Fracasos del Estado

El juicio por la promoción de corrupción de menores que se realiza por estos días en Viedma ha generado hasta ahora más dudas que certezas sobre la presunta responsabilidad de los implicados en los hechos, para satisfacción de las defensas. Sin embargo, los testimonios escuchados en las audiencias fueron un lapidario catálogo de los fracasos del Estado rionegrino para proteger a la niñez más vulnerable.

Las medidas “proteccionales” tomadas por la Justicia, como la decisión de separar a un niño de sus padres o de su núcleo familiar y enviarlo a un centro como los Centro de atención integral para niños y adolescentes (Caina), sólo se toman en casos extremos, cuando un juez estima que, de permanecer en su hogar, corre serio riesgo su integridad física o psicológica. Son decisiones excepcionales tomadas ante situaciones severas de abuso, maltrato, abandono o grave negligencia en el cuidado del niño o adolescente.

Pero si algo quedó en evidencia durante lo que va del juicio a un excamarista penal y de su casero es que el sistema que debería haber ayudado a proteger y cuidar a un grupo de niñas en situación de extrema vulnerabilidad social no sólo falló estrepitosamente en su cometido, sino que en algunos casos colaboró para agravar su sufrimiento.

Los testimonios de operadores de Salud y Desarrollo Social, asistentes sociales y psicólogos de los equipos técnicos de dos poderes del Estado, además de familiares y amigos, demostraron que un grupo de adolescentes al cuidado del sector público sufrieron un estado de desprotección que las hundió en una red de prostitución que incluyó drogas, sexo a cambio de dinero o favores de poca monta y el abandono de sus proyectos de una vida mejor. Todo bajo la negligencia, desinterés o mirada cómplice de los organismos encargados de ayudarlas, a excepción de unos pocos profesionales que, manera individual, trataron de revertir la situación primero y luego acudieron a la Justicia a denunciarla. Además del juicio oral y público que se realiza actualmente, existen otras dos causas en etapa de instrucción, que tienen a las mismas víctimas y a otros nueve imputados, entre ellos abogados, ganaderos y comerciantes de Viedma.

Invitaciones a “asados” que incluían el consumo de alcohol y drogas, sexo a cambio de entre 500 y 700 pesos o de “regalos”, como celulares o zapatillas, fotografías y videos de las chicas en actitudes sexuales con el grupo que las explotaba, los denomimados “viejos”, o entre ellas, formaron parte del sórdido repertorio de los testimonios. Las secuelas para ellas, muchas hoy mayores de edad, serán graves. A tal punto que muchas mantienen la desconfianza para dar testimonio por temor a represalias: si ese Estado ya las abandonó una vez, difícilmente podrá protegerlas.

Pero la situación sufrida por las adolescentes viedmenses no es un caso aislado dentro de un sistema que funciona. Es un eslabón más de una cadena de negligencias de un sistema que careció de dirección y políticas claras, de recursos mínimos para funcionar y que estuvo relegado dentro de las políticas públicas. Basta citar los casos de Bariloche, donde la Justicia procesó en el 2014 por “incumplimiento y amisión de los deberes de funcionario público” a dos responsables del hogar Caina de la ciudad por no actuar ni denunciar los abusos sexuales en donde niños mayores abusaron de otros chicos internados en ese centro de atención. Hace poco menos de un año, otro funcionario de Desarrollo Social de Roca debió renunciar luego de que se denunciara la presencia de pornografía infantil en su computadora. Sólo por citar los casos más graves de organismos donde se denuncian bajos sueldos, el raleo de equipos técnicos, falta de personal calificado para el cuidado, carencia de implementos, programas y talleres para su contención, entre otros aspectos.

Por eso, en momentos en que se habla de políticas de “mano dura” para los niños y niñas en conflicto con la ley, cabría preguntarse si no se necesita antes que nada una profunda reforma de los organismos de un Estado que ha sido a menudo cómplice de nuevos abusos y maltratos a quienes debiera proteger.