Macri y Aguad fueron imputados por el acuerdo con el Correo

El fiscal federal Juan Pedro Zoni hizo lugar a tres presentaciones penales por el acuerdo firmado entre le Gobierno y el Grupo Macri por la deuda del Correo Argentino SA y decidió imputar al presidente Mauricio Macri, al ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y al director de Asuntos Jurídicos de ese ministerio Juan Manuel Mocoroa.

Las denuncias tomadas por Zoni -a quien desde el macrismo lo vinculan con la agrupación kirchnerista Justicia Legítima– son las realizadas por el partido Nuevo Encuentro y por el abogado Daniel Igolnikov. Ahora el pedido de abrir la investigación deberá ser definido por el juez federal Ariel Lijo, a quien el fiscal pidió una serie de medidas de prueba que no dio a conocer al disponer el secreto de sumario.

Ante la evidencia de que buena parte de los argentinos cree que el presidente benefició a su familia, el gobierno decidió, casi una semana después, tomar la iniciativa para intentar frenar la sangría de credibilidad. Fue el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien ayer salió a negar cualquier conflicto de intereses. (Ver aparte)

Una encuesta de la consultora Analogías reveló que “un 80% de encuestados está repudia el arreglo. Un 62,4% lo considera un acto de corrupción”.

Diputados del Frente Renovador, el bloque Justicialista y de Progresistas, sin el acompañamiento del Frente para la Victoria-PJ, resolvieron citar al ministro de Comunicaciones Oscar Aguad para la semana próxima, para que dé explicaciones sobre el acuerdo ante el Congreso.

El fiscal Zoni pidió ayer “iniciar una investigación criminal tendiente a corroborar la existencia de conductas delictivas” en el marco del acuerdo que implica una quita del 98,87 por ciento de la deuda de la empresa del Grupo Macri y da un plazo de pago en cuotas hasta 2033 que representaría una condonación de más de 70 mil millones de pesos.

“Se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios”, advirtió Zoni y destacó los dictámenes de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, quien solicitó el rechazo del acuerdo por “ruinoso”, “abusivo” e “inadmisible”.

El representante del Ministerio Público colocó bajo la lupa “el cambio de estrategia de defensa del Estado Nacional en el marco del trámite del Concurso Preventivo”, por el cual “se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal”. También recordó que ese acuerdo “se materializó a través de la intervención de un funcionario que carecería de competencia para ello y designado con carácter transitorio”, en referencia a Mocoroa, quien puso la firma a la propuesta de la empresa de los Macri.

“Dicho funcionario desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario –de forma directa o indirecta– de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto por aquél”, remarcó Zoni en su dictamen.

La imputación responde a tres denuncias penales que llegaron a los tribunales; una presentada por dos políticos kirchneristas, Martín Sabbatella y Gabriela Cerrutti, y la otra, por un abogado particular.

Los Macri tuvieron en concesión el Correo desde 1997 hasta 2003 cuando fue reestatizado.

El gobierno, a través del jefe de Gabinete Marcos Peña, había reclamado más temprano a la justicia tomar en forma “urgente” el caso al considerar que no hay delito alguno. Negó que haya conflicto de intereses como sostienen las denuncias de la oposición por supuesta corrupción.

El escándalo estalló la semana pasada cuando la fiscal Boquín reveló un acuerdo firmado en junio de 2016. La deuda era de casi 300 millones de pesos (la misma cantidad en dólares).

Según la fiscal, el pacto omite actualizar el monto, pese a que la inflación desde entonces fue de 700%.

Se pagaría en cuotas al 7% anual de interés hasta 2033, un porcentaje muy por debajo de lo que cobra cualquier banco local.

La fiscal dijo que hubo “manifiesta mala fe” porque el Grupo Macri se presentó antes en la justicia para cobrarle al Estado una deuda por el equivalente a 150 millones de dólares. Pidió un interés del 11%.

Las acciones de la empresa concesionaria fueron repartidas por su líder, Franco Macri, entre sus tres hijos, uno de ellos Mauricio.

El presidente, a su vez, transfirió su parte accionaria a sus hijos.

Los antecedentes

del caso

La deuda viene desde el 2001, cuando el Correo, empresa privatizada en manos de los Macri, quebró.

Durante los 13 años de kirchnerismo nunca se llegó a un acuerdo –en medio hubo un 700% de inflación–, y ahora con Macri en la presidencia se ha alcanzado rápidamente.

El gobierno insiste en que esperar más sin cobrar suponía más perjuicio en un país con un 40% de inflación.

“Estamos absolutamente tranquilos sobre el accionar del gobierno. Lo importante es ser transparentes”.

Marcos Peña, jefe de Gabinete de la Nación.

“Hasta que no veamos los papeles es irresponsable tener una opinión prima facie. No pongo las manos en el fuego por nadie”.

Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción.