Casi tres años de reclamo de justicia por el crimen de Garnica

Faltaban pocas horas para el cumpleaños de su madre y Miguel Garnica había acordado con sus hermanos que la celebración sería sorpresa. Por eso, salió de su casa la tarde del 29 de enero de 2015 para ir a comprar carne. Pasaron las horas, cayó la noche y el joven nunca regresó. Cinco días después, Cristina Lepín se enteró de que Miguel había sido asesinado. Desde entonces, reclama justicia para su hijo.

Faltan menos de dos meses para que finalice el año y Cristina teme que el juicio contra los imputados del crimen de su hijo no sean juzgados, porque los jueces de la Cámara Criminal Primera Marcelo Barrutia, Miguel Gaimaro Pozzi y Emilio Riat (subrogante) dictaron una resolución a finales de octubre pasado, donde se excusaron de intervenir.

“Queremos que el juicio se haga ya. Que traigan jueces de donde sea pero que se haga”, pidió la mujer. Los hermanos de Miguel reclamaron lo mismo. “Queremos que el juicio se haga lo antes posible porque los asesinos de mi hermano van a quedar en libertad”, advirtió Laura Garnica.

La joven lo buscó desde el primer momento. Se transformó en un pilar para su mamá cuando sus fuerzas se debilitaron por el dolor. Laura estuvo la mañana del 3 de febrero de 2015 cuando los investigadores hallaron el cuerpo de Miguel, enterrado en una letrina. Los autores del homicidio destruyeron el baño precario y lo taparon con una platea de cemento para que nunca pudieran encontrar el cadáver.

Laura soportó con voluntad de hierro esos minutos de intenso dramatismo. Fue la que lo reconoció en la morgue por los tatuajes, porque el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. La autopsia estableció que recibió 3 disparos, pero el tiro en la cabeza causó la muerte. Los autores del crimen metieron el cuerpo en bolsas de nylon, lo ataron con un cable y lo arrojaron a la letrina.

Tras el allanamiento en el lote de la familia Chávez Aguilar (Michay al 645 del barrio Eva Perón), el entonces juez de Instrucción Ricardo Calcagno ordenó la detención de dos jóvenes y cuatro mujeres a pedido del exfiscal Bernardo Campana. Todos integrantes de la familia Chávez Aguilar, excepto Maximiliano Bascur. La causa avanzó y el exjuez de Instrucción Martín Lozada procesó a todos los imputados con prisión preventiva. Semanas después, la Policía capturó a Aníbal Chávez Aguilar. Luego 3 mujeres fueron desvinculadas de la causa y fueron liberadas.

Paul y Aníbal Chávez Aguilar y su madre Teresita Aguilar Leuquén, junto con Bascur, quedaron procesados con preventiva imputados por el delito de homicidio doblemente agravado por la participación premeditada de dos o más personas y por haber sido cometido con alevosía, penado con prisión perpetua.

Mientras Laura recordaba esos duros momentos, Cristina no podía contener las lágrimas, que se deslizaban suavemente por su rostro. “¿Por qué lo mataron a mi hermano?”, preguntó Laura. Hasta ahora no hay una respuesta.

Cristina lamentó que ahora se quedaron sin jueces para conformar el tribunal y el juicio está en riesgo. Los jueces de la Cámara Criminal Primera argumentaron que se apartaban “en virtud de haber intervenido en dos audiencias de juicio abreviado con lo cual evidentemente nos vemos impedidos de hacerlo…”

Recordaron que intervinieron cuando condenaron, en un juicio abreviado, a Paul Chávez Aguilar a 9 años de prisión y cuando rechazaron el acuerdo, que el fiscal jefe Eduardo Fernández había cerrado con Aguilar Lauquen y su defensora particular por 10 años de prisión.

Lo insólito es que los jueces de la Cámara Criminal Primera habían convalidado ese acuerdo el 4 de octubre pasado, pero lo anularon al día siguiente por el reclamo de Lepin, que no estuvo en la audiencia. La mujer, en su carácter de querellante, no prestó su consentimiento. Los jueces de la Cámara Criminal Segunda no pueden juzgar a los imputados porque ya intervinieron en etapas procesales anteriores. También se excusó el fiscal jefe. Por eso, la causa cayó en el despacho de la fiscal Betiana Cendón. “La culpa de que no haya jueces no es de nosotros”, reclamó Cristina, junto a sus hijos Laura y Fabián.

Aníbal Chávez Aguilar y su madre Teresita Aguilar Leuquén junto a Maximiliano Bascur están imputados por el delito de homicidio doblemente agravado.