Repensar el poder de policía

Pocos aspectos tan controversiales a la democracia como aquellos que hacen al ejercicio del poder de policía. Esa suma de facultades que, en el concierto del monopolio de la violencia legítima, suele no obstante tensar el arco de las garantías y las libertades.

El Estado cuenta, entre sus objetivos fundacionales, con la obligación de afianzar la seguridad de su población. Por eso debe intervenir en todos los casos en que un acontecimiento singular y excepcional perfora la trama de la vida cotidiana de aquella.

En muchos de esos casos son las agencias policiales las que tienen un rol protagónico de actuación. Y sin embargo, en sociedades fragmentadas y en conflicto, su ejercicio resulta objeto de una cuestionada legitimidad.

Lo vemos, por aquí y por allá, sometido a reclamos múltiples.

La actual crisis que se experimenta en materia de representatividad política e institucional no colabora para pacificar la cuestión, en tanto el divorcio que media entre dirigentes y dirigidos hace de la democracia representativa otro escenario controversial.

De allí la necesidad de apelar a transformaciones que le devuelvan protagonismo efectivo a la soberanía popular. Máxime cuando las asimetrías sociales son de tamaña envergadura y las desigualdades económicas un hecho sin discusión.

¿Puede acaso la intervención ciudadana mitigar la desconfianza y las dudas que suele despertar el funcionamiento de muchas de nuestras agencias policiales?

Basta recordar que convivimos junto a grupos heterogéneos, cuyos integrantes pueden tener algo para expresar al respecto.

Convendría escuchar, de acuerdo a ello, a las juntas vecinales, a los miembros de las comunidades educativas, a los adultos mayores y a las personas discapacitadas.

Y hacer lo propio con las organizaciones no gubernamentales y los colectivos que incluso expresan intereses minoritarios.

Esas voces pueden, entre muchas otras, aportar información con la cual reconsiderar el funcionamiento de los aparatos policiales en nuestras comunidades. Es decir, adaptarlo de mejor modo a las necesidades de quienes usualmente no son consultados a la hora de su diseño y puesta en marcha.

Asimismo, un ejercicio nada desdeñable de ciudadanía invita a reflexionar sobre la conveniencia de haber dejado el abordaje de la cuestión policial en las restringidas manos de, en el mejor de los casos, un grupo de expertos. Y si tal cosa contribuye o, por el contrario, desmejora la especificidad y sustancia del servicio a su cargo.

¿Esa exclusividad no se traduce acaso en la existencia de agencias cuyo eje de sustentación gravita a espaldas de las mayorías?

¿No quedan, muy frecuentemente, a expensas de unos modelos de orden que no se ajustan a las variadas expectativas colectivas?

¿Es por un instante imaginable que esa aproximación entre policía y ciudadanía quede planteada en una plataforma electoral, en alguna iniciativa legislativa en pos de hacer valer las inquietudes de los electores, o siquiera en algún folleto municipal?

La cuestión policial, en sus aspectos teóricos dentro de la estructura general del Estado, pero también su puntual ejercicio territorial, requiere de esas otras voces y de una adicional imaginación pública.

Esa apertura, en la medida en que vaya más allá de lo estrictamente cosmético, puede incidir en una auspiciosa aproximación ciudadana al ejercicio de un poder que merece ser puesto en debate.

No deberíamos esperar la producción de catástrofes o de graves violaciones a los derechos fundamentales para plantearnos algunos cambios indispensables para la optimización de ese puntual servicio del Estado.

En ese sentido, cuenta la iniciativa de conectarlo con la expresión de la voluntad popular, por muy complejo que sea su sondeo y variadas las iniciativas que se desprendan de aquella.

Se trata de un mecanismo capaz sumergir su tratamiento en el centro mismo del universo democrático. Una misión que podría llevar a la cosecha de mejores y más útiles frutos.

*Profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro

El Estado debe intervenir cuando la seguridad de la población se ve amenazada. Además de expertos, requiere de una fuerte participación ciudadana.