano,

ministro de Justicia

de la Nación

“Vamos por un reconocimiento de derechos a los pueblos originarios para saldar la deuda que tienen tanto el Estado nacional como los estados provinciales”.

Estas situaciones duelen. La evidencia es bien clara de lo que pasó durante su gestión. Estos muchachos han superado todos los límites con el apriete del Estado para conseguir beneficios particulares”.

Jorge Triaca, ministro de Trabajo, sobre la excarcelación del exvicepresidente Amado Boudou