Argentina corporativa

Editorial

El anuncio de nuevas inversiones y la reactivación de proyectos petroleros en Vaca Muerta generaron expectativa no sólo en miles de trabajadores del sector que perdieron su empleo durante la crisis de 2015-2016, sino que han reavivado feroces disputas gremiales sobre el reparto de los “cupos” que tendría cada organización en los puestos de trabajo que eventualmente se crean.

Por sus elevados salarios, la actividad hidrocarburífera es la vedette de la oferta de empleos en el sector formal. Como señaló este diario, un trabajador del rubro gana hasta cinco veces más que un obrero de la fruta y casi el triple de un obrero de la construcción.

Paradójicamente, en un sector que usa tecnología de punta y modernos sistemas de producción, los mecanismos de búsqueda y selección de personal son de todo menos abiertos y trasparentes. Un complejo sistema de “cupos” y “encuadramientos” gremiales le dan a distintos sindicatos: Petroleros Privados, Uocra y Camioneros, entre otros, tienen potestad de definir quién accede a los codiciados puestos. Por supuesto, a cambio de “peajes” que dirigentes cobran tanto a trabajadores como a empresas.

Las “bolsas de trabajo” son una añeja tradición de los sindicatos, junto a los fondos de huelga, casi desde sus orígenes. Este esquema les permite a los obreros que pierden su puesto buscar una reinserción laboral más rápida y a las empresas acceder a mano de obra calificada y con experiencia. Sin embargo, en nuestro país y en este caso particular este sistema voluntario fue transformado en un esquema clientelar y corporativo, donde el poder de la dirigencia gremial para definir quiénes acceden o no al sistema ha derivado en feroces y a menudo violentas disputas, con muertos y heridos.

El caso más paradigmático es el de la Uocra neuquina. Desde el 2014, este sindicato vive una fuerte crisis interna. Pese a tener más de 10.000 trabajadores en el sector, cuenta con menos de 1.300 afiliados, insuficiente incluso para elegir a una conducción. Pese a su escasa representatividad, se ha transformado en el segundo gremio de los hidrocarburos neuquinos, sólo detrás de Petroleros Privados y relegando a Camioneros. Sus criticados dirigentes se sientan a negociar con gobiernos y empresas, a menudo luego de medidas de fuerza cuasi mafiosas que paralizan la producción.

En el sindicato de Petroleros también existe este accionar corporativo. Como mostraron recientes investigaciones de este diario, su dirigencia tiene una gestión empresaria paralela a la gremial de dudosa compatibilidad y poco transparente, con fluidas conexiones con los partidos políticos, ejerciendo un enorme poder que va más allá de lo sindical.

El politólogo Manuel Mora y Araujo ubicó en un trabajo reciente al sindicalismo tradicional y a sectores empresarios como una de las encarnaciones del “país corporativista” que domina la historia política argentina reciente. La prioridad de estos sectores es “mantener una economía protegida por múltiples regulaciones diversas” y se caracterizan por recibir un apoyo “relativamente minoritario del electorado y la sociedad”, pero a la vez manejar enormes cuotas de poder fáctico y económico que les permiten condicionar las políticas públicas en defensa de sus intereses sectoriales.

Lo más preocupante es que este accionar corporativo se ha naturalizado. Resulta “normal” que dirigentes con escasa representatividad y oscuros manejos impongan a empresas y definan a dedo quiénes ocuparán miles de los mejores puestos de trabajo de la provincia y disputen esos cupos mediante acciones de fuerza que incluyen bloqueos, violencia y el uso de armas.

Los sindicatos son el gran mecanismo de representación de los intereses de los trabajadores y tienen un rol clave en la sociedad y el sistema productivo, en favor de mejores condiciones laborales y un reparto más equitativo de los ingresos. Pero el gobierno y la Justicia no debieran avalar las prácticas autoritarias, violentas y alejadas de la ética de sus dirigentes. La mejor manera de proteger el rol sindical debiera fomentar su democratización, la transparencia en el manejo de millonarios fondos y exigir el estricto cumplimiento de leyes y fallos judiciales.