Jueves negro en materia ambiental en Río Negro

María Magdalena Odarda (*)

El pasado jueves 29 de diciembre se votaron en la Legislatura provincial por mayoría dos proyectos de ley del Poder Ejecutivo que constituyen un antecedente negro en la protección ambiental provincial. Uno es la adhesión provincial a la ley nacional de glaciares la que, además de ser innecesaria, resulta insuficiente, vacía de contenido y que abre la puerta a la zonificación del territorio provincial en “áreas protegidas” en la región andina y “áreas de sacrificio” en la meseta, propiciando así actividades dañinas como la megaminería en zona de ambientes periglaciales. Asimismo implica un antecedente negativo, dado que provincias mineras como San Juan intentarán valerse de esta “adhesión” para fundamentar el no cumplimiento de los presupuestos mínimos de protección de glaciares en las tierras donde la Barrik Gold demostró tener más poder que el Estado, argumentando que ese distrito “no ha adherido a la ley nacional como lo hizo la provincia patagónica y por lo tanto se encuentra exento de cumplir con aquellos presupuestos molestos de la ley nacional”. Río Negro debe tener una ley de protección de glaciares propia, superadora en protección a la ley nacional de presupuestos mínimos, tal como he insistido a través de la propuesta que presenté en el 2010 y que ya contaba con media sanción de la Legislatura rionegrina, pues la riqueza y diversidad hídrica que tenemos en nuestro territorio requiere de mayores precisiones y previsiones, declarando a glaciares como cosas fuera del comercio y de libre acceso, entre otros puntos importantes de la iniciativa que han recibido el apoyo de gran número de organizaciones sociales, ecologistas y referentes políticos de todo el país. Pero el retroceso provincial más importante en material ambiental es la derogación de la ley 3891 que impedía en Río Negro la actividad minera metalífera a cielo abierto con uso de cianuro y/o mercurio. Nunca gobierno alguno impulsó en Río Negro una ley tan retrógrada. A partir de ahora, el bien protegido por la llamada ley anticianuro –el ambiente, el agua, la tierra, el aire– ha quedado a merced de los intereses de las empresas mineras que, como sucede en algunas provincias argentinas, han provocado graves daños en la salud, la calidad de vida, las actividades económicas regionales, afectando irremediablemente el agua y la vida de poblaciones cordilleranas y precordilleranas. La denominada ley anticianuro fue un logro de las organizaciones sociales que, en el 2005 y por impulso de las asambleas regionales, lograron su aprobación. Fue posible entonces poner freno a la explotación minera que acechaba en el proyecto Calcatreu, en la Línea Sur rionegrina, a partir de una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia que consideró que estaban comprometidos los derechos y garantías de las comunidades originarias, el medioambiente y el hábitat de aquéllas, vulnerando tratados y convenciones internacionales que les dan fundamento. Con la derogación de la ley, no será posible poner freno de manera formal a las inversiones megamineras con uso de cianuro, por lo que el actual gobierno provincial está exponiendo a la población rionegrina a la violación de derechos consagrados en la Constitución nacional y la provincial, como son los derechos de los pueblos originarios, así como al derecho a un ambiente sano y la aplicación del principio precautorio de la ley nacional del ambiente. Antecedentes venenosos El Parlamento europeo pidió a la Comisión de la Unión Europea que “proponga la prohibición completa del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea antes de finales del 2011, puesto que es la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación…”. Esta declaración muestra a las claras la preocupación que existe luego de 25 años de explotación minera con cianuro y más de 30 accidentes con vertido de cianuro que han afectado seriamente los ecosistemas europeos. ¿Todavía tiene sentido impulsar la megaminería con uso de cianuro en Río Negro? ¿Cree la omnipotencia que puede manejar las consecuencias? El bien vital más afectado es el agua, pues el proceso para la recuperación de metales requiere un consumo desproporcionado de este bien sustancial para la vida. Sólo la mina Bajo La Alumbrera consume 100 millones de litros diarios. A la reducción de las napas freáticas locales, los glaciares, los ríos y otras fuentes de provisión del agua, se suma la contaminación por la falta de tratamiento de las aguas usadas. La contaminación se produce por el drenaje ácido de la minería –cuando grandes cantidades de rocas son excavadas y los sulfatos que contienen entran en contacto con el agua; por metales pesados (arsénico, plomo, cobre, zinc, etc.) que se hallan en las rocas; por agentes químicos usados por las empresas mineras, como el cianuro y el ácido sulfúrico– cuando se derraman o se trasladan de un sitio minero a un curso de agua cercano. Explica un trabajo titulado “Impacto de la gran minería sobre las poblaciones locales en Argentina”, realizado por Juliette Renaud, asesora del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel (julio del 2008), en relación a las consecuencias de la contaminación: “Los pobladores de Jáchal (San Juan) hicieron analizar muestras del río: en mayo del 2005, sus aguas tenían 69 miligramos de arsénico por litro, unos 19 más que lo permitido. Un año después, con el proyecto Veladero a pleno, tenía 260 miligramos por litro en el río, y el agua potable 120 miligramos. En Ranchillos (Tucumán) se comprobó la contaminación de las aguas del canal de desagüe DP2, adonde se vierten los efluentes de la planta de filtrado del concentrado de mineral del yacimiento Bajo La Alumbrera, en Catamarca (daño ambiental por el cual está procesado el vicepresidente de esta compañía minera). La pregunta es: ¿que pasará si entra en funcionamiento la mina Navidad en Chubut, uno de los yacimientos de plata y plomo más grandes del mundo?”, señala la investigadora. Y en Río Negro, ¿cree acaso el gobierno que nos vamos a salvar con la conformación de un Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera? La minería metalífera a cielo abierto con uso de cianuro u otras sustancias no sólo no crean puestos de trabajo, como suelen prometer las empresas, sino que destruyen los ya existentes, pues reduce el agua disponible para otras actividades productivas como la agricultura o la cría de animales. Según el mismo trabajo de investigación, la localidad de Santa María (Catamarca) perdió el 40% de su agua y el 70% del sector agropecuario de este departamento dejó de producir por falta de agua. En síntesis, el balance es muy negativo y ante esta evidencia ya no tiene sentido tapar el sol con el dedo y creer que el hambre de ciertas regiones se va a remediar instalando este tipo de minería con cianuro. Reitero, aunque el gobierno se crea omnipotente, jamás podrá controlar las consecuencias de devastación ambiental que dejan las industrias del saqueo en nuestra América Latina. Sólo hay que mirarse en el espejo de Catamarca y San Juan, donde evidentemente la megaminería sólo ha traído más pobreza y mayor contaminación. (*) Abogada. Legisladora provincial CC-ARI Río Negro


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