Víctimas por la paz

Asociar a la víctima del delito con la venganza o con el solo reclamo de castigo penal podría conducir a un error. Lo prueba una muy singular iniciativa protagonizada por algunas personas que han sufrido las consecuencias de diversos hechos delictivos.

Reunidas bajo el lema “Víctimas por la paz”, ellas propugnan la posibilidad de convertir el dolor y la frustración en acciones positivas. Tan es así que rechazan la idea de que el mejor modo de afrontar los conflictos se encuentre en el endurecimiento de la respuesta penal.

Por el contrario, se hallan convencidos que la paz social se construye promoviendo la convivencia y la integración, y que el odio o el rencor solo profundizan la violencia.

La iniciativa se ha gestado alrededor de la Asociación de Pensamiento Penal y, según señalan, se trata de un propósito que no resulta incompatible con la acción de los poderes judiciales.

Tampoco persiguen confrontar con otras víctimas, aquellas que entienden que la solución de los problemas se encuentra en el establecimiento de más potentes formas de castigo. Más aún, afirman que las distintas visiones de un mismo fenómeno hacen a la diversidad y son parte del pluralismo que debe existir en una sociedad democrática.

Su objetivo es instalar ante la opinión pública y las autoridades que el concepto de víctima no es patrimonio exclusivo de quienes reclaman venganza: también comprende la búsqueda de la pacificación social por vía de respuestas no retributivas.

Tan positiva iniciativa se alza en tiempos en que la invocación de los derechos de las víctimas se repite una y otra vez. Sin embargo, muchas de esas invocaciones suelen perseguir un objetivo puramente demagógico, con poca o nula profundidad empática para con quienes vienen sufriendo los reales perjuicios de la violencia y el delito.

En numerosas ocasiones, además, se las pretende utilizar como verdadera fuerza de choque para colocar en su boca demandas de mayor castigo penal y menos garantías para los sometidos a proceso.

Según el sociólogo escocés David Garland, el nombre de la víctima es utilizado actualmente para blindar a la ley frente a posibles objeciones que desnuden su carácter abiertamente vindicativo.

En tal contexto, afirma, los políticos de casi todos los partidos son estimulados a tomar medidas duras, provistas de connotaciones populistas. A punto tal que la invocación de los derechos de los sospechados, así como el esfuerzo destinado a humanizar los castigos de los condenados, son fácilmente representados como un insulto a las víctimas y sus familiares.

Para Garland, la tendencia a darle a ciertas leyes el nombre de quienes han padecido hechos atroces, aun cuando se proponga de ese modo honrarlas, confirma una suerte de explotación de la mera condición de víctima.

A modo de ejemplo menciona las Leyes de Megan y de Jenna en los Estados Unidos, así como la Ley de Sarah en el Reino Unido.

Esas víctimas resultaron ser lo suficientemente indefensas, y los hechos a cargo de los perpetradores lo manifiestamente violentos, como para movilizar a la población y acallar cualquier crítica razonable que se le pudieran efectuar a esas normas.

Vale destacar, entonces, que es indispensable velar para que a quienes sufren las consecuencias del delito no les sea arrebatada su condición de sujetos, ni sean ellos reducidos a medios con los que lograr otros fines que no sean su resarcimiento, reparación, participación y protección.

Y debido a que ellos importan, y mucho, es indispensable crear las condiciones necesarias, materiales y éticas, para que nunca más en lo sucesivo vuelvan a padecer del modo en que lo han hecho.

Las personas reunidas en “Víctimas por la paz” ofrecen una experiencia digna de ser sopesada. Ellas rompen con el estereotipo de seres lesionados que aspiran a la retribución de un mal y apuestan al restablecimiento pacífico de los vínculos rotos.

Profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)