El narco se vuelve cotidiano

El reciente informe del Observatorio del Narcotráfico de la Universidad Católica Argentina (UCA) confirmó que la Patagonia está entre las regiones de mayor avance del tráfico organizado de sustancias ilegales, donde el “narcomenudeo”, la venta minorista de droga, ya se ha transformado en parte del paisaje urbano de numerosas ciudades.

Según el informe divulgado la semana pasada, que realiza desde hace cinco años encuestas en todas las ciudades de más de 80.000 habitantes de todo el país, en el 2016 casi la mitad de la población (48,5%) ha presenciado algún tipo de venta de droga en su barrio. En el 2010 la proporción era menos de uno de cada tres.

Dentro de ese incremento en la penetración del narcotráfico en la vida cotidiana de la gente, la Patagonia experimentó los avances más notorios. Si en el 2010 apenas el 18% de los patagónicos habían registrado ventas de drogas cerca de su domicilio, el año pasado el 47,6% fue testigo de alguna “transa” de estupefacientes, cerca de la media nacional.

También en el terreno de las adicciones el crecimiento es significativo, si bien no alcanza aún los niveles de la zona metropolitana o del norte del país, el 2,5% de los hogares ha experimentado adicciones severas al alcohol o drogas.

Este rápido crecimiento refleja lo que expertos advierten desde hace años: que las redes narco crecieron exponencialmente y se consolidaron en todo el país, mientras los funcionarios de gobierno insistían en que nuestro país era “de tránsito” y no presentaba producción o consumo relevantes.

Además revela que la subestimación del impacto social del “narcomenudeo” llevó a la consolidación territorial del crimen organizado en las ciudades más importantes, aprovechando la ausencia de políticas coordinadas del Estado, cuando no complicidad desde varios de sus órganos de seguridad. De hecho, la visualización de venta de drogas en barrios con fuerte presencia policial no difiere demasiado de aquellos con escasa presencia: 41,7% contra 55,8%. Amontonar policías y patrulleros no constituye una política criminal.

Dos juicios finalizados recientemente en Comodoro Rivadavia revelan la explosión que ha experimentado el narcotráfico en la Patagonia y sus implicancias para los gobiernos provinciales.

El Tribunal Oral Federal de esa ciudad condenó a 44 personas, en dos procesos diferentes, con pocos días de diferencia. Aunque el epicentro estaba en Chubut, las organizaciones recibían la droga desde el norte del país y operaban desde Villa Regina a Puerto Deseado con aceitados mecanismos para guardar, transportar, fraccionar y vender al menudeo la droga. En Río Negro, tenían “sucursales” en Cipolletti, Roca, Lamarque y Las Grutas. Lejos de los rudimentarios procedimientos de bandas improvisadas, usaron tecnología, conocimiento legal, criterios de zonificación y complejos sistemas de blanqueo de dinero mediante comercios y el sistema financiero.

Pero mientras las bandas operan aquí con criterios transprovinciales y transnacionales, la coordinación y cooperación de la Justicia y las fuerzas de seguridad de las provincias patagónicas no parece seguir el mismo ritmo. No existen aún bancos de datos comunes que faciliten conocer la dinámica particular del delito en el sur del país. Las provincias aún no han adherido a la ley 26052, que “desfederalizó” parcialmente el combate al narcotráfico, en particular el “narcomenudeo”, que suele ser confundido con perseguir consumidores y no como una manera de abordar el micromercado de estupefacientes, puerta de entrada del crimen organizado a los barrios más vulnerables, donde logran generar estructuras de confianza satisfaciendo necesidades (empleo, recursos, infraestructura) ante la ausencia del Estado. Y dejando consecuencias de adicciones, inseguridad y violencia que terminan castigando doblemente a sus pobladores.

Enfrentar al crimen organizado con sistemas penales fragmentados y descoordinados que descuidan aspectos centrales del negocio ilegal, como el lavado de activos, no puede ser sino una receta para el fracaso.