Tironeos judiciales por la competencia de la causa

A tres horas de los incidentes con la caravana presidencial en Villa Traful, la justicia provincial allanó la cabaña en la que se alojaban las personas que habrían arrojado las piedras y demoró a siete de ellos para su identificación. Desde el gremio ATE informaron que fueron rápidamente liberados.

El allanamiento solicitado por el fiscal jefe Fernando Rubio al juez Mariano Etcheto tuvo lugar a las dos de la tarde. En el mismo se secuestraron una moto y dos automóviles, un Peugeot 2008 negro y un Gol Power verde, a los efectos de realizar en su interior una requisa en busca de elementos vinculados con la agresión.

El jefe de los fiscales neuquinos, José Gerez, explicó ayer que “no es momento de discutir cuestiones de competencia judicial sino de recolectar de forma inmediata todas las evidencias útiles para esclarecer los hechos”. La advertencia del fiscal general se debe a que la agresión al vehículo presidencial puede ser considerada un delito contra la seguridad nacional y por ende, de competencia de la justicia federal, tal como sucedió en los incidentes de Mar del Plata.

Sin embargo, según se supo, hubo un fuerte cruce de llamadas entre autoridades provinciales y federales ayer en torno a si la jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, asumiría el caso, lo cual hasta el cierre de esta edición no ocurrió.

De esta forma la investigación continuaba anoche en manos del fiscal del caso Adrián De Lillo, quien según el Código Procesal Penal neuquino no contaría con herramientas para solicitar la detención preventiva de los demorados.

De acuerdo a fuentes judiciales en la cabaña de Traful se demoró a siete personas, cuatro mujeres y tres hombres, quienes fueron trasladados hasta la comisaría de San Martín de los Andes para ser debidamente identificados.

Mientras se indicó que se trataría en su totalidad de militantes de ATE de la zona sur, el titular del gremio, Carlos Quintriqueo, indicó que ayer mismo fueron dejados en libertad luego de ser trasladados, dado que sus vehículos sí quedaron secuestrados.

Hasta última hora de ayer el caso estaba en manos del fiscal Adrián De Lillo. Pero si cambia de jurisdicción quedaría en el juzgado de Silvina Domínguez (Zapala).