Defensores del Pueblo repudiaron “la sangrienta represión”

Defensores del Pueblo repudiaron “la sangrienta represión”

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina expresó su “enérgico repudio a la represión que se llevo a cabo contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia Cushamen”, ubicada a 100 kilómetros de Esquel, en Chubut, que reclama la tenencia de tierras ancestrales.

“Lo que ocurre por estas horas en Cushamen es la militarización del lugar y una sangrienta represión de toda una comunidad, la que incluyó a hombres, mujeres y niñas y niños, heridos por golpes, por balas de goma y de plomo, acusados de modo tan erróneo como perverso de ser terroristas”, señalaron a través de un comunicado.

Una orden judicial dictada por el juez federal Guido Otranto instruía liberar el corte en las vías en donde transita el tren turístico La Trochita. La medida judicial se efectivizó con 200 gendarmes quienes realizaron un operativo cerrojo, clausurando todos los accesos a las tierras en las que está establecida la comunidad Cushamen. “Luego intervino la policía provincial realizando allanamientos sin orden judicial según relatan miembros de la comunidad. El operativo que incluyó golpes y lesiones a niños y niñas, debe ser calificado como un acto de violencia institucional por lo desmesurado y por haber sido efectuado con prácticas contrarias a la Ley y al derecho”, relataron.

Los defensores remarcaron “la gravedad de la situación y la amenaza que se cierne sobre un sinnúmero de comunidades de pueblos originarias que habitan en provincias patagónicas ricas en recursos naturales y motiva un urgente pronunciamiento como instituciones defensoras de derechos humanos”.

La Defensoría del Pueblo de Nación, a través de su Oficina de Derechos de Pueblos Indígenas, se ofreció como facilitadora, actuando como garante u observadora en el conflicto planteado en Chubut desde hace años. “Sería indispensable retomar este espacio y sumar el aporte de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADRA), que cuenta con experiencias federales en resolución alternativa de conflictos”, indicaron.

Recordaron que la reforma de la Constitución Nacional de 1.994 reconoció la preexistencia de los pueblos indígenas y estableció el reconocimiento del derecho de propiedad comunitaria para las comunidades de pueblos indígenas. También mencionaron que Argentina adhirió al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales, que establece, entre otras cosas, que no deberá emplearse ninguna forma de fuerza o coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos originarios.

Por otra parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos Indígenas, aprobada en 2007, afirma que “los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios”.

“Es inadmisible que se elija el camino de la violencia, estigmatizando a una comunidad, avasallando sus derechos consagrados. Es urgente promover un espacio de encuentro multicultural que respete los nuevos escenarios jurídicos donde se puedan expresar las diferencias culturales en un marco de respeto de los derechos humanos y de los derechos que asisten a estos colectivos históricamente oprimidos”, concluyó la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina.